UK prepara una ley de 'carta blanca': ¿debe el Estado cometer delitos para protegernos?

El Gobierno británico está tramitando una ley en Westminster para que los espías puedan cometer delitos a fin de proteger su identidad, siempre y cuando sean “necesarios”, “proporcionados” y “justificados ante el interés público”. Entre estos, no se descarta explícitamente asesinato, tortura o violencia sexual. Las organizaciones de derechos humanos denuncian la “falta de salvaguardas”, pero el Ejecutivo defiende que la normativa proporcionará una base jurídica para que los Servicios Secretos, Policía y las agencias públicas puedan mantener la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. De todas las cosas que podría imaginarse uno que haría el Parlamento británico -sede de una de las democracias más antiguas de Europa- legalizar la delincuencia sería una de las menos probables. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en Londres.

¿Licencia para matar? ¿Carta blanca para las cloacas del Estado? Lo cierto es que el debate es mucho más complejo de lo que parece. Lo primero, olvídense de James Bond. Si a lo largo de la historia las autoridades han podido desmantelar células terroristas que tenían intención de cometer atentados, redes de pedófilos, organizaciones de tráfico humano o carteles de narcotraficantes es porque han tenido a gente infiltrada. Los espías, en muchas ocasiones, no son agentes del MI5, sino ciudadanos que han sido reclutados por las autoridades. En muchas ocasiones son delincuentes.

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Y es entendible. Para detener a los traficantes seguramente primero haya que ayudar a distribuir mercancía y para entrar en una célula terrorista haya que ayudar primero a recaudar dinero. En definitiva, para acabar con “los malos” en muchas ocasiones se tiene que trabajar mano a mano con “los malos”. Al fin y al cabo, ¿los terroristas van a confiar en uno que piensan que es de los suyos o van a dar toda la información a un tipo que simplemente pasaba por allí?.

Ahora bien, ¿eso también significaría que personajes como el comisario, ex comisario, o lo que quiera que sea el señor Villarejo quedaría impone de cualquier delito? En las cloacas del Estado siempre ha habido gente que se mueve en la fina línea de la legalidad e ilegalidad, entre el bien y el mal.

¿Hasta qué punto confía usted en que el Estado tenga que realizar operaciones en la sombra para protegernos?

Por lo tanto, el debate que aquí se plantea es uno de los más complejos de la democracia moderna: ¿Hasta qué punto confía usted en que el Estado tenga que realizar operaciones en la sombra para protegernos a todos y cada uno de nosotros, sin saber todo lo que implican esas operaciones?

En el Reino Unido, la llamada “The Covert Human Intelligence Sources (CHIS) Bill” (el proyecto de ley de fuentes encubiertas de Inteligencia) ha pasado ya toda la fase de tramitación en la Cámara de los Comunes. Actualmente se encuentra en la Cámara de los Lores y si no hay enmiendas se puede convertir en ley antes de navidades.

La legislación crea una licencia, o estrictamente hablando una “autorización”, para que los agentes encubiertos y los informantes puedan cometer delitos si es estrictamente necesario para proteger su identidad.

Fuentes encubiertas de inteligencia humana

Las autoridades defienden que estas fuentes encubiertas de inteligencia humana (CHIS) son absolutamente vitales para las operaciones. Cada complot de terrorismo frustrado en los últimos años ha involucrado algún tipo de CHIS. Fue el caso, por ejemplo, del joven Naa'imur Rahman, de 20 años, que fue detenido antes de atacar Downing Street con la intención de matar a la entonces primera ministra Theresa May.

Aunque no sólo hay operaciones dirigidas a la parte más oscura del crimen organizado, como el tráfico de drogas y armas, el tráfico de personas o redes de abuso sexual infantil. La Agencia de Medio Ambiente a veces también realiza trabajos encubiertos en el vertido de desechos tóxicos y, entre otros, el organismo de control de medicamentos necesita de infiltrados para detener mercado negro de fármacos falsificados.

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Si bien hasta ahora ha habido muy poca información en el dominio público sobre las estrategias utilizadas lo cierto es que la criminalidad encubierta siempre ha estado ahí a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué existe esta urgencia por parte del Gobierno para sacar adelante esta ley?

La explicación está en la batalla legal que tuvo lugar en 2018, cuando los grupos pro derechos civiles Reprieve y Privacy International ganaron el caso ante el Tribunal de Poderes de Investigación, obligando a los funcionarios a admitir que existía un poder por el cual el primer ministro puede dar permiso para que, en casos excepcionales y siempre que sea en beneficio del bien público, los espías puedan violar la ley.

