Reino Unido, el paraíso de las puertas giratorias: estalla el 'Greensillgate'

Los británicos siempre han sido los grandes maestros del 'lobby', el arte de ejercer 'influencia', un término que queda mucho mejor que 'presión'. Todo en la vida, al fin y al cabo, son contactos. El que fuera primer ministro David Cameron lo sabe. Y él siempre ha tenido los mejores. Procede de una familia aristócrata emparentada en sus orígenes con el rey Guillermo IV, lo que le convierte en primo muy lejano de la actual soberana Isabel II. Solo un dato: cuando tuvo su primera entrevista de trabajo para el Partido Conservador, la formación política recibió una llamada desde el Palacio de Buckingham —que jamás ha sido identificada— asegurando que se trataba de “un joven verdaderamente prometedor”.

En cualquier caso, en febrero de 2010, convertido ya en líder del partido y a pocas semanas de celebrarse las elecciones generales que le llevarían a Downing Street, Cameron advirtió que el 'lobbying' sería el “próximo gran escándalo” del Reino Unido. Lo que probablemente no imaginó es que sería él mismo quien luego lo protagonizara. No contento con ser recordado como el hombre que convocó el referéndum del Brexit, el exlíder 'tory' está en el centro de la gran polémica que ha salpicado a todo Westminster.

El actual Ejecutivo ha pedido una investigación sobre el papel desempeñado por el ex primer ministro como asesor de Greensill Capital —la firma financiera a la que asesoraba tras abandonar su cargo y que ahora ha quebrado— después de mandar mensajes de texto y correos electrónicos al actual titular Economía, Rishi Sunak, y a otros dos miembros del Gabinete para que la compañía tuviera acceso a determinados préstamos.

Pero la cosa no queda ahí. El gran escándalo ha abierto la caja de Pandora, sacando a luz el polémico sistema de puertas giratorias que existe en las más altas esferas del propio 'civil service'. Se supone que el cuerpo de funcionariado que asesora a los Ejecutivos debe ser neutral. Pero el que fuera uno de sus máximos responsables, Bill Crothers, estuvo trabajando a tiempo parcial para Greensill Capital mientras aún estaba en Whitehall, donde se encuentran todos los ministerios.

Para ponerlo en contexto: Crothers pasó tres años como responsable de comercio del 'civil service', supervisando alrededor de 40.000 millones de libras del dinero de los contribuyentes —un puesto por el que cobraba 149.000 libras anuales—; al mismo tiempo, asesoraba a la firma que, durante años, fue la estrella mimada de la City. En noviembre de 2015 dejó formalmente la función pública para convertirse en directivo de Greensill.

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Cuando le han pedido explicaciones, Crothers ha venido a decir que es algo que está a la orden del día porque los funcionarios sénior pueden trabajar como asesores de empresas privadas en virtud de un acuerdo autorizado por la mismísima Oficina del Gabinete. Inaudito. La gran pregunta es: ¿cómo funcionan realmente los entresijos de la política británica? ¿Hasta dónde llega el escándalo del 'lobbying' del que el propio Cameron advirtió?

El actual 'premier', Boris Johnson —rival de Cameron desde sus años en Eton y Oxford—, se ha negado a respaldar a su viejo colega, asegurando que la investigación independiente tiene “carta blanca” para llegar hasta el fondo de la cuestión. Tras abandonar Downing Street, Cameron no fue especialmente amable con Johnson al publicar sus memorias y ahora el actual inquilino del Número 10 parece que quiere tomarse su revancha. La comisión estará presidida por Nigel Boardman, un experto jurista que fue durante años socio del bufete internacional Slaughter and May y en la actualidad es director no ejecutivo del Ministerio de Comercio, Energía y Estrategia Industrial.

Eso sí, Johnson ha rechazado la iniciativa de la oposición laborista de crear un comité parlamentario que examine los casos de cabildeo y posible tráfico de influencias entre funcionarios y miembros del Ejecutivo porque considera que “no aportaría nada bueno”.

