La nueva ley con la que el Gobierno quiere frenar la gestión privada de la sanidad pública

El Ministerio de Sanidad ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de gestión pública sanitaria, al que ha tenido acceso El Confidencial, que incluye la derogación de las fórmulas de gestión privada en el sistema sanitario. Un texto que la ministra de ramo, Mónica García, considera "un triunfo de la sociedad civil y las demandas ciudadanas desde hace años", que “va a proteger y blindar nuestro sistema de salud de las garras especuladoras y las garras privatizadoras". Una medida que ha explicado que se pone en marcha siguiendo el lema "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende".

En concreto, el Gobierno prepara la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que introduce límites y condiciones más estrictas para que los hospitales públicos puedan ser gestionados por entidades privadas, y refuerza los mecanismos de control del gasto y la supervisión de los conciertos.

Según adelantaba Cadena SER y ha confirmado El Confidencial a primera hora de la mañana de este martes, el texto del ministerio de García contempla la derogación de la normativa aprobada en 1997 durante el Gobierno de José María Aznar, que sirvió de marco para modelos de concesión y gestión indirecta implantados en algunas comunidades autónomas.

Desde Sanidad defienden que el texto legal se apoya en evidencia empírica nacional e internacional para justificar el refuerzo de la gestión directa. Según el Ministerio, distintos estudios comparativos —incluido un análisis de 38 países de la OCDE— concluyen que no existen pruebas sólidas de que la privatización mejore la eficiencia o los resultados sanitarios.

En el caso español, el departamento de García cita evaluaciones que reflejarían peores indicadores en hospitalizaciones evitables y en mortalidad por infarto o ictus, así como una reducción de plantillas en los centros gestionados de forma indirecta.

Condiciones para la gestión privada

La norma define de forma más precisa qué se entiende por gestión pública directa, que podrá ejercerse tanto por la propia administración como a través de entidades del sector público institucional o consorcios sanitarios, siempre adscritos a una administración sanitaria. Estos consorcios deberán someterse a las reglas de estabilidad presupuestaria, control financiero y auditoría de cuentas, y su personal quedará sujeto al régimen propio del sector público.

El proyecto fija que la participación privada en la prestación de servicios sanitarios de titularidad pública tendrá carácter excepcional y solo podrá autorizarse si se cumplen simultáneamente tres condiciones:

1. Imposibilidad de prestación pública del servicio en cuestión.
2. Garantía de sostenibilidad financiera y eficiencia.
3. Cumplimiento de criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.

El texto también establece un mecanismo de evaluación previo y obligatorio antes de formalizar conciertos o fórmulas de colaboración público-privada. En ese procedimiento, las comunidades autónomas deberán elaborar un informe justificativo sobre la necesidad de recurrir a la gestión o prestación externalizada. Ese documento será analizado por un comité de expertos y técnicos.

Además, el proyecto introduce una preferencia en los conciertos: se priorizarán entidades no lucrativas frente a operadores mercantiles, en caso de que se opte por una fórmula de colaboración con el sector privado.

Veto a determinados contratos

Otro de los puntos centrales es la prohibición de los contratos en los que una empresa privada asume al mismo tiempo la construcción del hospital y su gestión posterior. Esta modalidad, habitualmente vinculada a fórmulas de financiación y explotación a largo plazo, quedaría excluida por la nueva ley, de acuerdo con la información del borrador.

En paralelo, el texto atribuye a la Alta Inspección sanitaria una función de asesoramiento a las comunidades autónomas que quieran emprender la reversión de servicios externalizados, es decir, su retorno a una gestión pública directa. La norma prevé también que, en el plazo de un año, un grupo de expertos elabore un estudio sobre los diferentes casos de privatización de hospitales y centros sanitarios.

Rendición de cuentas

La ley incorpora, asimismo, medidas orientadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación y en la prestación del servicio. En concreto, obligaría a las comunidades autónomas a publicar periódicamente información detallada sobre: contrataciones y conciertos, resultados de salud, e indicadores de calidad del servicio.

El objetivo, según el enfoque del borrador, es incrementar el control público y la trazabilidad de las decisiones relacionadas con la gestión indirecta o la externalización de prestaciones.

Sin efecto retroactivo

El texto establece, además, un criterio de aplicación temporal: la ley no afectará a los conciertos, concesiones, contratos u otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor. Esos acuerdos seguirán rigiéndose por las normas vigentes en el momento en que fueron adjudicados.

El proyecto pretende revisar el marco que ha permitido el desarrollo de modelos de gestión indirecta en algunas comunidades y fijar condiciones más restrictivas para su autorización en adelante.