¿Se debe prohibir a los padres dar un azote a sus hijos? Inglaterra no lo cree; España sí

La historia del pequeño Yamato Tanooka dio la vuelta al mundo en 2007. Con tan solo siete años, consiguió sobrevivir tras estar desaparecido durante casi seis días en los alrededores de un bosque del norte de Japón. Sus padres quisieron dejarle cinco minutos a solas como castigo tras haber tirado unas piedras, pero todo acabó complicándose sobremanera. Tras el incidente, se generó un gran debate sobre si la decisión de los progenitores había sido desproporcionada o si, por el contrario, podría haberle pasado a cualquiera. La policía decidió finalmente no presentar ningún cargo.

La educación de los hijos es ya de por sí una ecuación compleja. Pero puede complicarse todavía más cuando se mete la derivada del papel del Estado. Y en ese punto es donde está ahora el Reino Unido después de que el ministro de Educación, Nadhim Zahawi, haya recalcado que los padres deben conservar el derecho legal de poder dar un cachete a sus hijos como castigo, desestimando así la petición del Comisionado de la Infancia para prohibirlo. Él mismo ha confesado que con su hija de nueve años en ocasiones ha tenido "la necesidad de darle un ligero golpe en el brazo, si está siendo completamente traviesa y portándose mal".

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El Parlamento de Gales acaba de aprobar una ley por la cual abofetear —o incluso zarandear— a un niño se considera ahora una agresión equivalente a la perpetrada sobre un adulto. En Escocia, la normativa está vigente desde el año pasado. Sin embargo, en Inglaterra e Irlanda del Norte, donde el Gobierno central del conservador Boris Johnson tiene competencias al respecto, los progenitores seguirán teniendo una defensa legal para dar un cachete si la acción constituye un “castigo razonable” y no deja una marca roja ni involucra el uso de un bastón o un cinturón.

Tanto activistas como editoriales de rotativos afines al Ejecutivo aseguran estos días que, si está condenado el castigo físico de adultos y animales, es inconcebible que se deje sin protección a los menores, siendo estos los más vulnerables. Pero el ministro Zahawi recalca que una cosa es el maltrato infantil —que está penado en el marco legal— y otra muy distinta un azote, reafirmándose en su postura de que el Gobierno debe confiar en los padres para decidir la mejor manera de educar.

Los conservadores británicos siempre han mostrado su rechazo a lo que califican como "Estado niñera", es decir, uno que dice a los ciudadanos lo que deben o no deben hacer. De ahí que en su día les costara tanto aprobar la prohibición de fumar en lugares públicos, que les llevara más tiempo que a nadie en Europa imponer el confinamiento con la pandemia y ahora se nieguen a prohibir las terapias de conversión trans, alegando precisamente que eso significaría que los padres no podrían apoyar a los niños que cuestionan su identidad de género.

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Sin embargo, no fue un Gobierno conservador, sino el laborista de Tony Blair, el que decidió mantener el 'derecho al cachete' cuando tramitó la Ley de la Infancia de 2004. A pesar de las críticas públicas, los ministros ignoraron entonces la opinión de los expertos y optaron por no prohibirlo. El problema es que lo del 'castigo razonable' es un vestigio del concepto legal del siglo XIX que nunca se definió adecuadamente. Eso sí, desde 1986 en los colegios públicos y desde 1998 en los privados, los profesores no pueden reprender físicamente a los alumnos.

Una reciente investigación del University College publicada en 'The Lancet' reveló que los niños que habían recibido castigos físicos no mostraban ninguna mejora en la atención, habilidades cognitivas, relaciones con los demás, reactividad al estrés o comportamiento social. De ahí que el Colegio de Pediatras y la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad Infantil se sumen ahora a la peticiones para que Westminster prohíba legalmente el cachete tanto en Inglaterra como Irlanda del Norte. Pero se trata de un tema espinoso. Para unos, la prohibición sería un cambio cultural más que legal. Para otros, se trata de rizar el rizo, una ofensa contra el sentido común y una exageración.

En 2007, el Consejo de Ministros eliminó el último resquicio que amparaba el castigo físico a los niños en la legislación española

¿La normativa realmente sirve de algo? ¿Acabaría eso con los azotes en las casas o incluso en los parques, a la vista de todos? A día de hoy, más de 60 países tienen regulación al respecto, entre ellos España. En diciembre de 2007, el Consejo de Ministros eliminó el último resquicio que amparaba el castigo físico a los niños en la legislación española, pese a la resistencia que mostraron los grupos conservadores que había entonces en la Cámara Baja. PP, PNV, CiU y Coalición Canaria argumentaron que no se debía entrar a juzgar este tipo de cuestiones, ya que, si se trata de un castigo moderado, eran “del ámbito familiar”.

El artículo 154 del Código Civil permitía que los padres o tutores “corrigieran” moderadamente a los hijos. Pero tras el cambio en la ley, aquellos deben “respetar su integridad física y psicológica”. Ahora bien, ¿cuántos padres han sido sancionados por dar un azote a sus hijos o zarandearles en un momento dado? Ninguno. Nadie ha acabado en la cárcel por ello, entre otras cosas, porque el incumplimiento de un deber civil no implica necesariamente una sanción penal, es decir, un delito. Prueba de ello es la fidelidad a la que se comprometen las parejas cuando se casan por lo civil. Ningún infiel ha terminado luego entre rejas. Y, de momento, tampoco lo ha hecho ningún padre que haya dado un azote.

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En el Reino Unido, muchos consideran ahora que ningún Gobierno realmente comprometido con la causa de los derechos humanos, como afirman los ministros de Boris Johnson, debería descuidar el deber del Estado de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. “No se trata de educar o dictar cómo los padres deben ser padres, sino de la protección básica de los niños”, señalaba recientemente 'The Times' en uno de sus editoriales.

Pero, a día de hoy, no hay ninguna intención de cambiar la ley en Inglaterra. El Ejecutivo insiste en que criminalizar a los progenitores equivaldría a una extralimitación por parte del 'Estado niñera' y la fomentación de la 'cultura Stasi' de espías en vecindarios.