Así se puede convertir Lukashenko en el saco de boxeo geopolítico de la UE

Durante los últimos 30 años, las relaciones entre la UE y la Bielorrusia de Lukashenka han atravesado alternativamente períodos de congelación y deshielo. Cada vez que el régimen bielorruso ha sentido amenazado su poder, ha echado mano de sus herramientas represivas.

Esto es lo que ocurrió tras la farsa de las elecciones presidenciales de 2020; sin embargo, en respuesta, la UE ha mostrado poco ingenio en su actitud durante el último año. Expresó regularmente su "más profunda preocupación" y pidió a Lukashenka que celebrara nuevas elecciones libres y justas, lo que en realidad habría significado que (Lukashenka) se entregara voluntariamente a la cárcel; algo que, obviamente, nunca iba a ocurrir. Bruselas también impuso sanciones a funcionarios bielorrusos, pero estas no afectan a los intereses económicos ni dentro de Bielorrusiani de la Unión Europea. Naturalmente, hoy Lukashenka sigue reprimiendo a la sociedad civil en Bielorrusia y encarcelando a sus opositores.

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Hay explicaciones racionales para el enfoque de la UE. Hace tiempo que en Europa se discute la eficacia de las sanciones económicas y su dimensión ética. En el último año, los principales argumentos de quienes se oponen a asestar un golpe a la economía bielorrusa se han concentrado en el riesgo de que las sanciones fracasen y aumenten la dependencia de Minsk con respecto a Moscú. Otros sostenían que sería inaceptable "castigar a la gente corriente", que ya está bajo el yugo de un régimen autoritario. Sin embargo, la detención en mayo de Raman Pratasevich, después de que el régimen desviara por la fuerza un vuelo de Ryanair, dejó claro que no sólo los bielorrusos de a pie pueden ser víctimas de la agresión de Lukashenka, sino que los ciudadanos de la UE también pueden verse afectados.

La detención ha obligado a los líderes de la UE a examinar de nuevo la crisis política y cambiar de rumbo. En los últimos meses, en las capitales europeas se ha empezado a hablar de infligir un castigo más severo al régimen de Lukashenka por su violación de las normas internacionales. Y cuando la semana pasada la UE aprobó sanciones adicionales, estas se dirigieron a los sectores más rentables de la economía bielorrusa: el petróleo, la potasa (un mineral que contiene potasio en forma hidrosoluble) y la banca. Con este nuevo telón de fondo, la cuestión del bienestar de los bielorrusos ha quedado relegada y la idea de los líderes de la oposición bielorrusa de que la gente está "dispuesta a ser paciente" —a experimentar algo de dolor por la ganancia a largo plazo de derrocar a Lukashenka— finalmente ha sido escuchada por los políticos europeos. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, explicó la lógica del nuevo planteamiento comparándolo con una tortilla, que "no se puede hacer sin romper los huevos".

Los "huevos rotos" no deben entenderse únicamente como un deterioro de la situación socioeconómica de los bielorrusos. Aunque está previsto que las sanciones sectoriales adoptadas tarden un tiempo y no afectarán a la economía de forma inmediata, también tendrán implicaciones para los países de la UE. Por ejemplo, Lituania puede sufrir pérdidas multimillonarias por las restricciones al comercio de fertilizantes de potasa, que envía a través de su puerto de Klaipeda. El mismo tipo de restricciones a los productos petrolíferos impactará a Letonia de forma similar. Las sanciones contra los sectores de la banca y las telecomunicaciones atañen directamente a los intereses de las empresas austriacas, que habían aprendido a beneficiarse de la cooperación con las autoridades bielorrusas. Las consecuencias económicas son inevitables para ambas partes.

No obstante, sigue siendo una gran incógnita si este nuevo método dará los resultados políticos deseados. Por un lado, abundan los ejemplos en todo el mundo de sanciones económicas duras que consolidan regímenes autoritarios en lugar de debilitarlos, destruyendo simultáneamente la economía de un país y empeorando la situación de los derechos humanos. Por otro lado, los efectos económicos del bloqueo de sectores enteros de la economía bielorrusa podrían provocar reacciones inéditas entre la población, pero también entre las estructuras de poder de Bielorrusia. Incluso los partidarios de Lukashenka ven cada vez más claro el coste creciente para el país —y para sus bolsillos personales— de su permanencia en el poder. El nuevo enfoque de la UE también podría desencadenar nuevos errores por parte del gobierno bielorruso, provocados por las reacciones viscerales del caudillo bielorruso ante el deterioro de su muy poco envidiable posición.

El precio económico y político de respaldar a Lukashenka también aumentará para Moscú, incrementando el gasto presupuestario y animando a Vladimir Putin a buscar opciones más baratas para mantener su influencia sobre Bielorrusia. En conjunto, todo esto podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en la crisis política, y, a su vez, hacer que la UE juegue un papel importante en la resolución final de la misma.

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Pero el poder bielorruso no ha mostrado signos de retirada hasta ahora. Al contrario, Bielorrusia se ha retirado de la Asociación Oriental —el programa de la UE que busca acercarse a los Estados postsoviéticos— y ha instado al embajador de la UE a regresar a Bruselas. Además, el gobierno ha suspendido el Acuerdo de Readmisión de residentes ilegales con la UE y sigue organizando vías para que los migrantes de Irak y otros países de Oriente Medio atraviesen su territorio y lleguen a las vecinas Lituania, Letonia y Polonia, con el objetivo de crear una crisis humanitaria y obligar a la UE a retroceder. El número de inmigrantes ilegales en la frontera entre Bielorrusia y Lituania ya ha superado en más de siete veces las cifras del año pasado. El contrabando de cigarrillos producidos en Bielorrusia también está batiendo nuevos récords: desde principios de año, las aduanas lituanas han incautado más de 1,7 millones de cajetillas en la frontera, cuyo valor asciende a más de 5 millones de euros. Lukashenka confía en que esta "estrategia agresiva", que ha dado resultado a lo largo de su trayectoria, vuelva a funcionar.

Sin embargo, esta vez parece estar jugando en su contra. Estas actuaciones no hacen más que reforzar el estatus ilegítimo del régimen y afianzar la posición en contra de todos los miembros de la UE. El aumento de la emigración y el contrabando, permitido y fomentado por Bielorrusia, ya ha dejado de ser un asunto de relaciones puramente bilaterales con sus países vecinos, para convertirse en un problema en la frontera oriental para toda la UE y la OTAN. De ahí viene la sensación de que la UE está dispuesta a asumir riesgos y a incurrir deliberadamente en importantes pérdidas económicas si con ello se acerca el fin de la era Lukashenka. La sencilla razón es que el coste estratégico de las amenazas militares, políticas y humanitarias que plantea el actual gobierno bielorruso para los europeos puede resultar mucho mayor que las posibles pérdidas económicas. A menudo se critica a Europa por su incapacidad o falta de voluntad para convertirse en una verdadera fuerza geopolítica. La última reacción demuestra que la UE tiene colmillo y está dispuesta a utilizarlo, incluso sacrificando algunos intereses específicos para ello. La crisis de Bielorrusia sirve en muchos sentidos para comprobar si la Unión Europea es capaz de aprender de sus errores y convertirse en un actor capaz de cambiar las reglas del juego en su propia vecindad. Sin duda, las nuevas habilidades que Bruselas está adquiriendo en su enfrentamiento con Minsk resultarán útiles más adelante en otras regiones del mundo.

* Análisis publicado originalmente en inglés por el European Council of Foreign Relations bajo el título The EU and Belarus: First steps to flexing European geopolitical muscle.