El Gobierno aprueba el cannabis medicinal, mientras García carga contra Madrid por la falta de aborto en la pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la aprobación del Real Decreto que regula el uso medicinal de los preparados estandarizados del cannabis. Una comunicación que ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Cabe destacar que este ha sido el último anuncio García, que ha empleado la mayor parte de su intervención a desgranar un informe sobre la evolución de la interrupción voluntaria del embarazo.

De este modo, en los últimos minutos de su intervención ha destacado sobre la aprobación del cannabis medicinal que "esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos tradicionales no funcionen tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica, con toda la seguridad, para que se pueda recurrir a preparados de cannabis estandarizados, con dosis precisas y la máxima garantía".

Ha señalado que se empleará "en situaciones concretas", como en pacientes con dolor crónico, espasticidad, algunos casos de epilepsia y personas que sufren náuseas derivadas de la quimioterapia. Además, aunque estas vayan a ser las prescripciones más inmediatas, cree que en un futuro se ampliarán los casos de uso.

Además, ha explicado que su uso será en el entorno hospitalario, bajo prescripción y seguimiento médicos. Asimismo, ha desarrollado que será la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la encargada de regular estos preparados.

Una regulación basada en evidencia y con garantías

Para el Ministerio, esta norma –solicitada por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados–, representa un paso decisivo en la integración del cannabis medicinal en el sistema sanitario, asegurando su utilización con garantías científicas, clínicas y de control sanitario. Desde la cartera de García afirman que el cannabis es una sustancia sujeta a fiscalización internacional; sin embargo, la evidencia científica avalada por organismos internacionales ha demostrado beneficios en algunas condiciones clínicas concretas, como la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, ciertas formas graves de epilepsia refractaria, las náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia y el dolor crónico refractario.

En estos supuestos, los medicamentos autorizados pueden resultar insuficientes y las fórmulas magistrales elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis constituyen una alternativa con potencial valor terapéutico, siempre bajo estricta supervisión médica y farmacéutica.

El Real Decreto no establece, sin embargo, un listado cerrado de indicaciones. En su lugar, determina que los usos clínicos autorizados, junto con las condiciones específicas de elaboración, dosificación y prescripción, se fijarán en las monografías que publique en un plazo de tres meses la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el Formulario Nacional. Este modelo permite una actualización continua en función de los avances científicos y la evidencia clínica disponible, abriendo la puerta a que en el futuro puedan incorporarse nuevas indicaciones, siempre bajo criterios rigurosos de eficacia, seguridad y necesidad médica.

Las fórmulas deberán ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario, cuando existan razones clínicas documentadas para su uso. Su elaboración se realizará únicamente en servicios de farmacia hospitalaria autorizados, siguiendo las Normas de Correcta Elaboración y los criterios técnicos definidos en el Formulario Nacional.

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El decreto también crea un registro público, gestionado por la AEMPS, en el que deberán inscribirse todos los preparados estandarizados de cannabis que se utilicen para elaborar fórmulas magistrales. Estos productos deberán tener una composición definida en THC y/o CBD, cumpliendo con exigentes requisitos de fabricación, trazabilidad y calidad, y estando sujetos a fiscalización adicional cuando contengan más del 0,2% de THC. Los laboratorios responsables estarán obligados a garantizar la correcta fabricación y distribución, así como a documentar y auditar su cadena de suministro.

El seguimiento del tratamiento será responsabilidad compartida entre el médico prescriptor y el servicio de farmacia hospitalaria, que deberán evaluar periódicamente la eficacia clínica y la aparición de posibles efectos adversos. En casos excepcionales de vulnerabilidad, dependencia o barreras geográficas, las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos de dispensación no presencial, asegurando el acceso equitativo a estos tratamientos. Con esta regulación, el Gobierno reafirma su compromiso con una medicina más personalizada, segura y basada en la evidencia, ofreciendo una alternativa para quienes no encuentran respuesta eficaz en los medicamentos autorizados.

Situación de los abortos en España y cargas contra el PP

La ministra ha dedicado la mayor parte de su intervención a la presentación un nuevo sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud. Un documento que revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten importantes desigualdades territoriales. En la rueda de prensa posterior al Consejo, García ha explicado que llevan meses elaborando el nuevo informe, que recoge datos de 2015 a 2024, el cual da "un diagnóstico de que en España hemos ido avanzando desde 1985".

En cualquier caso, ha señalado que "a pesar de los avances, tenemos varios retos", especialmente ha destacado el acceso, la homogeneización y que "existen grandes desigualdades territoriales".

En concreto, el estudio recoge que en 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.

El informe clasifica a las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en 2024:

• Por encima del 60% en centros públicos: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).
• Entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%).
• Menos del 20%: El resto de las comunidades y ciudades autónomas. Destacan cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.

A este respecto, la ministra ha cargado expresamente a dos regiones: "Quiero destacar que de todas estas comunidades hay dos que engloban el 50% de las interrupciones voluntarias del embarazo, que son Madrid y Andalucía. Andalucía un 18% del total de los abortos nacionales y Madrid un 25%. Pues entre estas dos comunidades, Andalucía solo realiza un 0,2% y Madrid un 0,5%". "Si estás dos comunidades alcanzasen un nivel medio, ya tendríamos que el porcentaje nacional practicante se duplicaría. Con el cambio de dos comunidades, el conjunto de país daría un salto histórico en la aplicación del aborto en la sanidad pública", ha insistido.

Además, ha hecho "una advertencia" directa al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que ha espetado desde la sala de prensa de Moncloa: "No vamos a permitir coacciones ni desinformación. También ha apelado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha retado: "La ley se cumple, no hay más. Y vamos a utilizar todas las herramientas disponibles para que se cumpla". "La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Gallardón y tuvo que hacer las maletas", ha terminado la ministra a este respecto.

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Por otro lado, el informe advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público.

Además, el documento apunta a una falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres, al condicionar el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial es otro efecto relevante: muchas mujeres deben abandonar su entorno sanitario habitual cuando requieren una IVE, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles.

Finalmente, el informe subraya la paradoja entre la información y la práctica, ya que la mayoría de las mujeres son informadas sobre la IVE en centros públicos, pero el procedimiento se realiza en su mayoría en centros privados. Esta incoherencia revela la necesidad de reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer una respuesta integral, pública y equitativa en materia de salud sexual y reproductiva.

Subvención para gafas y 1.700 plazas en medicina

Tras dedicar la mayor parte de su intervención a explicar el nuevo informe sobre el aborto, ha explicado otros puntos que se han aprobado "otros tres asuntos" por su parte en el Consejo de Ministros de este martes.

En primer lugar, han aprobado el Plan Veo, que introduce por primera vez una ayuda directa de 100 euros para la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años. "Se trata de una ayuda directa, como no, universal", para la que han destinado 47,7 millones de euros, hasta diciembre de 2026.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha sido designado como entidad colaboradora, asumiendo funciones de coordinación con las ópticas, verificación documental, compensación de costes y seguimiento del programa. Se garantizará la transparencia, trazabilidad de los fondos y control de calidad en la prestación.

La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.

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La otra cuestión, ha sido informar de la aprobación de un Real Decreto para destinar 26,7 millones de euros a las universidades públicas para financiar 1.783 plazas de medicina para el curso 2025-2026.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 219 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo real decreto. La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.