Reino Unido desprecia a los científicos y encarga a una espía el rastreo de rebrotes

Boris Johnson nunca ha sido un político al uso. Su extravagancia siempre había jugado a su favor. Hasta que llegó la pandemia del covid-19, un momento en que muchos cuestionan ahora hasta qué punto es efectivo el hecho de que Downing Street siga queriendo nadar a contracorriente. Y es que, mientras que la gran mayoría de los países siguen confiando en los asesores científicos para diseñar sus estrategias, el excéntrico líder 'tory' al frente de Reino Unido ha decidido designar a una espía para supervisar la propagación del virus y evitar nuevos brotes.

Clare Gardiner, directora de ciber resiliencia y estrategia en el Centro Nacional de Seguridad Cibernética —una rama del centro de escuchas británico GCHQ, perteneciente a los servicios secretos—, será a partir de ahora la responsable de asesorar a los ministros del nivel de alerta del virus de una manera similar como se evalúa la amenaza terrorista. Su experiencia en investigación epidemiológica y estadísticas médicas la convierten en el perfil perfecto, según las autoridades.

Su papel implicará orientar a empresas y organizaciones públicas sobre cómo mejorar sus ciberdefensas y reportará directamente a Dido Harding, la persona que está ahora al cargo del programa de test y rastreo, dependiente del Sistema Nacional de Salud Pública (conocido como NHS).

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La decisión ha causado consternación entre los expertos, que no acaban de ver claro que una pandemia global se aborde de la misma manera que una amenaza terrorista. Con más de 45.000 muertos, el Reino Unido sigue a día de hoy como el país más afectado de Europa, un escenario que, para muchos, no admite precisamente experimentos arriesgados. “El virus no está preocupado de que se estén siguiendo sus pasos. No va a cambiar su táctica. La ciberseguridad no es su preocupación. Se trata de un fenómeno biológico”, advierte Devi Sridhar, responsable de salud pública global en la Universidad de Edimburgo.

El Ejecutivo defiende que el análisis de datos en tiempo real, la recopilación de información en escuelas y lugares de trabajo, ayudará a intervenir rápidamente y contener nuevos picos de infección. Algunos de los trabajadores del GCHQ, con base en Cheltenham, ya han sido enviados a Londres para ayudar al nuevo Centro Conjunto de Bioseguridad (JBC, por sus siglas en inglés) para desarrollar sus capacidades de análisis de datos, la que siempre ha sido la gran obsesión de Dominic Cummings, estratega principal de Johnson y el hombre que en la práctica mueve los hilos en el Número 10.

En cualquier caso, pese a que en un principio se sugirió lo contrario, los espías no tendrán la última palabra para determinar el nivel de alerta del virus en la escala de cinco establecida por el Ejecutivo. Actualmente, se encuentra en el nivel cuatro, el segundo más grave.

Paso atrás de los científicos

Con la entrada en escena del JBC, el Grupo de Asesoramiento Científico del Gobierno para Emergencias (SAGE) queda ahora en segundo plano. Sir Patrick Vallance (principal asesor científico del Ejecutivo) y Chris Whitty (director médico) —hasta ahora, los dos hombres que siempre habían flanqueado a Johnson en sus ruedas de prensa en Downing Street en los momentos más críticos— se reunirán con menos frecuencia.

Son muchos los que han expresado desde el anonimato su preocupación a la prensa local por los cambios, asegurando que la nueva unidad de espías “está envuelta en misterio” y nadie acaba de entender muy bien cuál será su funcionamiento.

La SAGE queda ahora dividida en subgrupos y algunos han mostrado su perplejidad al conocer que no van a reunirse ni una sola vez durante el mes de agosto, a pesar de que la pandemia sigue su curso.

Alrededor de 119.000 personas podrían morir en los hospitales si el Reino Unido sufre en los próximos meses un segundo pico del covid-19

Es más, un informe encargado por Vallance a los expertos de la Academia de Ciencias Médicas advierte ahora de que alrededor de 119.000 personas podrían morir en los hospitales si el Reino Unido sufre en los próximos meses un segundo pico del covid-19 mientras el Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) lidia con una mala temporada de gripe invernal. Bajo tal escenario, la tasa de reproducción R —el número de personas a las que puede contagiar un infectado— aumentaría al 1,7 en septiembre, con el pico llegando a su momento más crítico entre enero y febrero.

A día de hoy, la tasa de contagio se encuentra entre el 0,7 y el 0,9, lo que ha llevado al Gobierno a aplicar su plan de desescalada, con aún restricciones sociales, tras tres meses de confinamiento.

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Con la nueva reestructuración, los asesores científicos reportarán a los departamentos gubernamentales, pero no informarán directamente a los ministros. Las reuniones de los expertos ya se han reducido de dos a una vez por semana, y en el futuro tendrán lugar tan solo “cuando se considere necesario”.

La profesora de psicología de la salud Susan Michie —que forma parte del SAGE— critica la falta de transparencia sobre los movimientos que está llevando ahora a cabo el Gobierno y recalca que el trabajo del nuevo Centro Conjunto de Bioseguridad está “oculto”. “Para ganar confianza, es realmente importante que haya apertura, transparencia y explicación de la base sobre la cual se están dando consejos a los ciudadanos en tiempos de pandemia”, explicó a 'The Telegraph'. “Y ahora sabemos muy poco sobre este nuevo equipo y quién forma parte. Hay científicos en SAGE que trabajan para universidades y son independientes, pero el nuevo organismo parece ser una operación de comando y control del Gobierno”, añade.

Opinión

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Esta profesora, que también ejerce como directora del Centro para el Cambio de Comportamiento del University College, agrega que “no se ha explicado en ningún momento por qué hay un cambio en el sistema”. “Se ha ejecutado sin transparencia”, asevera.

Lo cierto es que la propia SAGE fue ampliamente criticada al inicio de la pandemia por la falta de transparencia. Es más, pasaron meses antes de que se revelara la membresía del comité. Desde entonces, el asesoramiento científico detrás de la estrategia de Downing Street ha sido objeto de escrutinio en repetidas ocasiones, con la preocupación de que ha dejado al Reino Unido con una respuesta demasiado lenta y tardía para adoptar políticas como el confinamiento al inicio de la crisis o ahora con el uso de mascarillas.