Un juzgado investiga a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid por presunta prevaricación

El juzgado de instrucción número cinco de Madrid ha admitido a trámite una denuncia penal contra seis miembros de la Junta Directiva en funciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). Se trata de un posible delito de prevaricación administrativa por la decisión de cesar a la Junta Electoral el pasado 17 de marzo de 2025.

Las elecciones del organismo se celebraron el 17 de diciembre de 2024 y tras el voto de 4.475 médicos y médicas, ganaba con un 46,9% la candidatura de Icomem Para Todos, encabezada por Tomás Merina. Sin embargo, un mes más tarde, la Comisión de Recursos del Icomem anulaba la proclamación de su candidatura.

Tal y como detalla el escrito de denuncia, presentado por Merina, el cese de la Junta Electoral se realizó con el fin de “eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática” y “mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas”.

Igualmente, dicho documento hace hincapié en que no existe “ninguna norma” que habilite a la Junta Directiva en funciones a cesar a la Junta Electoral. “La Junta Directiva ha tomado una decisión que no está prevista en los estatutos y es un atropello de los derechos de los médicos madrileños”, explica Merina a El Confidencial.

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Además, el escrito de denuncia insiste en que “la gravedad de esta transformación no puede ser minimizada”: “Supone que la Junta saliente se perpetúa en el poder contra la voluntad de los colegiados, convierte la interinidad en un mandato ilimitado, y elimina al único órgano independiente —la Junta Electoral— llamado a garantizar la pureza del proceso democrático”.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la jueza instructora indica que los hechos señalados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. “No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de Diligencias Previas”, dictamina el auto.

“En cuanto tuvimos conocimiento fehaciente de que la Junta Directiva del Icomem había tomado el acuerdo de cesar a la electoral, decidimos llevarlo a los abogados para que estudiasen la presentación de una denuncia por prevaricación. Es un delito feo, la persona a la que la administración le ha dado una autoridad la utiliza de forma arbitraria y siendo consciente de que lo hace”, añade Merina.

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De hecho, según asegura Icomem Para Todos, el colegio “no comunicó” el cese a sus colegiados. “El equipo de Merina solicitó hasta en cinco ocasiones conocer si verdaderamente existía una resolución de la Junta Directiva ordenando el cese de la Junta Electoral”, dicen. Ante la “opacidad de las decisiones de Manuel Martínez-Sellés”, actual presidente en funciones, el equipo de Merina decidió acudir al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que finalmente, “aunque con meses de retraso”, obligó al Icomem a ofrecer dicha información.

También puntualizan que finalmente existía un acuerdo de la Junta Directiva en el que se expone “brevemente” la consideración de “dar por concluida la actividad de la Junta Electoral, suspendiéndola hasta que proceda como consecuencia de la resolución administrativa o judicial”.

En concreto, los seis miembros de la junta a quienes se dirige la denuncia son los que formaban parte de ella cuando se cesó a la Junta Electoral, ya que los demás ya habían dimitido en ese momento: Manuel Martínez-Sellés, presidente; Javier Martín, vicesecretario; José Antonio Valero, tesorero; María Esther Cordón, vocal de Ejercicio Libre; Rafael Carlos Ortega, vocal de Atención Primaria y Santiago Sevilla, vocal de Médicos no asistenciales. El Confidencial se ha puesto en contacto con el Icomem que, por el momento, "no tiene constancia de la información".

Un día después de la publicación de esta noticia, el Icomem ha emitido un comunicado en el que "rechaza rotundamente" la acusación de prevaricación administrativa por "distorsionar la realidad institucional y convertir en objeto de denuncia penal un acto plenamente documentado, transparente y legítimo". "El Sr. Tomás Merina, cuya proclamación como candidato fue anulada por no estar en ejercicio de la profesión, ha intentado hasta en tres ocasiones obtener medidas cautelares que le permitieran a él y a su candidatura acceder al órgano de gobierno del Icomem, y en las mismas tres ocasiones le ha sido rechazado. Lamentamos que el Sr. Merina utilice la vía penal, a nuestro entender de forma torticera, buscando solo erosionar la reputación de la institución sin aportar soluciones", dice el escrito.

Situación financiera

A esto hay que sumar la situación financiera del colegio. En el último informe de cuentas se puede observar que a día 31 de diciembre de 2024 el Icomem tenía una liquidez de 66.718 euros, en comparación con los 4.245.370 que aparecen en la misma fecha del 2023.

Finalmente, tuvieron que pedir un préstamo: "Con fecha de 17 de marzo de 2025, el colegio ha firmado una póliza de crédito con el Banco Santander por un importe de 1,5 millones de euros con vencimiento 14 de marzo de 2026". Como consecuencia de estas cifras, desde Icomem Para Todos calificaban de "alarmante" el estado de las cuentas: "Si sigue esta deriva, la institución corre serio riesgo de entrar en insolvencia. El doctor Martínez-Sellés, como ya hizo en años anteriores, volvió a derrochar el dinero de los médicos en reformar la sede del colegio con unos sobrecostes astronómicos".

Horas más tarde de la publicación del artículo que analizaba la auditoría, el Colegio de Médicos de Madrid emitía un comunicado asegurando que la auditoría había sido "limpia, clara y coherente". "Valida los procedimientos aplicados y la información contable registrada. Las obras fueron aprobadas por la Asamblea de Compromisarios del 21 de diciembre de 2023", apuntaban.