Sanidad lleva al Consejo de Ministros un informe sobre el acceso al aborto en la pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, presentará este martes al Consejo de Ministros un informe sobre la situación de los abortos practicados en la sanidad pública en los últimos años que, aunque han ido subiendo, siguen siendo una minoría respecto a los realizados en la privada, con grandes diferencias por comunidades.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de este nuevo documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, que llega un día después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, remitiera una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares en la que les da un plazo de tres meses para poner en marcha el registro de objetores de conciencia como marca la ley.

En su nuevo informe, Sanidad hace un repaso a la situación y acceso al aborto en España en los últimos años tras haber publicado la semana pasada los datos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) de 2024, cuando se realizaron 106.172 intervenciones, 3.000 más que en 2023, lo que supone un 3% de aumento. El 78,74 % de esos procedimientos se realizaron en centros privados.

Los abortos ejecutados en la privada sumaron así un total de 83.609 intervenciones, 563 menos que en 2023, "un descenso leve, pero no suficiente", tal y como lamentó la semana pasada la ministra, que avisó de que su departamento trabaja para que la ley se cumpla y las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública "sin obstáculos y sin desigualdades territoriales".

García puso como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde en los últimos diez años se han practicado más de 162.000 interrupciones voluntarias y apenas 177 en hospitales públicos, algo "absolutamente inaceptable".

El informe de 2024 mantiene las enormes diferencias por comunidades de años precedentes: Cantabria fue la que más abortos practicó en centros públicos, que representaron el 88,49 % de los casos, seguida de Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%) y Baleares (61,30%).

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Por el contrario, en Extremadura, Ceuta y Melilla se derivó la totalidad de las intervenciones a la privada, y la rozaron Andalucía (99,97%), Castilla-La Mancha (99,95%), Madrid (99,53%) y Murcia (99,07%).