Bruselas propone cambios en las sanciones que evitarían casos como el 'Delcygate'

En un intento por reforzar sus herramientas en política exterior, y como prometió Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, la Comisión Europea ha presentado una propuesta legislativa que tiene como objetivo simplificar el proceso para sancionar a individuos y entidades involucradas en violaciones de los derechos humanos, en lo que se ha calificado como una “Ley Magnitsky” europea. Las sanciones consisten en la congelación de activos y una prohibición de viaje, que, como se vio en el caso del paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Madrid, no siempre era fácil de hacer cumplir.

Estados Unidos aprobó en 2012 la ley Magnitsky para sancionar a individuos extranjeros envueltos en casos de corrupción o de violación de derechos humanos, y buscaba, en un principio, sancionar a los implicados en la muerte en 2008 de Sergei Magnitsky, un asesor fiscal que denunció importantes casos de corrupción en Rusia y que acabó muriendo en custodia policial. Ahora la UE se inspira en ella para poner en marcha una “lista negra” para los ataques contra los derechos humanos, como ya tiene para ciberataques, uso de armas químicas (recientemente utilizada en el 'caso Navalny') y terrorismo.

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Alicia Alamillos

La medida propuesta este lunes por el Ejecutivo comunitario no resuelve el que, para muchos en Bruselas, incluido Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, es el principal problema en política exterior de la Unión Europea: una lentitud y falta de convicción derivada de la necesidad de un voto unánime para aprobar medidas en materia de Exteriores. Una demostración ha sido el mes que le ha tomado a los socios europeos pasar de un acuerdo político para aplicar sanciones contra Bielorrusia, a aprobar definitivamente las medidas, debido al bloqueo de Chipre, que pedía acciones similares contra Turquía por sus exploraciones petrolíferas y gasísticas.

Hasta ahora el Ejecutivo comunitario se aseguraba de la congelación de bienes, pero no de hacer cumplir la prohibición de entrada en la UE

Esta 'Ley Magnitsky' europea fue solicitada por el Consejo de Asuntos Exteriores en diciembre de 2016 y “permitirá una mayor flexibilidad para perseguir a los responsables con independencia de donde hayan cometido los actos o quiénes sean”, ha explicado en una rueda de prensa Maros Sefcovic, vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

El 'Delcygate'

En parte, el objetivo de la Comisión Europea es ganar, de alguna manera, competencias en política exterior. Y la ronda de contactos previa a la presentación de la propuesta hace a Sefcovic tener esperanzas. Bruselas quiere supervisar el cumplimiento de las prohibiciones de viaje, algo que, por ejemplo, habría servido para dirimir (y sancionar en caso afirmativo) si se incumplió o no el régimen de sanciones europeas contra cargos venezolanos en el famoso ‘Delcygate’, la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al aeropuerto de Madrid en el que se vio con el ministro José Luis Ábalos. Una controversia en la que el Ejecutivo comunitario no tuvo entonces nada que decir: insistía una y otra vez que eran los Estados miembros los que debían asegurarse de que se cumpliera. Hasta ahora el Ejecutivo comunitario realizaba el trabajo de asegurarse de la congelación de bienes, pero no así de hacer cumplir la prohibición de entrada en la Unión Europea.

La propuesta se ha visto impulsada por una serie de sanciones que el bloque comunitario ha aplicado en las últimas semanas. Recientemente la Unión Europea ha impuesto sanciones a seis individuos y una entidad rusos por el envenenamiento de Alexei Navalny, líder opositor. Entre los afectados se encuentra Aleksandr Bortnikov, jefe de los servicios nacionales de espionaje, así como dos personas de la administración muy cercanas a Vladímir Putin: Andrei Yarin, que dirige asuntos de política interna, y Sergei Kiriyenko, primer jefe de personal adjunto.

Esta propuesta de la Comisión Europea todavía tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea, donde previsiblemente algunos Estados miembros puedan presentar resistencia a ceder en un campo en el que cuentan con todas las competencias.