LA COMISIÓN MANTIENE LAS NEGOCIACIONES

Lija y seda: Bruselas abre expediente a UK por violar el acuerdo pero sigue negociando

El Reino Unido ha incumplido ya la fecha límite que la Comisión Europea le dio para retirar partes de una polémica ley que violaba el acuerdo del Brexit. ¿Y ahora qué?

Foto: Michel Barnier, negociador europeo, durante una ronda de negociaciones en Londres. (Reuters)
Michel Barnier, negociador europeo, durante una ronda de negociaciones en Londres. (Reuters)

Boris Johnson, primer ministro británico, volvió a sorprender a todos en Bruselas cuando hace algunas semanas puso sobre la mesa una propuesta de ley que violaba de manera clara el acuerdo del Brexit, y al mismo tiempo estableció una fecha límite para que se completen las negociaciones comerciales: el 15 de octubre. Lo que consiguió fue enfadar a los Veintisiete y que la Comisión Europea le devolviera una nueva fecha límite: le dio al Gobierno hasta el 1 de octubre para retirar las polémicas secciones de la Ley de Mercado Interior.

La decisión es grave porque afecta, además, a una de las partes más sensibles del Acuerdo que se puso en marcha el pasado 1 de febrero de 2020: el Protocolo de Irlanda. Fue uno de los capítulos más difíciles durante la negociación, y tienen como objetivo evitar la aparición de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, algo que podría reavivar la llama de la violencia en la isla que se logró frenar con los Acuerdo del Viernes Santo que pusieron fin a un conflicto que dejó 3.000 muertos.

El Reino Unido anunció desde el primer momento que no iba a retirar las partes de dicha ley aunque admitía que estaba violando el derecho internacional al incumplir de manera unilateral el Acuerdo de Retirada. Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea y co-presidente del Comité Conjunto que supervisa la correcta implementación del Acuerdo de Retirada, avisó a su homólogo británico, Michael Gove: si no se cumplía con la exigencia Bruselas se reservaba la posibilidad de tomar acciones legales. Ahora que Londres no ha retirado las polémicas secciones, ¿qué ocurre?

Por ahora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado que mandará a Londres una "carta de notificación formal". Pero no lo hará por las violaciones del acuerdo que pueda suponer la Ley de Mercado Interior, sino por romper el artículo 5 del Acuerdo de Retirada, donde se recoge la necesidad de negociar de buena fe entre las dos partes, sin necesidad de que la norma británica sea siquiera aprobada. Si finalmente la Ley sale adelante y ve la luz, entonces se producirá una violación más al acuerdo. "Esta norma es, por su naturaleza, una violación de la obligación de buena fe", ha explicado la presidenta de la Comisión Europea.

"Es el primer paso en un procedimiento de infracción. La carta invita al Reino Unido a enviar su opinión durante el próximo mes", ha explicado Von der Leyen, que ha avisado de que si finalmente se adopta la Ley de Mercado Interior "tal y como está será una violación adicional del Protocolo de Irlanda". Durante el periodo transitorio Londres perdió su derecho a participar en las instituciones, pero a cambio de tener derecho a la "membresía económica" del club, también está sujeto a sus mismas obligaciones: como la contribución al presupuesto o el cumplimiento de las normas. La UE podría haber apostado también por otra vía incluida en el Acuerdo de Retirada, que son los paneles de arbitraje, pero ha apostado por la vía más blanda y menos polémica.

Sefcovic ha subrayado en numerosas ocasiones que la Comisión Europea tomará acciones legales si no se corrige la norma, y eso es lo que esperaban los Veintisiete. Pero hasta ahora no se quería entrar demasiado en detalles. El Ejecutivo comunitario tiene un objetivo prioritario: cerrar un acuerdo comercial con el Reino Unido. "Nunca será la UE la que ponga fin a las negociaciones sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido", aseguró esta semana el vicepresidente del Ejecutivo comunitario. Y nunca es tarde para cerrarlo.

Las capitales están dispuestas a que Michel Barnier, negociador comunitario, continúe las conversaciones con el negociador británico David Frost mientras se busca que Johnson deshaga el lío creado con la Ley de Mercado Interior. No hay demasiada prisa. En principio la Unión Europea se dio hasta mediados o finales de octubre como su fecha límite para que haya tiempo para la ratificación del acuerdo comercial que trata de pactar con Londres, pero en privado el equipo negociador europeo admite que está dispuesta a ir mucho más allá de esa fecha.

