No reciclar le costó a España 686 millones de euros en 2023

Imagine tragar cinco gramos de plástico a la semana. El equivalente a comerse una tarjeta de crédito. Al año, más de 250 gramos de microplásticos ingresan en el cuerpo humano, procedentes de partículas presentes en el agua, el aire y los alimentos, según un informe de la Universidad de Newcastle (Australia) para la organización WWF. El abuso de los embalajes plásticos y un reciclaje insuficiente son parte del problema.

En la última década, el volumen de envases de plástico generado por habitante en Europa aumentó un 29%, según la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat). Así, el viejo continente se posiciona como el segundo productor mundial, únicamente por detrás de Asia. Pero solo reciclamos 14 de los 34 kilogramos generados por persona. Y esto, además del coste medioambiental y para la salud, tiene un coste económico.

Desde 2020, los miembros de la Unión se enfrentan a un impuesto de 80 céntimos por cada kilo de plástico no reciclado. En 2023 España dejó sin reciclar más de un millón de toneladas de residuos plásticos, según datos de la Eurocámara. El Gobierno esquivó la sanción de más de 828 millones de euros gracias a que los países con un PIB per cápita inferior a la media europea en 2017 cuentan con reducciones. Aun así, la cantidad final a pagar superó los 686 millones de euros, según confirmó el Ministerio de Hacienda a El Confidencial.

Esta cifra ha crecido exponencialmente en los últimos años: en 2021 la cifra a pagar fue de 478 millones de euros, en 2022 de 498, hasta alcanzar los 686 de 2023 y la estimación del Parlamento Europeo (PE) es que al finalizar 2024 España pague 675 millones de euros.

En 2023 España dejó sin reciclar más de un millón de toneladas de residuos plásticos

Los 686 millones de euros que España pagó a la Unión Europea como penalización por no reciclar equivalen, económicamente, a cuatro hospitales como el de Isabel Zendal, que se construyó en Madrid durante la pandemia y que tuvo un coste de 170 millones de euros.

Para hacer frente a este importe, el Gobierno repercute 45 céntimos por kilo no reciclado a las empresas productoras. En el ejercicio anterior, la recaudación por esta vía alcanzó los 590 millones de euros, afirma el departamento de la ministra María Jesús Montero. La cantidad restante sale del presupuesto público. Solamente por este impuesto, la Unión Europea cobró 7.200 millones de euros a todos los Estados miembros, lo que representa el 4,3% de los ingresos totales comunitarios, según un documento exclusivo destinado a los miembros y al personal del Parlamento Europeo en mayo de 2024, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Además del reciclaje de plástico, desde Europa se trabaja en reducir su consumo. Aunque el camino no ha sido fácil. En noviembre de 2022, la Comisión Europea propuso una nueva legislación sobre los envases y sus residuos. Catorce meses después, en abril de 2024, el Parlamento aprobó la medida. Entre ambas fechas las presiones de los distintos grupos de interés fueron una constante, con negociaciones "muy difíciles" con la industria y las organizaciones ecologistas, señala Gerrit Krause, asistente de Delara Burkhardt, eurodiputada de los socialistas en el comité de medio ambiente, a través de una vídeollamada con El Confidencial. “El resultado podría haber sido mejor”, lamenta Krause y asume que “cada país tendrá que adoptar medidas adicionales para cumplir los objetivos fijados para 2027”.

Pero la tendencia no es favorable. España, junto a otros 20 países de la Unión, está en peligro de hacerlo aún peor y no alcanzar los requisitos mínimos de reciclajes. Solo Eslovenia, Estonia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Bélgica están fuera de riesgo de incumplimiento, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema).

España no está exclusivamente en el punto de mira de la Aema. También Greenpeace se muestra crítica: “El manejo de residuos sigue siendo insuficiente”. En marzo de 2023, los ecologistas, junto a otras 25 organizaciones, denunciaron a España ante la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje y recuperación marcados para 2020. La Comisión confirma a El Confidencial que la investigación sobre una presunta infracción del Derecho de la UE sigue en curso. No solamente España enfrenta este procedimiento. El pasado 25 de julio, Bruselas emitió una advertencia a los Estados miembros por sus bajas tasas de reciclaje. La Comisión abrió 27 procedimientos de infracción contra cada uno de ellos debido a las deficientes cifras de reciclaje de papel, vidrio, plástico, metal y desechos electrónicos.

Una oportunidad perdida para todos; éxito para los lobistas

Jueves por la tarde en Bruselas. En los bares de la Plaza Luxemburgo, a pocos metros de la sede del Parlamento Europeo, los empleados de la Eurocámara —sobre todo los más jóvenes— se relajan con unas cervezas mientras cae el sol. Después de una semana repleta de reuniones formales, los lobistas aprovechan para, de una manera más desenfadada, charlar con quienes forman parte de la toma de decisiones.

