Cómo el régimen iraní construyó la infraestructura para desconectar a su propia población

Más de 30 días de apagón digital. En cualquier otro país, un apagón de esta magnitud habría obligado a dar explicaciones, fijar plazos de restitución y algún tipo de respuesta institucional. En Irán, no ocurre nada de eso. Y ese silencio también forma parte del sistema.

Desde el 27 de febrero de 2026, el país funciona prácticamente desconectado del internet global. No es una avería ni una reacción improvisada ante la guerra. Es el resultado de una lógica que lleva años construyéndose. El acceso a la información no se concibe como un derecho garantizado, sino como un recurso gestionado.

La pregunta no es qué contenido escoger, sino si se puede tener conexión para verlo. Y quién decide cuándo. La conectividad puede ampliarse, restringirse o suspenderse en función de las necesidades del poder.

Los datos de NetBlocks son claros: el acceso al internet global ha sido prácticamente eliminado. Solo alrededor del 1% de los usuarios mantiene conexión. Y ese porcentaje no es aleatorio: en gran medida corresponde a actores vinculados al aparato del Estado, que operan con tarjetas SIM sin los filtros impuestos al resto de la población.

Opinión

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Más de un mes después del inicio del apagón, la situación se mantiene sin cambios. Cuando una interrupción se prolonga en el tiempo sin corrección ni explicación pública, deja de ser un incidente técnico.

El Estado iraní lleva años desarrollando la infraestructura que hace posible este nivel de control. La red nacional de información, construida en paralelo al internet global, permite mantener servicios internos activos mientras se limita el acceso al exterior. En la práctica, esto genera una dualidad: los ciudadanos pueden realizar gestiones básicas dentro del país, pero tienen enormes dificultades para comunicarse fuera de él o acceder a fuentes independientes.

Desde el inicio del apagón, millones de personas han visto desaparecer sus ingresos de un día para otro. Un programador que trabajaba con clientes fuera del país. Un pequeño negocio que dependía de Instagram para vender. En cuestión de horas, dejan de existir como actividad económica.

De un día para otro, sin aviso y sin compensaciones. No por una crisis de mercado, sino por decisión política. El acceso alternativo a internet existe, pero en condiciones que lo hacen inviable para la mayoría. Las VPN pueden funcionar durante minutos antes de ser bloqueadas. Muchas resultan ser estafas. Otras requieren pagos que equivalen a varios días o incluso semanas de ingresos, en un mercado opaco donde no hay garantías ni posibilidad de reclamación.

Este ecosistema informal no es un efecto colateral. Forma parte de cómo está planteado el sistema. No hace falta aislar por completo a la población. Basta con que el acceso sea caro, inestable y arriesgado. Lo suficiente como para que no pueda sostenerse.

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En el contexto actual, acceder a internet sin autorización puede derivar en acusaciones como "atentar contra la seguridad nacional" o "colaboración con potencias extranjeras". En determinados casos, esas acusaciones se traducen en penas de larga duración e incluso en cargos de espionaje.

En paralelo, han proliferado redes informales de conexión que operan bajo riesgo constante. Quienes facilitan el acceso saben que, ante cualquier sospecha de rastreo, deben cortar la señal de inmediato. Cada conexión deja de ser un acto técnico y pasa a ser una exposición.

Gestionar las condiciones del conocimiento

El corte masivo tiene efectos que van más allá de lo económico. Genera un vacío que el Estado puede llenar sin competencia. Cuando las fuentes independientes dejan de estar disponibles y los canales oficiales se convierten en la principal vía de acceso, la diversidad informativa se reduce sin necesidad de prohibiciones explícitas en cada caso.

Las consecuencias psicológicas forman parte de ese mismo entorno. En un país en guerra, la imposibilidad de comunicarse con familiares en el extranjero (con aplicaciones de mensajería y videollamadas bloqueadas) genera una incertidumbre constante sobre algo básico: si los otros están bien. Esa situación limita la capacidad de organización, reduce la circulación de relatos alternativos y refuerza la dependencia de los canales disponibles.

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La infraestructura del control: el caso ArvanCloudNada de esto ocurre sin una infraestructura diseñada para ello. Y esa infraestructura tiene responsables. No es un actor neutral. Es una pieza funcional dentro del sistema de control.

ArvanCloud es una empresa iraní de servicios de computación en la nube y distribución de contenidos. Su función no es sólo tecnológica, sino operativa: permite dirigir, filtrar y priorizar el tráfico de datos en tiempo real. Es la infraestructura que hace viable este tipo de control.

Su papel no es nuevo. En noviembre de 2019, durante la represión de las protestas por el precio del combustible, el régimen ya utilizó mecanismos de desconexión masiva que limitaron la circulación de información mientras se producían centenares de muertes. En 2022, durante el levantamiento de "Mujer, Vida, Libertad" tras la muerte de Mahsa Amini, el patrón se repitió: cortes selectivos, bloqueo de plataformas y dificultades sistemáticas para la difusión de imágenes hacia el exterior.

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En las protestas más recientes, la respuesta fue aún más rápida. Más precisa. Por ello, ArvanCloud figura en las listas de sanciones internacionales. No como medida preventiva, sino como reconocimiento de su papel en un sistema de control que trasciende lo puramente técnico.

El caso de ArvanCloud permite ver con claridad una transformación más amplia: el control político ya no se ejerce solo con leyes o represión. Depende también de infraestructuras digitales, de empresas tecnológicas y de capacidades técnicas que permiten intervenir sobre el flujo de información a gran escala.

Un modelo que trasciende Irán

Irán no es una anomalía. Es un laboratorio. Y otros están tomando nota. Lo que su gobierno ha construido, una red capaz de operar de forma autónoma, desconectada del sistema global, con capacidad de modular el acceso en función de intereses políticos, se inscribe en una tendencia más amplia. Rusia ha desarrollado su propio internet soberano. China lleva años perfeccionando un ecosistema digital cerrado.

Otros países observan estos modelos con creciente interés. En este contexto, el control de la conectividad deja de ser una cuestión exclusivamente interna. Pasa a formar parte de las dinámicas de poder global: reduce la dependencia de infraestructuras externas y aumenta la capacidad de intervención sobre la propia población. La guerra, en este marco, no crea el sistema. Lo hace aplicable con menor resistencia.

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El futuro del control

El apagón digital en Irán lleva más de un mes. Millones de personas han perdido sus ingresos, su conexión con el exterior y su acceso a información independiente. No es una avería. Tampoco una emergencia técnica. Es una decisión sostenida. Pero lo relevante no es solo la duración del corte.

Durante años, el control se ha entendido como la capacidad de filtrar contenidos: bloquear plataformas, eliminar mensajes, limitar lo que circula. Hoy el margen de intervención se sitúa en otro nivel: en las condiciones mismas en las que es posible comunicarse. El caso iraní permite verlo con claridad ya que el acceso no se prohíbe de forma absoluta, sino que se vuelve progresivamente inviable. El límite ya no lo impone únicamente el Estado, sino el propio coste de conectarse, económico, técnico o penal que recae sobre el individuo.

En ese punto, el control deja de ser explícito. Se integra en las condiciones mismas del acceso. Y en ese punto, la coerción deja de ser visible. Pero sigue operando.

*Ryma Sheermohammadi es analista sociopolítica especializada en Irán y Oriente Medio, con foco en dinámicas de poder y cambio social.