No se espera que las acciones legales iniciadas tengan resultados inminentes: los procedimientos de infracción, muy comunes en la Unión Europea, tardan mucho tiempo en resolverse. Hay varias cartas, dictámenes motivados y, solo al final, el asunto acaba en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ayudará a aumentar la presión sobre Londres mientras se continúa negociando. Y si finalmente el Gobierno británico retira las partes controvertidas de la Ley, el procedimiento de infracción se frenará.

“He recordado al Gobierno británico que el Acuerdo de Retirada contiene una serie de mecanismos y recursos jurídicos para hacer frente a la vulneración de las obligaciones legales contenidos en el texto. La UE no dudará en usarlos. Sobre cuándo o cómo lo haremos, deben darnos un poco de tiempo y les informaremos en su momento”, señaló Sefcovic. Pero, ¿cuáles son esos mecanismos?

Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea. (Reuters)
Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea. (Reuters)

Plazos largos, proceso complicado

Pues el Acuerdo, un enorme documento en el que se recogen todos los detalles necesarios, establece varias vías. Por un lado el texto marca que durante el periodo transitorio el Tribunal de Justicia de la UE sigue siendo competentes, lo que da validez al procedimiento de infracción. No solo eso, el artículo 87 del Acuerdo establece que la Comisión Europea tiene incluso hasta cuatro años después de que finalice el periodo transitorio para iniciar un procedimiento contra Londres si considera que ha incumplido alguna de sus obligaciones bajo el Tratado o de la cuarta parte del Acuerdo (referido al periodo transitorio). Es decir, incluso si Londres cometiera en los próximos dos meses una infracción regular, Bruselas tendría hasta enero de 2025 para llevar el asunto ante el TJUE.

Pero, ¿y después del periodo transitorio? ¿Y si algo parecido a esto ocurre en marzo de 2021? Entonces el Acuerdo de Retirada establece que si una de las partes considera que hay una vulneración del texto puede pedir en el Comité Conjunto, tras buscar una resolución en ese propio órgano, la puesta en marcha de un panel de arbitraje que debería estar funcionando en los tres meses posteriores a la solicitud. Si la cuestión está relacionada con el derecho de la Unión, entonces el panel no se pronunciaría y dirigiría el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es el intérprete último del derecho comunitario. Esta vía también la podía usar ahora el Ejecutivo comunitario, pero los miembros de los paneles de arbitraje todavía no han sido elegidos, y los efectos legales serían los mismos, por lo que se ha apostado por utilizar la "vía rápida".

Evidentemente el procedimiento a través de los paneles de arbitraje no sería rápido: tres meses para establecer un panel, y en caso de que tenga relación con el derecho de la Unión que sea referido al TJUE. En cualquier caso, el panel tiene hasta 12 meses para dictar una decisión desde la constitución del mismo, aunque puede pedirse este panel que se considere esta disputa como “urgente”. En ese caso el panel tendría 15 días para resolver sobre su urgencia, y en caso de aceptar la petición el proceso debería decidirse en 6 meses en vez de en un año.

Pero si finalmente el asunto llegara a manos del TJUE estos plazos, por muy urgente que fuera el asunto, quedarían suspendidos, según indica el Acuerdo de Retirada. Habría que esperar entonces a un dictamen de la alta corte de Luxemburgo, tras la cual el panel todavía tendría 60 días para emitir su sentencia, que en cualquier caso tendrá que ir en línea con la del tribunal europeo, ya que es vinculante.

Si incluso una vez este proceso haya terminado y en caso de hacerlo a favor de la Unión Europea, si el Reino Unido no retira las partes controvertidas de esta ley se podría suspender de forma “proporcionada” partes del Acuerdo de Retirada sin que afecte a los derechos de los ciudadanos. Londres tendría 30 días para cumplir con la decisión del panel, aunque el “periodo razonable” para su cumplimiento puede ser extendida por el propio órgano o por consenso entre las dos partes.

Barnier durante una de las últimas negociaciones en Londres. (Reuters)
Barnier durante una de las últimas negociaciones en Londres. (Reuters)

El resumen es que es un proceso largo y tortuoso. Pero por lo pronto la Comisión Europea se libra de tener que utilizar esta difícil y serpenteante vía, al poder referir el asunto al Tribunal de Justicia en un procedimiento ordinario como con cualquier otro Estado miembro, como indica el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: primero carta, un mes para defenderse y después un dictamen motivado tras el que, si no hay corrección, llegaría a manos del TJUE.