Estos acercamientos quedan fuera del radar desplegado por las instituciones de la UE para visibilizar y monitorizar la acción de los grupos de presión. Según los datos del registro de transparencia europeo, diputados y asesores han mantenido 864 reuniones con los grupos de presión entre junio de 2022 y abril de 2024 sobre el reglamento de envases. Pero la cifra de intentos de influencia es superior, aseguran varios asistentes de la capital comunitaria.

De los encuentros oficializados, la regulación sobre envases y sus residuos encabeza la lista de asuntos debatidos en las reuniones con los lobistas. Le siguen la Directiva sobre diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad (aprobada en abril de 2024), que registra 681 reuniones, y la norma sobre Inteligencia Artificial, ratificada el pasado mes de marzo, con 607 entrevistas.

Coca-Cola, Nestlé, McDonald's o Tetra Pak están entre las diez empresas que más reuniones han mantenido con los miembros del Parlamento Europeo sobre esta regulación. Estas sociedades invierten cantidades de dinero millonarias para hacer prevalecer sus intereses. Por ejemplo, el gigante norteamericano de comida rápida invirtió entre 2,2 y 2,5 millones de euros en hacer lobi, según apunta la web oficial del Registro de Transparencia de la Unión Europea. Solo en 2023 la cadena de hamburgueserías pagó en total por gastos de representación entre 345.000 y 475.000 euros a sociedades como Eamonn Bates, conocida por hacer un fuerte lavado de cara medioambiental (greenwashing) en las empresas.

Del mismo modo que 10 empresas acumulan más del 13% de las reuniones, los encuentros también se agrupan en ciertos meses del año: en marzo de 2023 se registró la cifra más alta cuando faltaba un mes para que el Comité Económico y Social emitiera su dictamen sobre este reglamento. En noviembre de ese mismo año se alcanzó el segundo récord de reuniones, cuando grupos del Parlamento Europeo presentaron sus enmiendas a la norma.

Asedas, la asociación española de distribuidores, autoservicios y supermercados, es una de las sociedades que se ha reunido con los miembros del PE. En una entrevista sobre la nueva norma para esta investigación, María Martínez-Herrera, la directora de sostenibilidad de Asedas subraya el artículo que propone el establecimiento del Sistema de Devolución, Depósito y Retorno (SDDR), y sostiene que “nos afecta muchísimo”. También, se refiere al artículo de la norma que regula el envasado en frutas y verduras menores de 1 '5 kilogramos, porque recalca que “son necesarios para el transporte y para alargar la vida útil de los alimentos”.

(No) todo vale

Lola Fernández, nombre ficticio para proteger su identidad, fue lobista durante la primera década de los 2000. En aquellos años se vivía una crisis ecológica y los debates ya analizaban entonces las posibilidades de reducir la producción de envases plásticos.

Fernández trabajaba, entre otras compañías, para Tetra Pak, la firma de cartón plastificado que produce prácticamente todos los brics que se consumen. La exnegociadora cuenta que la competencia de su empresa, Coca-Cola, financió un proyecto de la Comisión Europea para analizar los contaminantes en plásticos reciclados.

"Al reutilizar el plástico reciclado, aumentaba la migración de sustancias nocivas, volviéndose insalubre. Coca-Cola intentaba demostrar que los niveles de contaminación eran aceptables para el consumo humano, luchando por estándares que beneficiaran sus productos", señala la exlobista. "En contraste, Tetra Pak temía que esto podría afectar negativamente a su imagen y buscó apoyo para contrarrestar la influencia de Coca-Cola", explica.

Lola Fernández abandonó el cabildeo porque tuvo clientes que le pidieron cosas que no eran “éticas” y no le daban información: “A veces, sin saberlo, trabajaba para que se aceptase un producto que era cancerígeno, porque el cliente no nos informaba. Me pasó en dos ocasiones y decidí dejar el lobi", sentencia.

El arte del lobi

En el Grand Café Hémicycle, también conocido como Mickey Mouse's Bar entre quienes lo frecuentan, un cortado cuesta 1,55€ y un capuchino 3,10€. La mayoría de las mesas están ocupadas por personas sumergidas en sus ordenadores portátiles o por interlocutores trajeados. Ubicado en la tercera planta del Parlamento Europeo, es otro de los focos de reuniones entre lobistas y parlamentarios. En la parte superior de la barra reza un cartel en dos idiomas: "Members only/ Réservé aux députés".

Es habitual ver a los diputados en lugares ‘neutrales’ con los grupos de presión. Los asistentes y colaboradores también participan en las reuniones. “Es una manera de que se les vea y se sepa con quién están hablando”, indica un funcionario español que rechaza dar su nombre por motivos laborales. También señala que hay quien prefiere reunirse en lugares menos visibles, como las embajadas: “Algunos grupos invitan a los diputados a tomar un aperitivo allí y discutir sobre ciertos temas".