Por lo tanto, si el proyecto de ley CHIS que se tramita ahora en Westminster no se aprueba, existe un riesgo significativo de que este desafío legal a las reglas existentes -o más bien la falta de claridad en torno a ellas- pueda ir en un momento dado contra el Gobierno de turno en el Tribunal de Apelación o, peor aún, en la Corte Suprema. O visto de otra manera, sin ley que les proteja, los informantes infiltrados podrían quedar fuera de operaciones que podrían estar salvando vidas. Por lo tanto, ¿el Gobierno quiere proteger a los infiltrados o se quiere proteger así mismo?

No podrían ser procesados

Con la nueva regulación, las agencias de seguridad, Policía y Servicios Secretos podrían reclutar y autorizar a un agente o cooperante para que actuara de incógnito. El nuevo sistema permitiría de manera oficial cometer delitos específicos como parte de este trabajo, por lo que, tanto el “delincuente” como los oficiales que supervisan la operación no podrían ser procesados.

Ahora bien, ¿qué delitos se podrían cometer para proteger la identidad del espía? El proyecto de ley simplemente especifica que se “debe tener en cuenta” los requisitos de la Ley de Derechos Humanos.

¿Pagaría a un pedófilo convicto 12.000 euros por ayudar en una investigación? ¿Y si esa investigación termina con una red de 20 pederastas?

Dicha ley proporciona algunas garantías mínimas sobre cómo el Estado debe tratar a las personas. Entre otras, señala que todo individuo tiene derecho a la vida, derecho a no ser torturado, sometido a tratos inhumanos o degradantes o detenido ilegalmente. En teoría, por tanto, los espías no estarían autorizados a cometer un acto de violencia, pero los críticos advierten que no queda lo suficientemente claro.

La ley sobre fuentes encubiertas de Inteligencia equivalente en Canadá prohíbe que un agente se involucre en asesinatos, violencia sexual y otros delitos graves. El problema desde la perspectiva del Estado británico es que este tipo de prohibiciones explícitas corren el riesgo de delatar al informante.

Su postura es que, cuanta más información tengan “los malos” sobre cómo operarán los infiltrados, más fácil les será identificarlos. En caso de terrorismo y el crimen organizado grave, esto significaría que el agente o cooperante puede terminar asesinado.

Esta es la única razón por la que, hoy en día, las autoridades en el Reino Unido ni confirman ni niegan lo que sucede en las sombras. En teoría, es cierto que, cuanto menos se sepa, mayores serán las posibilidades de ejecutar operaciones exitosas. Pero, en la práctica, las campañas pro derechos civiles denuncian que se puede incurrir fácilmente en abusos del sistema.

"Operación Shelter"

Y luego está la cuestión de lo que es moral o no. Por ejemplo, ¿pagaría a un pedófilo convicto 12.000 euros por ayudar en una investigación? ¿Y si resulta que esa investigación termina luego con una red de 20 pederastas? Cuando en 2017 salieron a la luz los detalles de la “Operación Shelter”, muchos se echaron las manos a la cabeza, entre ellos víctimas de abusos, pero el agente que pagó a su informante recalcó que lo volvería a hacer si fuera necesario para salvar vidas.

El proyecto de ley es tan controvertido que su paso por la Cámara de los Comunes no ha sido fácil, especialmente para la oposición laborista, cuyo líder, Keir Starmer, antes de meterse en política, fue reputado abogado de casos de derechos humanos y posteriormente Fiscal General del Estado.

Durante la tramitación en la Cámara Baja, Starmer sufrió la mayor rebelión de su liderazgo después de que 34 diputados de sus propias filas (incluido Jeremy Corbyn, el anterior dirigente del partido) votaran en contra.

El "problema" irlandés

A la complejidad del debate en sí, en el Reino Unido se suman además los casos aún no resueltos de los llamados “Troubles”, como se denomina al sangriento y largo conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte que terminó con la firma de paz del Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

En 1989, el abogado de Belfast Pat Finucane fue asesinado a tiros en la mesa del comedor de su casa ante la presencia de su familia por un “loyalista” (los que luchaban para mantenerse dentro del Reino Unido) que resultó luego ser un informante de los Servicios Secretos. La familia de la víctima está luchando porque haya una investigación pública completa y advierte ahora que el proyecto de ley ayudaría a encubrir “crímenes horrendos”. Pero, al mismo tiempo, precisamente porque en los “Troubles” se trabajaba con infiltrados se logró desmantelar muchos otros intentos de atentados.

En definitiva, el debate más complejo de la democracia moderna está lleno de luces y sombras. Pero la clave de todo se reduce a la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto confía en que el Estado tenga que realizar operaciones encubiertas para protegernos a todos y cada uno de nosotros, sin saber todo lo que implican esas operaciones?