La UE publica el contrato 'censurado' de la vacuna y pide inmunizar al 70% en verano

Son 67 páginas que hasta ahora solamente estaban al alcance de algunos eurodiputados que podían ir a leerlas a una sala de la Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria, pero sin poder sacar fotos ni hacer vídeos del texto: solamente podían acceder a la sala con un lápiz y papel. Este martes, Bruselas ha hecho públicos esos 67 folios de documento que hasta hace solamente unos días guardaba bajo llave.

La misma mañana del martes Stella Kyriakides, comisaria de Salud, ha tenido que soportar las fuertes críticas de los eurodiputados durante un Pleno celebrado en Bruselas. Los eurodiputados se quejaban de las condiciones estrictas que les exigían para poder leer el documento. Y, además, cuando estaban frente a frente con los folios del contrato que la Comisión Europea cerró con CureVac para obtener dosis de su vacuna contra el coronavirus, se encontraban con muchas partes tachadas. Lo que en el argot se califica como una “versión redactada”.

Marc Botenga, eurodiputado belga de la Izquierda Unitaria Europea, y uno de los primeros miembros de la Eurocámara en acceder a la habitación de lectura del contrato, señalaba que el valor de la información era muy limitado: demasiadas partes “redactadas”, tachadas, que impiden tener una imagen completa. No solamente no pueden acceder al precio que se ha pagado, algo que sí se conoce en el caso de los contratos que otros países, como Estados Unidos, han negociado con las farmacéuticas, sino que tampoco se tiene acceso a otro tipo de información, como las referidas a la responsabilidad civil.

Paschal Canfin, eurodiputado liberal francés, ha sido uno de los más duros este martes con Kyriakides durante la celebración del Pleno. “De los seis párrafos sobre responsabilidad jurídica de las farmacéuticas dos están tachados y no se pueden leer”, ha criticado el galo en la Eurocámara. Y, efectivamente, buena parte del capítulo dedicado a las indemnizaciones está mutilado.

Sin embargo, sí se pueden leer partes del mismo que confirman lo que en realidad ya se sabía: los Estados miembros pagan. Y lo pagan prácticamente todo. “Cada Estado miembro participante indemnizará y mantendrá indemne al contratista, sus afiliados, subcontratistas y sublicenciatarios, incluidos los socios contractuales involucrados en la investigación, el desarrollo (incluidas las pruebas preclínicas y clínicas), la fabricación y / o entrega”, señala el texto publicado por la Comisión Europea.

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En esa sección del contrato se habla de una serie de condiciones que se tienen que cumplir para la indemnización, pero justo el párrafo en el que se señalan cuáles son esas condiciones que deben cumplirse se encuentra completamente tachado.

“Las Partes reconocen que los plazos de desarrollo acelerados para entregar el ensayo clínico y el programa de seguimiento acordado con EMA significa que el contratista, bajo ninguna circunstancia, puede garantizar o asumir responsabilidad alguna, en el momento de la entrada en vigor de este APA (el acuerdo de compra adelantada), que el Producto estará finalmente disponible o producirá los resultados deseados, es decir, muestra suficiente eficacia para prevenir una infección por COVID-19, o no presenta efectos secundarios inaceptables”, señala el contrato. “Los Estados miembros participantes están dispuestos a compartir esos riesgos, lo que incluye la obligación de los Estados miembros participantes de indemnizar al contratista en caso de responsabilidad incurrida, liquidaciones pagadas y ciertos costes relacionados con reclamaciones de terceros con respecto a esos riesgos en virtud de las condiciones establecidas en este APA. La Comisión y los Estados miembros participantes reconocen que el uso de los Productos se producirá en condiciones epidémicas que requieran dicho uso y que, por tanto, la administración del Producto se llevará a cabo bajo la exclusiva responsabilidad de los Estados miembros participantes”, señala uno de los primeros párrafos del contrato.

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A muchos eurodiputados no les ha sentado bien este movimiento: tras habilitar únicamente una sala inicialmente durante tres días, con visitas limitadas a 50 minutos y bajo unas estrictas condiciones, la Comisión Europea decide hacer pública esa versión de la que no permitía ni siquiera sacar fotografías cuando muchos miembros del Parlamento Europeo todavía ni habían podido visitar la sala de lectura.