Cuando se convirtió en primer ministro, Cameron prometió liderar una “revolución de la transparencia”, argumentando incluso en 2013 que un Gobierno abierto era “absolutamente fundamental para el éxito potencial de una nación en el siglo XXI”. Ahora ha roto su silencio para reconocer que había aprendido “lecciones importantes” y explicar que debería haber utilizado “los canales más formales” en lugar de mensajes de teléfono para asegurarse de que “no hay lugar para malas interpretaciones”. Sin embargo, matiza que en ningún momento ha violado “códigos de conducta ni reglas gubernamentales”.

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Y esta es la clave de todo. Si el actual sistema permite actuaciones de este tipo es porque las cosas no funcionan como deberían. A pesar de ser un exlíder mundial con una agenda de contactos por la que muchos morirían, Cameron —quien dimitió en 2016 tras el triunfo del Brexit— no tuvo que notificar su posterior trabajo en Greensill con ninguno de los principales organismos de control de Westminster.

Las reglas establecidas por el Comité Asesor de Nombramientos Empresariales (ACOBA, por sus siglas en inglés), que supervisa los nuevos trabajos de los exministros y altos funcionarios, cubren solo los dos años inmediatamente posteriores a su salida del Gobierno. El nuevo trabajo de Cameron en Greensill comenzó en 2018. Aunque el responsable de la financiera, Lex Greensill, estuvo ya previamente como asesor —sin remunerar— del Gabinete de Cameron.

El ex primer ministro laborista Gordon Brown (predecesor de Cameron) ha pedido que el periodo de supervisión del ACOB se extienda a cinco años y también ha exigido el endurecimiento de reglas para los grupos 'lobbies'. “El espectáculo de gobernantes ya retirados utilizando su prestigio e influencia para favorecer a empresas privadas y obtener ingresos privados simplemente hunde en el desprestigio a la política”, recalca.

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La Oficina de Registro para grupos 'lobbies' —creada por el propio Cameron en 2014 para garantizar la “transparencia”— tampoco proporciona ningún dato sobre las actividades del 'expremier'. Si bien los 'lobbies' consultores externos de Westminster tienen que revelar su actividad con el regulador si no quieren enfrentarse a una multa, Cameron no tenía la obligación de detallar su trabajo de influencia porque era un empleado directo de Greensill. Esta es una de las grandes lagunas que los grupos que abogan por la transparencia del sistema vienen advirtiendo desde hace tiempo.

Steve Goodrich, de Transparencia Internacional Reino Unido, recalcaba a 'Politico' que Westminster es de las “pocas democracias occidentales avanzadas que no tiene un registro completo de estas actividades, uno que cubra a todos, desde consultores hasta aquellos que trabajan internamente, con información clara sobre quién está tratando de influir en quién, sobre qué y cuándo”.

Mientras que en los Estados Unidos y Canadá hay reglas muy estrictas al respecto, en Reino Unido se basa todo en descripciones muy generales del estilo “conversación para discutir negocios” o “reunión introductoria”.

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La polémica no solo sacude al ex primer ministro. Otra de las grandes cuestiones que se plantea ahora es cuáles son las prácticas actuales del 'civil service'. La controvertida actuación de Bill Crothers, en su momento uno de los principales funcionarios, podría ser tan solo la punta del iceberg.

Crothers ha revelado al ACOBA que asumió un papel a tiempo parcial como asesor de la junta de la financiera Greensill Capital en septiembre de 2015, mientras que aún trabajaba en la Administración pública. Explica que el nombramiento fue acordado por la “política de conflictos de intereses internos” de la Oficina del Gabinete y apoyado por los propios líderes del organismo en ese momento. Por lo tanto, nunca necesitó informar sobre su nuevo papel.

El ACOBA ha abierto ahora también su particular investigación pidiendo explicaciones a la Oficina del Gabinete y demandando una lista completa con los detalles de los funcionarios que tienen o han tenido otro empleo parcial en el sector privado.