Nuevo marco para gasas, sondas y ostomía: Sanidad reforma su financiación pública
Sanidad impulsa dos reformas: nueva financiación de productos sanitarios y ley para dar voz a los pacientes
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos iniciativas impulsadas por el Ministerio de Sanidad que refuerzan, por un lado, la regulación de los productos sanitarios financiados con fondos públicos y, por otro, el papel institucional de las organizaciones de pacientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La primera de ellas es un real decreto que moderniza el sistema de financiación y fijación de precios de los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica para pacientes no hospitalizados. La norma sustituye un marco regulador vigente desde 1996 y establece un modelo de financiación selectiva basado en criterios homogéneos de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico, acercando este ámbito al sistema ya existente para los medicamentos.
El nuevo sistema define qué productos pueden financiarse —entre ellos materiales de cura, productos de ostomía, sondas, bolsas de orina o aparatos de inhalación— y fija los requisitos para su inclusión, que no será automática: exigirá una resolución administrativa y una evaluación técnica y económica. Entre los criterios a valorar figuran la utilidad clínica, la comparación con alternativas disponibles, el coste-efectividad, el impacto presupuestario y los precios en otros países de la Unión Europea. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos será el órgano encargado de fijar los precios de financiación.
La norma introduce además novedades como la obligación de garantizar el suministro de los productos financiados, la posibilidad de sustitución en caso de desabastecimiento y un nuevo sistema de márgenes de distribución y dispensación, con cuantías fijas para los productos de mayor precio. El real decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2026, con un calendario de aplicación progresivo hasta 2028.
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Junto a esta regulación, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de las organizaciones de pacientes, una norma que reconoce por primera vez su singularidad jurídica y las sitúa como interlocutoras institucionales ante la Administración General del Estado. Hasta ahora, su actividad se regía por la legislación general de asociaciones, sin un marco específico que ordenara su participación en el sistema sanitario.
El anteproyecto garantiza la participación de estas organizaciones en los órganos de gobernanza del SNS y en el diseño de estrategias, planes y programas sanitarios. También define sus derechos —como el acceso a información pública relevante, la participación en políticas de salud o el acceso a financiación pública con criterios transparentes— y establece obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de conflictos de interés.
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La futura ley prevé además la creación de un Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes y de una Mesa para la Participación de los Pacientes como espacios estables de interlocución con la Administración. El texto incorpora aportaciones de varias entidades del sector y contempla una excepcionalidad para las organizaciones que representan a pacientes con enfermedades raras, con el compromiso de desarrollar requisitos específicos y proporcionales para su inclusión en la norma.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos iniciativas impulsadas por el Ministerio de Sanidad que refuerzan, por un lado, la regulación de los productos sanitarios financiados con fondos públicos y, por otro, el papel institucional de las organizaciones de pacientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).