Sanidad y las CCAA chocan por la ley que decidirá el paracetamol que te van a dar en la farmacia

Como de costumbre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) arrancaba este viernes con desencuentros entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. En la mañana de este viernes, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha denunciado en representación de los gobiernos populares que la cartera de Mónica García ha excluido a las comunidades autónomas de la elaboración de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que ha calificado de "bodrio" y "pérdida de oportunidad". En estos términos se ha expresado Vázquez, la última reunión entre Sanidad y CCAA hasta después del verano, en la que se abordarán cerca de una veintena de temas, algo que el consejero también ha censurado, tildando el orden del día de "exagerado".

Sobre la Ley del Medicamento, el Consejo de Ministros aprobó en abril el anteproyecto de esta normativa, que pretende modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlo al siglo XXI, y que ha generado polémica entre distintos colectivos, con la presentación de cerca de 400 alegaciones durante su fase de audiencia pública. Las comunidades venían reclamando información al respecto, pues solo conocen su contenido "por las dos veces que se ha reunido la Comisión Permanente de Farmacia", según ha apuntado Vázquez en declaraciones recogidas por Europa Press.

Entre otras cuestiones que se abordan en el cambio de la ley, como explicaba la propia ministra en abril, con esta ley se actualiza el sistema de precios de referencia, por el cual la última decisión que se toma, por ejemplo, de qué paracetamol escoger recae en el paciente en función del marco de referencia y lo que se sale de él lo puede pagar la persona.

"Después de esta enmienda a la totalidad que se le ha hecho a las comunidades autónomas, imagino que nos informarán en qué punto están esas alegaciones que se han hecho y esperemos a ver qué es lo que nos dicen por qué desde luego hasta ahora lo que conocemos es una expulsión de las comunidades autónomas de las competencias de farmacia", ha explicado el consejero de Castilla y León.

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En este sentido, ha detallado que en la Ley "no aparece" la Comisión Permanente de Farmacia, el órgano de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio, y ha reiterado que las CCAA se han visto excluidas, a pesar de ser las que luego financian el medicamento. "Por lo tanto, una vez más volvemos a estar en aquella política de yo invito y tú pagas, ellos invitan a todo el mundo y al final pagamos y no tenemos voz las Comunidades Autónomas", ha aseverado.

"En definitiva, como digo, se ha perdido una magnífica ocasión, se ha perdido mucho tiempo de tener una ley del medicamento que verdaderamente sirva para su cometido, que es que los españoles accedan al medicamento en tiempo y forma y las comunidades autónomas tengamos participación, pero estamos acostumbrados a estas cosas del ministerio", ha remachado.

García la llevará al Consejo de Ministros en septiembre

Por su parte, Mónica García, ha defendido este viernes que su departamento ha seguido "rigurosamente" el procedimiento legislativo de la ley del medicamento tras las críticas recibidas por los consejeros de Sanidad del PP, que aseguran que el Ministerio no les ha informado sobre el borrador ni las alegaciones que ha recibido la futura ley.

"Me encantaría que los consejeros de Sanidad, en concreto los del PP, se conocieran los procedimientos legislativos, sería maravilloso", ha señalado García en declaraciones recogidas por Europa Press en la rueda de prensa previa al CISNS.

Así, García ha asegurado que el Ministerio ha seguido "rigurosamente todos los apartados de la convocatoria pública", como el recibimiento de las alegaciones. "El resultado final de esa ley, que es el que se ha presentado en el Consejo de Ministros, lleva incorporadas muchas de las alegaciones que se hicieron en el inicio del procedimiento", ha apuntado la ministra.

Además, en una rueda de prensa que ha tenido tras el CISNS ha señalado que espera llevar en septiembre la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios a una segunda vuelta en el Consejo de Ministros, que ya aprobó este anteproyecto en una primera revisión el pasado abril, y deja en manos del debate parlamentario la introducción de la reforma del copago en la normativa.

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"En lo que quedamos dentro del Gobierno es en que, dadas las diferentes opciones que había encima de la mesa, con respecto no solamente a los techos, sino también a los límites, pues que lo dejáramos abierto al debate parlamentario", ha detallado García.

La ministra ha destacado que su departamento siempre va a defender una aportación más progresiva y unas limitaciones para la población de rentas más bajas, que son quienes están sufriendo más la falta de acceso a los medicamentos por cuestiones económicas, sobre todo aquellos pacientes crónicos, que requieren acceso a muchos medicamentos, según ha explicado.

Enfrentamiento por la Ley del aborto

En la tarde de este jueves, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, envió una carta a los consejeros del ramo de cada comunidad autónoma en la que subrayaba la necesidad de garantizar el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud. Una misiva en la que también amenazaba con "procedimientos legales" sino se estaba cumpliendo adecuadamente.

Como era de esperar, este también ha sido uno de los temas abordados. En la misma línea que su secretario de Estado, la ministra ha advertido este viernes a las CCAA de que su departamento tomará las "medidas oportunas" para que se cumpla y se garantice la ley del aborto, después de que el Ministerio haya tenido conocimiento de que "muchas mujeres están viendo vulnerado ese derecho".

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"Lo que le hemos dicho a las comunidades es que nos faciliten los datos para que realmente nos garanticen que se está cumpliendo la ley. Y en caso de que no sea así, desde el Ministerio de Sanidad tomaremos las medidas oportunas a través de la alta inspección y a través de los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para que se cumpla la ley", ha avisado García.

