Hacienda acorrala a los famosos, ¿también a Chabelita Pantoja?

Carlos Latre, Luis Tosar, Joaquín Sabina y Montserrat Caballé… Televisión, cine, música y bel canto. Los casos son tantos y tan variopintos que podríamos esbozar una historia reciente de la cultura española basándonos solo en los nombres propios inspeccionados por Hacienda. De la cultura y del… ¿folclore? El último ejemplo de sujeto presuntamente investigado lleva apellido de copla. Isabel Pantoja Jr podría estar, también, bajo el foco de la Agencia Tributaria (AEAT). Eso es lo que desde este lunes circula por algunas redacciones. ¿Tiene esa información algún viso de realidad? A priori, pocos. Chabelita comenzó a trabajar en 2014 y no será hasta junio próximo cuando presente su primera declaración. Esto es lo que nos dice el sentido común, pero la AEAT tiene sus propios criterios.

Hablamos con la representante de la joven: “No, que yo sepa no tiene ninguna inspección. Salen tantas noticias falsas, que una más… ¡Pero si su vida laboral acaba de comenzar! ¡Sería absurdo! Ha hecho el Cazamariposas, dos programas y un bolo en Gandía. Y para ello, te dan de alta. Todo declarado y, además, a la vista pública. Es una chorrada, de verdad”.

Isabel Pantoja Jr viajará próximamente a Londres, donde iniciará estudios de moda, nos confirma su agente. También es más que probable que un libro sobre su vida vea la luz próximamente, si bien aún no hay fecha de publicación ni colaborador contratado que lo redacte: “Se ha dado por hecho, pero no hay nada firmado. Sí te confieso que hay interés, contactos, pero no se ha cerrado nada”. Chabelita sale bien librada del manto de reproche que se cierne sobre la familia: la tonadillera más famosa continúa con su rutinaria vida en la prisión de Alcalá de Guadaíra, mientras que su hermano, Kiko Rivera, ha decidido recluirse voluntariamente para hacer caja y ayudar a sufragar las muchas deudas que con el Estado tiene la madre de ambos. Quizá también le conviene prepararse para las responsabilidades propias.

Montserrat Caballé oyó también los nudillos del ministro Montoro y se apresuró a ponerse al corriente. La fiscalía la acusó de defraudar 508.462 euros en el ejercicio de 2010 y la soprano ha satisfecho por adelantado 300.000. Con ello evita males mayores: un juicio y una responsabilidad civil seguramente mayor. Lo mismo debería haber hecho Ana Torroja ante el siniestro eco de la palabra 'imputada'. En su caso, fue menos diligente que Caballé y sí hubo condena, aunque se libró del juicio oral. En concreto, por tres delitos fiscales relativos a los años 2003, 2006 y 2007. Ana Torroja se comprometió a pagar 1.392.991 euros con sus recargos y a presentar garantía de pago.

El mundo de los fogones tiene su más preclaro ejemplo en Sergi Arola. El chef catalán a punto estuvo de perder su restaurante en Madrid, Gastro. Los inspectores de Hacienda llegaron a clausurarlo estando lleno y Arola apenas podía creérselo. Afortunadamente, una negociación con la Agencia Tributaria y un calendario de pago solvente para hacer frente a una deuda de 160.000 euros con la Seguridad Social y otros 130.000 con la AEAT le ha permitido resucitar su negocio.

El multipremiado Luis Tosar

Mar Flores y Javier Merino dejaron de brillar como antes cuando los inspectores les precintaron el yate G-One. Fue en verano de 2013. Al parecer, no todos los impuestos derivados de la adquisición de la nave habían sido satisfechos. Se supone que alrededor de 120.000 euros. Hace 14 años, Merino ya debió enfrentarse a la fuerte multa que llevaban aparejada los dos delitos fiscales (correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001) por tributar en Portugal en vez de en España.

Pero quizá el caso más importante de los últimos años sea el que afectó a Arantxa Sánchez Vicario. Los problemas económicos de la tenista acabaron arruinando a su familia en lo material y a su relación familiar en lo emocional. Arantxa fijó su residencia en Andorra durante cerca de 11 años y la maniobra evasiva fue detectada por el fisco. Tras un largo litigio, el Supremo confirmó en 2009 que la tenista debía pagar 3,4 millones de euros.

El caso de Joaquín Sabina también es conocido. Tanto que algunos ven en la fortísima presión del fisco sobre el cantautor de Úbeda (la AEAT le reclamaría una cifra próxima a los cuatro millones) la causa de la espantá del escenario el mes pasado. Sabina tiene embargada una sociedad de la que su esposa es cotitular, así como varias propiedades inmobiliarias mientras dure el conflicto con Hacienda. Su problema viene determinado por el modo en que escogió tributar: en lugar de hacerlo como persona física, lo hizo a través de una sociedad de la que él percibe un sueldo. Hacienda antes lo aceptaba y ahora no, y no son pocos los actores, colaboradores y presentadores de televisión que cotizan a través de una sociedad en lugar de como personas físicas para tributar menos.

El caso de Sabina se repite con varios personajes famosos examinados por la lupa del ministro Montoro. Es la misma situación en la que se encuentra Carlos Latre, quien tributa a través de la sociedad Ertal. Su criterio tributario y el de la AEAT no coinciden y la cantidad que debe pagar sigue siendo un misterio, toda vez que el humorista ha negado a Vanitatis que se trate de algo tan desmesurado como lo que ingresaría en tres años de trabajo.

Incluso el multipremiado actor Luis Tosar siente el aliento de Cristóbal Montoro en el cogote: “De momento ahí está, hay una investigación abierta, hay unos expedientes. Él dijo que iba a abrir una serie de expedientes y dicho y hecho”, afirmaba en el programa ‘Las mañanas de Cuatro’.

La siguiente pregunta es por qué estamos conociendo estos últimos meses tantos casos. ¿Se debe a que son personajes conocidos y más identificables o hay algo de ejemplarizante en la persecución de Hacienda? Consultamos con Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). “No solo actores y músicos; también periodistas y tertulianos. La campaña sobre el sector comenzó hace cosa de dos años y sería importante saber cuál es la fuente de estas noticias. Cómo se conocen los nombres. Si fuese la propia AEAT quien los facilita, sería un incumplimiento de la Ley General Tributaria en lo que se refiere a la confidencialidad de los datos”, señala Cruzado a Vanitatis.