Víctima del Brexit: una chica española, 5 días encerrada en un CIE por no tener 'papeles'

Una joven valenciana de 25 años ha pasado cinco días retenida en un Centro de Internamiento de Extranjeros al regresar al Reino Unido, donde ya había estado viviendo en 2019, para intentar buscar nuevas oportunidades laborales. Pese a que esta tarde se informó que fue liberada del establecimiento ha sido liberada y que podrá pasar el resto de la cuarentena con su hermana, el caso pone de manifiesto el “ambiente hostil” contra los inmigrantes que impera en suelo británico desde la entrada en vigor y a efectos prácticos del Brexit el pasado 1 de enero.

Desde hace tiempo, las organizaciones que velan por los derechos de los comunitarios residentes venían advirtiendo que todo aquel que no regularizara su estatus quedaría en situación ilegal, sin importar el tiempo que llevara en el país o incluso si había contraído matrimonio con un británico. Y al Gobierno de Boris Johnson no le tiembla ahora el pulso para ejecutar la nueva Ley de Inmigración y recalcar que ya no existe la libertad de movimiento.

María (nombre ficticio) llegó el pasado lunes a las 16.00 horas al aeropuerto londinense de Gatwick. La valenciana ya había estado trabajando en el Reino Unido unos meses durante 2019 y ahora había decidido regresar para buscar nuevas oportunidades.

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Al salir del avión, los agentes fronterizos le pidieron la documentación habitual: pasaporte, PCR negativa y los motivos de su entrada. Pero cuando María explicó sus intenciones, los agentes le informaron que su entrada era ilegal, por lo que la debían detener hasta resolver su caso. De nada sirvió que María especificara que tenía familiares viviendo en el Reino Unido.

Al haber trabajado anteriormente en el país, la valenciana tenía el llamado National Insurance Number, el código que te asignan al comenzar tu vida laboral. Sin embargo, no tenía el “estatus de asentamiento” por lo que, a todos los efectos, era una inmigrante ilegal.

Los comunitarios residentes en el Reino Unido deben registrarse como asentados o preasentados (si llevan menos de cinco años) para conservar todos sus derechos, entre ellos, el acceso a la sanidad pública. Todo aquel que estuviera viviendo en el país, o pasado al menos un día en el último semestre de 2019, antes del 31 de diciembre del pasado año, tiene todavía de plazo hasta el 30 de junio para realizar los trámites.

Todo aquel que quiera entrar en el Reino Unido debe tener una oferta de empleo, ganar una media de 30.000 euros anuales y hablar inglés

Al no haber regularizado su situación, a María se le aplicaba, por tanto, la nueva Ley de Inmigración basada en el sistema de puntos australiano, uno de los más estrictos del mundo, por la cual, todo aquel que quiera entrar desde el 1 de enero en el Reino Unido debe tener previamente una oferta de empleo, ganar una media de 30.000 euros anuales y hablar inglés.

No obstante, El Confidencial tiene constancia de otro caso de una joven del País Vasco que también llegó el pasado lunes a Gatwick, pero no la llevaron a ningún centro de internamiento, sino que la dejaron retenida en el aeropuerto hasta que salió el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Desde la entrada en vigor del Brexit, si es por turismo, se permite entrar en el Reino Unido hasta seis meses sin dar más explicaciones. Pero para aquellos que quieren “probar a encontrar un trabajo” ya no existe la libertad de movimiento.

Según Oriol Arnedo, un amigo de María, los agentes fronterizos la llevaron a una habitación junto a un grupo de otros siete u ocho pasajeros también en situación irregular y “requisaron sus móviles para evitar hacer llamadas”. “La informaron que sería trasladada a un centro de detención hasta resolver su situación, sin especificar a cuál de ellos. María propuso comprar el primer vuelo de regreso a España para irse, pero los agentes explicaron que no era posible y que, en caso de deportación, serían ellos los encargados de organizarla”, asegura.

