El "narcopiso" de los dentistas: el intrusismo y la clandestinidad se extienden por España

Antes de convertirse en un prolífico empresario del diente, Cristóbal López Vivar se presentaba como “DJ Cristóbal de Hook”, según él mismo contaba, uno de los DJs más populares de los 90 en una discoteca llamada “Hook”. Con una gran ambición y una “talentosa labia”, dio el salto a un terreno muy distinto: la odontología. Cristóbal fundó Funnydent, una cadena de clínicas dentales que prometía tratamientos de calidad a precios accesibles. Eso sí, lo que parecía un negocio prometedor con una fórmula innovadora de financiación, pronto se transformó en un escándalo que acabaría con él tras las rejas.

En 2016, Cristóbal fue arrestado bajo acusaciones de estafa, con la presunta deuda de 8,8 millones de euros a través de más de 2.400 pacientes afectados. Los centros cerraron sin previo aviso, con las cerraduras cambiadas, dejando a vecinos con tratamientos a medias y empleados sin cobrar. La investigación judicial reveló que Funnydent, lejos de ser un próspero negocio, acumulaba deudas millonarias. Sin embargo, en 2017, el juzgado de instrucción archivó el caso por considerar que la situación se debía a “mala gestión empresarial” y no a un fraude premeditado. Pero, la decisión fue rechazada por los afectados, quienes en 2018 lograron que la Audiencia Provincial reabriera el caso.

Para Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España (CGDE), el de Cristóbal es uno de los ejemplos más llamativos que han existido en nuestro país de intrusismo en su profesión. En conversación con El Confidencial, Castro apunta a que el que fuera DJ no solo gestionaba el negocio, sino que intervenía directamente en los tratamientos sin tener la titulación necesaria: "Además de vender tratamientos, también intervenía en ellos, tomaba medidas… Hacía absolutamente todo".

Aunque no se puedan cuantificar, ya que son “como con los narcopisos, no tenemos un registro de intrusos porque no se inscriben en ningún lado”, el presidente de los dentistas alerta de que en los últimos años han aumentado considerablemente el intrusismo en su profesión y las clínicas clandestinas. Prueba de ello es el goteo de sentencias a lo largo de los años en toda la geografía española: desde el País Vasco hasta las Islas Canarias, pasando por Cantabria, Cataluña, Valencia, Castilla-La Macha, Extremadura o Andalucía. Más recientemente, en Madrid se desmantelaba una clínica dental ilegal con trabajadores sin titulación. Si bien, sobre el caso de la niña de 6 años que murió tras pasar por una clínica valenciana, desde el CGDE lo desvinculan de estas prácticas: “Según los datos de que disponemos en este momento, tanto el dentista responsable del tratamiento como el médico especialista que llevó a cabo la sedación se encuentran debidamente colegiados, sin que conste sobre ellos ninguna inhabilitación ni limitación para el ejercicio profesional”.

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Para el presidente de los dentistas, la raíz del problema es doble: la deficiente regulación y la necesidad económica de los intrusos. Al ser preguntado por la motivación detrás de estas prácticas, apunta al contexto social y a la situación personal de quienes cometen este delito, reconociendo: "el hambre agudiza el ingenio" y "al final la gente se busca la vida de cualquier forma". Esta búsqueda de sustento, ya sea por personas sin titulación o por profesionales con títulos extranjeros no homologados que se encuentran con un proceso burocrático de años, los lleva a caer en el intrusismo profesional, lo que lamentablemente pone en riesgo la salud pública.

Títulos sin homologar, "mecánicos dentistas" o panaderos

Castro dibuja los distintos perfiles más comunes en cuanto a intrusismo profesional en las clínicas dentales. Uno de los grupos más numerosos son los profesionales con títulos no homologados. Se trata de personas que han emigrado a España buscando un futuro mejor, pero cuyo título de odontólogo de terceros países aún no ha sido reconocido. Según el presidente de los dentistas, el proceso de homologación puede "tardar años en producirse" y no todas las facultades ofrecen los exámenes necesarios, forzando a esta gente a buscarse la vida, lo que a menudo termina en delitos.

