La mascarilla volverá a ser obligatoria en centros sanitarios para frenar la gripe: el acuerdo entre Sanidad y las autonomías

El Ministerio de Sanidad ha retomado este viernes con las comunidades autónomas el debate sobre un protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios, en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Sobre la mesa ha habido un documento de recomendaciones para el control de las infecciones en la temporada 2025-2026 que, tras pasar por el Interterritorial, deberá volver a la Comisión de Salud Pública para su revisión. La reunión, que se ha desarrollado telemáticamente en la mañana de este viernes, se produce después de que la autoridad europea alertase de la gripe. En concreto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) advertía de que las detecciones de virus gripales se están adelantando entre tres y cuatro semanas respecto a las dos últimas temporadas y que un nuevo linaje del virus A(H3N2), el subclado K, es el que está impulsando este aumento de casos.

Tras el encuentro, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que se ha llegado a un acuerdo con las regiones para establecer un protocolo común para frenar los virus respiratorios. Un documento que espera aprobar definitivamente el 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública y que establecerá las mismas directrices que ya intentó el Ministerio en la anterior temporada de virus, cuando no llegó a un acuerdo con las regiones. En concreto, además de incentivar la vacunación, el documento organiza la respuesta en cuatro escenarios de riesgo (del 0 al 3) según la circulación de virus, la ocupación hospitalaria y otros indicadores, según los cuales, gradúa el uso de la mascarilla.

La regla general es recomendar que cualquier persona con síntomas respiratorios utilice mascarilla quirúrgica y reduzca al mínimo sus interacciones sociales, especialmente si va a estar con personas vulnerables. En el escenario 1, cuando la incidencia sube pero sigue bajo control, se recomienda llevarla durante los cinco días posteriores al inicio de los síntomas, combinada con higiene de manos, etiqueta respiratoria y, cuando sea posible, teletrabajo.

El protocolo pone el foco en tres ámbitos sensibles. En residencias y centros con personas vulnerables, plantea que los trabajadores con síntomas tengan baja los primeros cinco días y, cuando se reincorporen, sigan usando mascarilla de forma permanente hasta que desaparezcan los síntomas. Si la situación escala al escenario 2, Sanidad propone que la mascarilla se use de forma continua por parte de todos los trabajadores y añade una frase con carga política y jurídica: se debe valorar su obligatoriedad en función de la situación y la vulnerabilidad de cada centro.

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EFE

En hospitales y centros de salud, incluso en niveles moderados, se recomienda la mascarilla para personal, pacientes y acompañantes en unidades especialmente delicadas, como salas de quimioterapia o trasplantes. En escenario 2, la indicación se extiende a salas de espera, urgencias y otros espacios comunes, y el texto vuelve a abrir la puerta a que comunidades y centros la conviertan en obligatoria si la presión asistencial lo exige.

El tercer frente son los trabajadores con mucho contacto cara a cara con el público (cajeros, personal de transporte, atención al cliente…). En un nivel alto de circulación de virus, el protocolo recomienda que usen mascarilla, sobre todo si tratan con personas con síntomas o casos confirmados. De nuevo, no se impone una obligación general, pero se normaliza su uso en momentos de máxima circulación gripal.

El escenario 3, reservado para situaciones de riesgo muy alto o pandémico, no detalla nuevas reglas sobre mascarillas, pero deja margen para “medidas adicionales y excepcionales” según la normativa vigente, lo que permitiría recuperar restricciones más duras si fuera necesario.

Hace un año no se llegó a un acuerdo

El intento de fijar una respuesta coordinada no es nuevo. El año pasado, en plena circulación de gripe, covid y otros virus respiratorios, el Ministerio y las comunidades tampoco lograron consensuar un protocolo común de medidas frente a estos patógenos. Sobre el papel se discutieron cuestiones como el uso de mascarilla en interiores en momentos de alta incidencia, los aforos en centros sanitarios y sociosanitarios o la posibilidad de introducir umbrales homogéneos a partir de los cuales activar restricciones, pero varias autonomías se resistieron a asumir compromisos cerrados y el documento terminó descafeinado.

Ese desacuerdo impidió aprobar un texto vinculante y el plan acabó convertido en un simple documento de recomendaciones, colgado en la web del Ministerio, que dejaba en la práctica en manos de cada comunidad la decisión de endurecer o no las medidas frente a la gripe y el resto de virus respiratorios. Este año, el borrador volvió a chocar con las reticencias de algunos consejeros en la última Comisión de Salud Pública, celebrada el 13 de noviembre, donde fue de nuevo rechazado.

Y el reparto de 23,7 millones

Por otra parte, en la reunión de este viernes se han aprobado criterios de reparto y la distribución de un total de 23.739.890 euros, con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad en el ejercicio presupuestario 2025, para reforzar distintas áreas del Sistema Nacional de Salud (SNS) en materia de cribados, vigilancia sanitaria o medidas frente al tabaquismo.

En concreto, el orden del día recoge el acuerdo para aprobar los criterios objetivos de reparto y la distribución territorial de 2.000.000 de euros a gestionar por las comunidades autónomas para mejorar la autosuficiencia en plasma humano en el SNS. También los criterios y el reparto para equipamiento de unidades de donación de plasma por un importe de 2.500.000 euros.

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F. S. B.

Además, se debatirá el acuerdo de criterios y distribución de 1.500.000 euros a CCAA, Ceuta y Melilla para la implementación de medidas y planes frente al tabaquismo; junto a 2.539.890 euros para la financiación del programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS; y 200.000 euros para el desarrollo del sistema de Biomonitorización.

También se abordará el acuerdo para la distribución de 7.000.000 de euros para sistemas de vigilancia en cáncer, enfermedades raras, salud mental y resistencias de antimicrobianos; 1.000.000 de euros para el desarrollo del Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN), y otro millón para la Vigilancia en Salud Laboral.

Por último, Sanidad y las comunidades tratarán un acuerdo para aprobar los criterios de reparto y la distribución de 2.000.000 de euros para la vigilancia de cribados; y 4.000.000 de euros para sistemas de vigilancia (SIVAIN).