El reglamento en materia de envases marcó un punto de inflexión. “El lobi fue muy intenso, como no lo había visto antes”, recuerda Gerrit Krause. Este asesor calcula que al gabinete de la representante Burkhardt llegaron unas mil peticiones únicamente sobre este reglamento. “También escuché esto de otros colegas, de otras oficinas de eurodiputados”, advierte el asesor Krause.

Rose Ni Chleirigh, asistente de la eurodiputada Grace O’Sullivan del Partido Verde Europeo critica "la solicitud de un número inasumible de reuniones”. Y añade que el sector de los embalajes de comida es quien más incómodo se sintió con la propuesta. La irlandesa destaca las acciones de 360º Food Service —el proveedor de McDonald's y Starbucks, y cliente de Eamonn Bates— quien llenó de carteles las paredes y de colgadores de papel las puertas de las oficinas de los miembros. Para esta investigación se ha contactado con la empresa 360º Food Service, sin obtener respuesta.

Además de describirla como “abrumadora”, Grace O'Sullivan denunció públicamente la presión de los lobis en noviembre de 2023, cuando el Parlamento Europeo presentó sus enmiendas a la norma. La representante irlandesa ha mantenido, al menos, 59 encuentros con los grupos de cabildeo. Sobre las reuniones y las presiones denunciadas por los eurodiputados, Martínez-Herrera afirma que “[las reuniones] fueron sin ninguna presión por nuestra parte y además proponiendo alternativas”.

La financiación de investigaciones por parte de la industria es otra de las técnicas clásicas de los lobistas. “Con uno o dos estudios, algunas empresas defendían que sus vasos de papel eran más respetuosos con el medio ambiente que otros que puedes lavar y usar varias veces”, narra Krause, “pero luego, si le pides a los científicos que trabajen seriamente en estas evaluaciones del ciclo de vida, ellos dicen que no, que en realidad no puedes confiar en estos análisis.”

Unos informes sin fuentes ni transparencia, apunta Krause. “Realmente no muestran de dónde provienen los datos y no hacen público el modelo que utilizan. Desafortunadamente, estos estudios falsos influyeron bastante en el debate en Bruselas", lamenta. Sobre estos informes, su compañera Rose Ni Chleirigh zanja: "Cuando una industria financia un estudio, no es sorprendente que las conclusiones coincidan con su modelo de negocio y sus intenciones".

Otro argumento es el de la posible destrucción de empleo que la nueva propuesta supondrá, relata Gerrit Krause. Él lo describe como “alarmismo”, pero asevera que funcionó para convencer a algunos eurodiputados, sobre todo a aquellos que no trabajan en esos temas específicamente.

Italia, a la cabeza

Preguntado por intereses particulares, Krause destacó el caso de Italia: “El fuerte interés nacional de los italianos, que estuvieron muy presentes en el equipo de negociación, hizo muy difícil llegar a compromisos que funcionen para toda Europa”. Maja Desgrees, gestora de las políticas para la regulación de los envases en la Comisión, subraya la influencia de Italia en el proceso legislativo.

La nacionalidad italiana es la más representada en el Comité de Medio Ambiente (ENVI, por su abreviatura en inglés) con 25 parlamentarios, frente a los 19 de Alemania o los 18 de Francia, países que son mayoritarios en la Eurocámara, lo que ha provocado que el 30% del total de los encuentros fuese asistido por un representante del Bel Paese.

​​Italia ha demostrado tener una influencia significativa en el proceso de negociación para la regulación de envases en Europa, según Krause, quien comenta: "El fuerte interés nacional de los italianos, hizo muy difícil llegar a compromisos que funcionen para toda Europa”. Maja Desgrees, gestora de políticas para la regulación de envases en la Comisión Europea, se acuerda también con Krause sobre el impacto del lobi italiano y subraya su influencia en el proceso legislativo.

La financiación de investigaciones es otra de las técnicas de los lobistas

El plástico está en el centro del debate, así como en el punto de mira de organizaciones ambientales desde hace años. Pero es la industria del cartón quien ha ejercido principalmente la presión, coincide con sus compañeros Eulàlia Comas, asistente de Toni Comín, eurodiputado de Junts. Su colega, la irlandesa Chleirigh, indica que "la industria del papel sigue el mismo modelo que la del plástico, pero lo pintan como sostenible porque se puede reciclar". Y sentencia: "Reciclar es bueno, pero mucho mejor es reducir y reutilizar. Evitar la reducción de los residuos fue la mayor lucha del lobi". Y asimismo su éxito.

¿Qué pasa con los residuos de envases en España?