La vacunación es la prioridad

La prioridad para Bruselas es recuperar la normalidad. Y tanto en la Comisión Europea como en todas las capitales de la Unión saben que solamente hay una forma de hacerlo: vacunando, vacunando y vacunando. Por eso, el cierre de contratos con farmacéuticas se convirtió en una prioridad para el Ejecutivo comunitario. Ahora, con seis contratos cerrados y unas 2.000 millones de dosis previstas, la prioridad es utilizarlas.

El vicepresidente Margaritis Schinas y Stella Kyriakides han presentado este martes el nuevo plan europeo que establece que en marzo deberían vacunarse al 80% de las personas mayores de 80 años y personal sanitario, y que para verano debería haberse inyectado la vacuna al 70% de la población adulta. ¿Se puede conseguir? Schinas responde: será "perfectamente posible" cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) apruebe nuevas vacunas y se aumente la producción en las próximas semanas.

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Eso permitiría tener un verano algo más normal que el anterior. Algo que las economías de los países más golpeados por los efectos económicos de la pandemia, que son los especialmente dependientes del turismo, como España, Italia o Grecia, puedan contar con una campaña de verano más positiva que en este curso, amortiguando los efectos económicos de la pandemia sobre el PIB en 2022.

En su comunicación, el Ejecutivo comunitario también solicita que los Estados miembros acuerden una forma de reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación. Es decir, que lleguen a un acuerdo en lo que se ha llamado “pasaporte de inmunidad” o “pasaporte de vacunación”, que permitiría a los ciudadanos ya vacunados viajar sin restricciones. Es una propuesta lanzada por Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, que ha tenido buena acogida en Bruselas y en muchas otras capitales. Hay países que, de hecho, ya trabajaban en esa idea, como por ejemplo Dinamarca. Otros Estados miembros, como Francia, donde hay un alto porcentaje de ciudadanos escépticos respecto a la vacunación, se muestran más reticentes.

Buena parte de la comunicación está dirigida a lograr una normalización de la situación para verano y a facilitar la libertad de movimiento. Esos dos elementos serían claves para una buena campaña de turismo mediterráneo, algo que resulta importante para Madrid, Roma o Atenas, especialmente a la vista de una tercera ola en este 2021 que puede seguir lastrando la economía de los Estados miembros del sur, donde fuentes europeas alertan del aumento de los desequilibrios y la ampliación de la brecha que separa a los países de la Eurozona.

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La comunicación ha estado en negociación hasta el último momento para medir bien cada palabra y evitar que parezca que la Comisión Europea se entromete en las campañas de los Estados miembros. Pero también busca reforzar la estrategia seguida por Bruselas, justo cuando la idea de compra conjunta ha sido muy criticada, especialmente por Alemania, desde donde han llegado las mayores críticas. Markus Söder, primer ministro de Baviera y líder de la CSU, partido hermano de la CDU de Angela Merkel, ha acusado a Bruselas de tener “demasiada burocracia” lo que ha hecho que se ordenen “muy pocas vacunas adecuadas”.

Pero la estrategia de la Comisión Europea siempre fue clara: diversificar al máximo su porfolio con vacunas para asegurarse de que ya fuera con una u otra farmacéutica, la Unión Europea tuviera un acceso más o menos rápido a las primeras dosis. Eso ha hecho que, por ejemplo, los Veintisiete no tuvieran desde el principio un contrato masivo con Pfizer/BioNtech, aunque ahora el Ejecutivo comunitario ha anunciado la compra de 300 millones de dosis más, lo que eleva a 600 millones las dosis contratadas con dicha firma.

Además, el Ejecutivo comunitario ha hecho un llamamiento este martes para aumentar la capacidad de los Estados miembros a la hora de secuenciar el covid-19 con el objetivo de identificar nuevas cepas, como la británica, un punto importante a la hora de controlar una pandemia que, según ha explicado la propia Kyriakides ante el Parlamento Europeo este martes, aún está lejos de ser superada por parte de la Unión Europea. “Los Estados miembros deberían aumentar urgentemente la secuenciación del genoma al menos al 5% y preferiblemente al 10% de los resultados positivos de las pruebas. En la actualidad, muchos Estados miembros están analizando menos del 1% de las muestras, lo que no es suficiente para identificar la progresión de las variantes o detectar nuevas”, señala el Ejecutivo comunitario.