Esta ciudad es una de las más turísticas del mundo, pero ahora ha dado un giro al prohibir un objeto que es cada vez más común en España

A finales del año pasado, Roma dio un paso firme en la regulación del turismo al prohibir las cajas de seguridad con código en los apartamentos turísticos. Estas pequeñas estructuras, muy utilizadas en plataformas como Airbnb, permitían a los huéspedes acceder sin necesidad de contacto con el propietario.

El Ayuntamiento de la capital italiana comenzó a retirar estos dispositivos en barrios emblemáticos como Monti, cerca del Coliseo. Agentes municipales emplearon cizallas para eliminarlas, respondiendo a las denuncias de vecinos que consideraban que afean la ciudad y afectan a la seguridad.

El concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, aseguró que esta era solo la primera fase de una iniciativa que buscaba recuperar la legalidad y mejorar el control de los alojamientos turísticos. La medida siguió el ejemplo de Florencia, que fue pionera en la prohibición de estas cajas por razones de seguridad y orden público.

El Gobierno italiano ya había anunciado que el check-in remoto no era legal, exigiendo que los gestores de alquileres verificaran la identidad de los huéspedes de manera presencial. Se trató de un esfuerzo para evitar delitos como el fraude documental o el uso de apartamentos por parte de criminales.

Esta regulación llegó en un momento en el que Roma esperaba 32 millones de visitantes por el Jubileo de 2025, un evento que generó preocupaciones sobre la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda en el centro histórico.

España podría seguir el mismo camino, ya que en ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz estas cajas han proliferado en los últimos años. La presión sobre el mercado inmobiliario y la competencia desleal entre hoteles y alquileres turísticos han reavivado el debate sobre su regulación.