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Los agentes proporcionaron el número de teléfono de la habitación de Gatwick a un familiar, pero al llamar, según relata Oriol, “un chico canario, también detenido con entrevista de trabajo para el día siguiente, dijo que María y otras chicas habían estado allí hasta las 2.00 de la madrugada, pero que ya se las habían llevado, aunque no sabía dónde”.

Tras llamar a varios centros, los familiares pudieron localizarla finalmente en Yarl's Wood Immigration Removal Centre, situado a las afueras de Bedford, a unas dos horas en coche de Londres. Se trata de centro de detención donde hombres y mujeres comen por turnos y tienen un jardín para pasear.

Según ha podido saber El Confidencial, hasta el miércoles por la noche los familiares de María no supieron de nuevo de ella. Su hermana y mejor amiga (ambas residentes en Reino Unido) la fueron a visitar, pero cuando ya estaban en el centro tuvieron que irse porque toda la sección de detenidos se encuentra en aislamiento por covid, después de que uno de los internos haya dado positivo. “Ella está bien aunque tiene frío y no tiene acceso a parte de su equipaje ni a ningún aparato electrónico. Se comunica de vez en cuando con el exterior con su hermana que vive en Reino Unido a través de un teléfono del centro, pero nada más”, explicaron.

Horas más tardes, este diario pudo saber que María había sido liberada y que se le permitió pasar el resto de la cuarentena en casa de su hermana. Sin embargo, el centro continúa reteniendo su pasaporte.

Los medios británicos hablan de una treintena de casos de ciudadanos comunitarios detenidos desde principios de año

Fuentes diplomáticas consultadas por este diario señalan que desde que el Consulado de Londres tuvo constancia de este caso, a la joven se le está ofreciendo asistencia consular y ayuda legal para verificar que está bien y se están respetando sus derechos. Las autoridades españolas están en contacto con las británicas y esperan que la situación se solucione con la mayor brevedad posible.

No obstante, no se trata de un caso aislado. Fuentes diplomáticas comunitarias han expresado su preocupación por el traslado de los ciudadanos de la UE a este tipo de centros, donde llegan a estar retenidos hasta siete días, una medida calificada de “extrema”.

La Home Office (Ministerio del Interior británico) no ha publicado datos oficiales sobre el número de ciudadanos comunitarios detenidos desde principios de año. Pero los medios británicos hablan de una treintena de casos que involucran a ciudadanos alemanes, griegos, italianos, rumanos y españoles.

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“Se ha repetido en los medios y muchas organizaciones lanzamos campañas para explicar el proceso [de regularización] y la necesidad de llevarlo a cabo a riesgo de expulsiones futuras del país, pero en las redes sociales nos encontramos a diario con dudas repetidas por parte de gente que parece que han estado escondidos en una cueva y no conocen los impedimentos y dificultades que se han originado a raíz de la salida de Reino Unido de la Unión Europea”, asegura David Casarejos, presidente del Consejo de Residentes Españoles del norte de Reino Unido.

“Muchos comentarios de muchos compatriotas nos explican que para verano de 2021 quieren entrar en el país y para no gastar cinco minutos de sus vidas leyendo lo que significa el Brexit para ellos, solicitan que alguien se lo dé masticado”.

Según Casarejos, el caso de que “ahora nosotros seamos los que podemos acabar en uno estos centros para inmigrantes nos extraña, y nos fastidia ver hasta qué punto ha llegado el Gobierno británico a la 'caza' de posibles ilegales en su territorio”. “Quizás esto pudiera verse sometido a reciprocidad por nuestro Gobierno en el futuro… No por represalia, sino por justicia, y asegurarnos que todos jugamos con las mismas reglas, aunque lo mejor, sin duda alguna, sería que estas actitudes desaparecieran totalmente por parte de los gobiernos”, señala. “Quizás una noticia de estas características, por desgracia para nuestra protagonista, sea clave a la hora de hacer entender que el Reino Unido ha cambiado”, añade.