España y otros 12 países europeos señalan a Hungría ante la Comisión por su nueva ley anti LGTBI

A Judit Varga le gusta pelearse. En parte es su trabajo. Es la ministra de Justicia de Hungría, y cuando ha aterrizado en Luxemburgo esta semana para una serie de reuniones del Consejo de la Unión Europea, la ministra húngara, una auténtica escudera del primer ministro Viktor Orbán y la portavoz exterior de la deriva autoritaria que vive el país, sabía que iba a haber mucha pelea. Sus mensajes en redes sociales no dejan mucho lugar a dudas: “¡No sucumbiremos a los chantajes, defenderemos el honor de nuestra patria!”.

Hace una semana Hungría enmendó una ley con la que prohíbe abordar la homosexualidad en las escuelas, como también “promoverla” a través de películas. "La pornografía y los contenidos que representen la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad no deben ser accesibles a menores de 18 años”, señala el texto aprobado por el parlamento húngaro.

Este martes, en los márgenes de la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos, trece titulares han firmado un comunicado conjunto en el que critican con dureza los últimos pasos dados por el Gobierno húngaro. Las enmiendas “representan una forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género y, por lo tanto, merece ser condenada. La inclusión, la dignidad humana y la igualdad son valores fundamentales de nuestra Unión Europea y no podemos negociar con estos principios”, señalan los trece firmantes, entre los que se encuentra España. Los otros Estados miembros que han firmado el comunicado son Bélgica, que ha sido el promotor de la propuesta, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Letonia. Portugal no ha firmado por ostentar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

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“Estas enmiendas también violan la libertad de expresión, al restringir la libertad de opinar y recibir y difundir información sin interferencia de ninguna autoridad pública, tal como se consagra en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estigmatizar a las personas LGBTIQ es una clara violación de su derecho fundamental a la dignidad, consagrado en la Carta de la UE y el derecho internacional”, señalan los trece titulares, que piden a Bruselas que tome cartas en el asunto. “Instamos a la Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, a utilizar todos los instrumentos a su disposición para garantizar el pleno respeto de la legislación de la UE, incluso mediante el procedimiento de remitir el asunto al Tribunal Europeo de Justicia”, señala el texto.

La Comisión Europea ya reaccionó la semana pasada.“Estamos evaluando si infringe la legislación pertinente de la UE. Creo en una Europa que abrace la diversidad, no una que se la oculte a nuestros hijos”, escribió la semana pasada en redes sociales Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario.

Choque frontal

Ya existe una tensión continua en las relaciones entre Budapest y Bruselas, pero estos últimos días ha aumentado todavía más. La respuesta del Gobierno húngaro al mensaje enviado por Von der Leyen fue muy agresiva incluso para los parámetros del Ejecutivo magiar, que suele ser muy duro. “Estimada Von der Leyen, como madre de 7 hijos, seguramente entiendes la importancia de poder educar a tus hijos sobre estos delicados asuntos como mejor te parezca a ti. De eso se trata esta ley. Ah, y también sobre la creación de graves repercusiones criminales por actos de pedofilia”, escribió en redes sociales Zoltán Kovacs, secretario de Estado húngaro de Comunicación Internacional, dando en una clave del discurso del Gobierno magiar: vincular en su discurso la pedofilia con la homosexualidad. “Como demócrata cristiana, ¿con qué parte de lo anterior tiene un problema?”, escribió.

Varga, la escudera de Orbán, ha respondido también este martes con muchísima dureza, atacando directamente a Michael Roth, ministro de Asuntos Europeos alemán. “No es un valor europeo llevar a cabo propaganda sexual sobre nuestros niños. Nuestro valor es respetar la libertad de opinión de las familias y garantizar la crianza sin interrupciones de nuestros hijos, libre de cualquier interferencia sexual del lobby”, ha escrito en redes sociales.

No era un día cualquiera, porque el Consejo de Asuntos Generales abordaba la situación del Estado de derecho en Hungría. Budapest tiene activado el artículo 7 de los Tratados, una cláusula creada con el objetivo de poder llegar a castigar a los países que atacan los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 de los Tratados, como por ejemplo es la independencia judicial. Sin embargo, este procedimiento ha demostrado no ser útil al ser necesaria la unanimidad para llegar a las últimas consecuencias del artículo 7: la suspensión del derecho a voto en el Consejo. Por eso, y con la fuerte oposición de Hungría y Polonia, que también tiene activado el artículo 7, la Unión Europea ha acordado un mecanismo de Estado de derecho para congelar los fondos europeos a países que incumplan esos estándares mínimos.