Queda todavía tiempo en el contador, y en Bruselas creen que la presión irá aumentando sobre los hombros de Johnson en las próximas semanas. Muy pocos creen que Londres se pueda permitir un no acuerdo, y se apuesta por una actitud pragmática por parte de la Comisión Europea: seguir negociando pero siempre sabiendo que el acuerdo final depende de que se eliminen las partes controvertidas de la Ley de Mercado Interior.

Mientras tanto las negociaciones para un acuerdo comercial siguen en un punto complicado, especialmente porque el Reino Unido mantiene unas líneas rojas en materia de ayudas de estado que son inaceptables para Barnier, que exige que se garantice una igualdad de condiciones que proteja al Mercado Interior. No se esperan grandes progresos en los próximos días y de hecho los líderes no tienen previsto discutirlo en exceso durante el Consejo Europeo extraordinario que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

En busca del acuerdo

Tras el anuncio de la Comisión Europea un portavoz de Downing Street señaló: “Responderemos a la carta a su debido tiempo. Hemos expuesto claramente nuestras razones para introducir las medidas relacionadas con el Protocolo de Irlanda del Norte. Necesitamos crear una red de seguridad jurídica para proteger la integridad del mercado interno del Reino Unido, garantizar que los ministros siempre puedan cumplir con sus obligaciones con Irlanda del Norte y proteger los logros del proceso de paz”.

Lo cierto es que el lunes, la Comisión Europa ya había advertido que “no dudaría” a la hora de tomar acciones legales.Con todo, la respuesta del Gobierno de Johnson no pudo ser más provocadora, ya que el martes por la noche el polémico proyecto de Ley de Mercado Interno terminó su tramitación en la Cámara de los Comunes. Eso sí, presionado por diputados de su propio partido, el premier tuvo que agregó una salvaguarda adicional por la que no podrá ejecutar los poderes que le otorgaría esa ley para romper el Acuerdo de Retirada si no obtiene primero el permiso del Parlamento. A pesar de la nueva cláusula, un grupo de 21 “tories” rebeldes, entre ellos la ex premier Theresa May, plantó cara al Ejecutivo y no votaron la normativa en la última fase de la Cámara Baja. Pero, con mayoría absoluta, Johnson no tuvo problema alguno en sacarlo adelante: 340 votos a favor frente 256 en contra.

El proyecto de ley se encuentra ahora en la Cámara de los Lores. Según filtraciones, el Gobierno quiere ahora retrasar todo lo que pueda los trámites en la Cámara Alta -donde se esperan diferentes enmiendas- a fin de no tensar más las cosas de cara al Consejo Europeo del 15 de octubre. Lo cierto es que, en los últimos días, se respiraba cierto optimismo en la capital británica respecto a las negociaciones comerciales.

Y ahora la decisión de Bruselas de comenzar un procedimiento de infracción contra el Reino Unido no se interpreta en absoluto como un paso hacia atrás. Londres tiene un margen de un mes para maniobrar, tiempo suficiente para que ambas partes acerquen posturas.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido. (EFE)
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido. (EFE)

En este sentido, algunos consideran que el órdago de Johnson podría haber contribuido a acelerar los trámites. En cualquier caso, cada jugada lleva unos riesgos. Y a Johnson se le plantean ahora dos problemas. El primero, la reputación del Reino Unido ha quedado dañada a nivel internacional. En el tablero geopolítico, genera desconfianza que un jugador no cumpla con su palabra. El segundo, la UE insistirá ahora más que nunca en tener un organismo independiente para vigilar cualquier eventual acuerdo comercial con el Reino Unido, para poder emprender acciones legales rápidas en caso de disputas.

Por lo tanto, a Johnson no le conviene forzar mucho más la máquina. Si quiera además, no se sabe hasta que punto podría. Porque el premier de ahora no es el mismo que hace seis meses. La gestión ante la pandemia está mermando a pasos agigantados su popularidad, tanto fuera como dentro de sus filas. Y nadie mejor que él, que hizo la vida imposible a Theresa May, sabe lo difícil que es maniobrar con rebeldes en casa.

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