Sobre este asunto, el portavoz de las regiones populares, ha asegurado que "todas" las comunidades autónomas, independientemente del partido que las gobierne, cumplen "escrupulosamente" con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, tanto en lo que respecta a esta prestación como en lo relativo a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Sobre médicos y enfermeras

García ha comunicado que en el CISNS de este viernes se informará a las CCAA sobre el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la financiación del incremento y del mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso académico 2025-2026.

"Desde hace tres años, el Gobierno de España se está haciendo cargo de la ampliación de las plazas de Medicina en las universidades públicas. Las universidades públicas son y siguen siendo competencia de las comunidades autónomas y lo que les pedimos a las CCAA es que también se hagan cargo de esa necesidad que tenemos de ampliar las plazas de Grado de Medicina y las plazas de Grado de Enfermería", ha subrayado García.

Por ello, la ministra ha manifestado que va a instar a las CCAA a que no solamente sea el Gobierno de España y el Ministerio el que financie las plazas del Grado de Medicina: "Llevamos más de 1.500 plazas financiadas, pero creemos que tiene que haber una concurrencia de las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en la financiación de las universidades públicas", ha agregado.

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Más concretamente, se ha informado de que el Ministerio dotará a las universidades públicas de 26,7 millones de euros para financiar 1.783 plazas del Grado de Medicina para el curso académico 2025-2026, con el objetivo de incrementar la oferta y mejorar la disponibilidad de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

A través de un Real Decreto, Sanidad financiará un importe estimado de 15.000 euros por cada plaza adicional o mantenida que supere la cifra recogida en la memoria de verificación de la universidad a fecha 31 de diciembre de 2025, aunque no se contempla la financiación de un incremento de plazas que exceda el 15% del número contemplado en dicha memoria para cada universidad.

Sobre este asunto, el consejero que representa a las CCAA populares ha indicado: "Nos llama mucho la atención porque recientemente hemos recibido de modo sorprendente una carta del ministerio en la cual se nos invita, sin dar más explicaciones, a colaborar económicamente con el ministerio para aumentar el número de plazas del grado de Enfermería".

A este respecto, ha explicado que esta solicitud se hace a raíz del estudio publicado por Sanidad en enero sobre la falta de profesionales de enfermería en España, un documento que recoge que el país necesita al menos 100.000 enfermeras adicionales para alcanzar la ratio promedio de la Unión Europea y que Vázquez ha calificado de "poco consistente", explicando que no se han seguido para su elaboración los mismos criterios que en el estudio relativo a médicos.

"Nos llama la atención que no sea igual que lo que se ha hecho con los médicos", ha señalado, añadiendo que si se hubiera utilizado la comparación con la OCDE no habría habido aumento en el número de puestos de grado porque "estamos por encima de la media de la OCDE". Por lo tanto, ha exigido "igualdad de trato para la profesión médica que para la profesión enfermera".

Así, ha señalado que las comunidades del PP demandarán a Sanidad la realización de un nuevo estudio "serio" sobre enfermeras en España, en el que se tengan en cuenta no solo las tasas con respecto a los países de la OCDE, sino también el estado de las jubilaciones y del recambio generacional para los próximos años. A partir del mismo, ha sostenido que estarán "dispuestos" a escuchar y tomar decisiones.

Centros de referencia en atención a personas trans

A pesar de todas las discordancias, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este viernes una actualización del catálogo de procedimientos y patologías que requieren atención especializada en Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), en el que se ha incluido a las personas trans y con desarrollo sexual diverso, para proporcionar una respuesta sanitaria "integral" con la diversidad de género.

"Dentro del contexto de la Semana del Orgullo LGTBIQ+, hemos dado un paso muy importante, que es la primera vez que tenemos tres CSUR para la atención a las personas trans y con diversidad de género, que se incorporan a este sistema de centros, servicios y unidades de referencia", ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa celebrada tras finalizar el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Esta medida servirá para garantizar una atención "integral" a estas personas, y especialmente en aquellos casos "más complejos" que requieran de una alto nivel de especialización, todo ello bajo los principios "fundamentales" de no patologización, de respeto a la autodeterminación de género y la autonomía de las personas.

"Esto significa que vamos a tener centros específicos distribuidos por el territorio, con profesionales altamente cualificados, con protocolos actualizados, recursos suficientes, que puedan atender a las personas trans con las máximas garantías, sin discriminación y con la calidad que merecen", ha añadido García.

Plan de Terapias avanzadas

En cuanto al Plan de Terapias Avanzadas 2025-2028, también ha habido consenso. De este modo, CCAA y Sanidad han aprobado esta norma, que actualiza el de 2018, enfocado en fomentar los medicamentos CAR-T, ampliando su foco de acción a todos los medicamentos de terapias avanzadas (MTA).

Así lo ha anunciado García que ha detallado que el plan anterior ha permitido tratar con terapias CAR-T a más de 2.000 pacientes hasta la fecha, y la actualización aprobada supone un "paso decisivo" para ampliar su alcance a "todo tipo de tratamientos".

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García ha detallado que la ampliación del Plan supone dotarlo de un marco "más flexible" que permita incorporar de manera más ágil todas las nuevas terapias y las nuevas indicaciones. Asimismo, homogeneiza el acceso a este tipo de prestaciones para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades, independientemente de dónde vivan.

El nuevo Plan también pretende reforzar la coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para poder intercambiar información, compartir experiencias y para poder seguir avanzando de manera coordinada y cohesionada. Por último, simplifica procedimientos en los casos en los que se han identificado barreras y ayuda a planificar la incorporación de nuevas terapias.