En España hay 32.820 empresas productoras de envases, según la última actualización del registro de productores de envases del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Es obligatorio estar inscrito en él para todas las empresas que realicen actividades en España, según la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados. Desde esta cartera aseguran que “no existe ningún protocolo” de inspección ni tampoco un listado público de las empresas incursas en procedimientos sancionadores. Esto quiere decir que no se puede saber quién se salta la ley ni qué mecanismos utiliza el Miteco para detectar posibles ilegalidades.

Por su parte, la Guardia Civil, a través de una petición de transparencia realizada para este reportaje, informa de 4.672 infracciones administrativas a la normativa sobre residuos y vertidos en el primer trimestre de 2024. En el total de 2023 el instituto armado registró 19.657 infracciones administrativas.

Una de las soluciones que establece el Miteco en caso de no lograr los objetivos de reciclaje en 2027 es establecer un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Es decir, que los usuarios devuelvan los envases en los supermercados a cambio de una fianza pagada en el momento de la compra. Es el sistema empleado en otros países como Alemania. Sin embargo, Ecoembes, organización participada por compañías envasadoras, del comercio y la distribución y que monopoliza la gestión de los residuos en España, lo hace a través del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), en el que las empresas le pagan para que se haga cargo de los desechos.

"Reciclar es bueno, pero mucho mejor es reducir y reutilizar", afirma Chleirigh

El estudio "Los costes ocultos de la mala gestión de los residuos de envases" (2021) de Rethinking y Greenpeace estimaba que con el actual sistema de SCRAP los ayuntamientos españoles están dejando de ingresar 1.700 millones de euros anuales. Un dato que, pasados casi tres años de su publicación, el ambientólogo y escritor de Contenedor Amarillo S.A (Ed. Fuera de Ruta, 2020), Alberto Vizcaíno, sigue sosteniendo. El motivo de esta pérdida económica en las arcas municipales es que las empresas productoras de envases ligeros pagan a Ecoembes para que recoja a través del contenedor amarillo sus productos. Sin embargo, se estima que sólo un 15% de la basura plástica se recoge a través de este container, según el estudio académico "A realistic material flow analysis for end-of-life plastic packaging management in Spain".

Las comunidades y ciudades autónomas cuentan con las competencias de autorización, vigilancia, inspección y sanción de los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor. Castilla-La Mancha es la única que, ante una petición de transparencia, declara 36 inspecciones en los primeros cinco meses de 2024 frente a las 33 del ejercicio anterior y las 28 de 2022, que se saldaron con dos propuestas de sanción.

Cataluña y Cantabria no dan información directa sobre las inspecciones, pero la primera declara cinco expedientes sancionadores. Por su parte, Cantabria asegura que “supervisa y comprueba anualmente el cumplimiento de las obligaciones de dichos sistemas”, pero no registra denuncias ni informa del número de inspecciones.

Madrid, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Navarra y Murcia, por su parte, alegan que no se han llevado a cabo inspecciones sobre los SCRAP. Tampoco han realizado inspecciones ni Andalucía, Aragón, las Islas Baleares ni el País Vasco, declarando que no hay sistemas de responsabilidad ampliada con sede social en estos territorios. Sin embargo, las islas sí que declaran seguimiento a las SCRAP que actúan dentro del archipiélago, pero no constan denuncias.

La venta a granel de ciertos alimentos se presenta como otra solución. El Real Decreto que desarrolló la Ley otorgó un plazo de seis meses a los ministerios de Agricultura y para la Transición Ecológica para confeccionar un listado de alimentos sensibles que no se puedan vender a granel.

17 meses han pasado desde entonces y el Ministerio de Agricultura, a través de un correo electrónico, responde que se está trabajando en una orden ministerial, pero "no hay fecha exacta de su publicación". Sobre el porqué de este retraso, ambas carteras se culpan entre sí: Agricultura informa que quien debe responder es el MITECO y este, que la respuesta la tiene el departamento del ministro Luis Planas. Y mientras, los deberes sin hacer.

La legislación ambiental, tanto en España como en Europa, avanza, aunque lo haga a pasos cortos. El contenido mínimo de plástico reciclado, la reducción de los embalajes y los diseños protegidos han sido las grandes luchas del lobi en esta última ocasión. Como consecuencia, los envoltorios de las cápsulas de café Nespresso o el tubo cilíndrico de las patatas Pringles desbordarán con mayor facilidad las basuras de los hogares europeos que otros envases con diseños no protegidos. Con este reglamento, la Unión Europea continúa su camino de lucha climática, pero los expertos de Greenpeace sienten que “no se está avanzando a nivel de la gravedad” de la que llaman “pandemia silenciosa”.

*Este Trabajo de Fin de Máster ha sido tutorizado por el profesor Miguel Ángel Gavilanes, redactor de Datos y Transparencia de El Confidencial.