Otro grupo que tiene identificado es el de los propietarios de clínicas que no son dentistas. En el marco de una legislación que permite a cualquier persona ser dueña de un centro siempre que tenga un director médico titulado, estos empresarios cometen un delito al aprovechar la "pantalla de un dentista que le deja el título" para intervenir y obtener beneficio, incurriendo en "delitos de intrusismo".

Además, históricamente tienen problemas con los protésicos dentales, o "mecánicos dentistas" como los denomina Castro. Un intrusismo que el presidente de los dentistas considera que ocurre porque estos profesionales sanitarios que se encarga de diseñar, fabricar y reparar prótesis dentales (como coronas, puentes y dentaduras postizas, basándose en las prescripciones del odontólogo) ven su actividad está en "vías de extinción" gracias a la digitalización y las nuevas tecnologías (escáneres intraorales e impresión 3D).

No obstante, el intrusismo puede surgir de cualquier ámbito por la simple "ignorancia atrevida". Por lo que también recuerda que se han encontrado casos de panaderos, enfermeros, auxiliares de clínica o el ya mencionado escándalo de Funnydent, donde el responsable era un DJ que el presidente de los dentistas dice que intervenía directamente en los tratamientos.

Deficiencias en la ley, caldo de cultivo para el intrusismo

El presidente del Consejo destaca que el principal obstáculo para frenar el intrusismo radica en las deficiencias del actual marco legal. El foco de la crítica se centra en la Ley de Sociedades Profesionales (LSP), que permite que cualquier persona, sin ser dentista, pueda abrir una clínica dental siempre que cuente con un director médico titulado. Según Castro, esta normativa es la que facilita que surjan escándalos.

El Consejo lleva tiempo solicitando al gobierno la modificación de esta ley para que la propiedad de las clínicas recaiga "exclusivamente los dentistas", que son quienes entienden y trabajan en la profesión.

A la falta de una regulación de propiedad estricta se suma la ausencia de penas ejemplarizantes para quienes cometen el delito de intrusismo profesional. Castro critica que, a pesar de tratarse de un delito penal, las sanciones suelen ser muy leves, imponiéndose a menudo solo "días de multa". Estas multas pueden ser del índole de "12 euros día de multa durante 6 meses", un monto que resulta "muy inferior" a las ganancias obtenidas por los intrusos. El resultado es que al delincuente "le sale más barato seguir delinquiendo" que acatar la ley. Finalmente, si bien reconoció que los reincidentes sí pueden acabar en prisión, el presidente advirtió que es necesario "pillarlos varias veces" para que se produzca un ingreso en la cárcel.

Graves riesgos para la salud

Desde el Consejo enfatizan en que la mayor preocupación que genera el intrusismo profesional va más allá del fraude económico hacia los dentistas, centrándose en el peligro directo que supone para la salud de los pacientes y la población general.

El problema radica en que los intrusos carecen de los protocolos y controles adecuados que debe seguir un dentista legalmente establecido. Esto genera riesgos críticos, especialmente en materia de higiene y seguridad.

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Por un lado, Castro apunta al riesgo de infecciones, ya que los intrusos a menudo no disponen de la aparatología necesaria para realizar una esterilización adecuada. Con ello, se incrementan las posibilidades de que el intruso actúe como "vector de una enfermedad infectocontagiosa", como el VIH o la hepatitis.

Por otro, ejemplifica con el peligro por radiación. Si se utilizan aparatos de rayos X no homologados, que deben ser controlados por la Agencia Española de Energía Nuclear, el riesgo es incontrolado. Castro advirtió que un intruso con estos equipos no solo puede estar poniendo en peligro al paciente, sino también a "todo el vecindario", ya que no se pasan inspecciones ni controles de radiación.

En definitiva, la falta de cualificación y medios adecuados implica que un paciente no solo corre el riesgo de un mal trabajo, sino que "se puede llevar de premio, una enfermedad que puede incluso costarle la vida".