Johnson cede ante Washington: Londres prohibirá el acceso de Huawei a la red 5G

Downing Street da un volantazo ante Huawei. Tan solo seis meses después de abrir las puertas al gigante asiático, el 'premier' Boris Johnson cede ahora a la gran presión de Washington y sus propias filas conservadoras y anuncia que a partir del próximo año se prohibirá cualquier acceso de la compañía a la red 5G del Reino Unido, con el objetivo de eliminarla completamente de toda su infraestructura existente para 2027.

Ha sido el ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, Oliver Dowden, quien ha anunciado la esperada decisión en una comparecencia ante la Cámara de los Comunes. “No ha sido fácil, pero es la correcta para las redes de telecomunicaciones del Reino Unido, para nuestra seguridad nacional y nuestra economía, tanto ahora como a largo plazo”, señala.

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A principios de este año, cuando la única misión para Johnson era el Brexit, el Gobierno abrió de par en par las puertas a Huawei para que participara en el desarrollo de la red 5G. El gran objetivo era construir ese “Reino Unido global” y en la lista de nuevos aliados, Pekín jugaba un papel relevante. Cierto es que al gigante tecnológico se le excluyó de todos los elementos críticos del sistema y se limitó a un máximo del 35% su presencia en el resto de funciones de la infraestructura. Pero lo relevante era que el régimen de Xi Jinping ya tenía un pie dentro de suelo británico.

Presión de 'tories' rebeldes... y Washington

Sin embargo, la pandemia ha arrasado con todo. O mejor dicho, ha acelerado todos los procesos que estaban ya aconteciendo en el tablero geopolítico. Y en este sentido, los 'tories' que en su momento ya mostraron sus preocupaciones, han ido tomando en los últimos meses cada vez más peso forzando al Ejecutivo a tomar distancias con Pekín.

Un grupo de cerca de 60 'tories' rebeldes había amenazado al inquilino del Número 10 con hacerle la vida imposible las próximas semanas en la Cámara de los Comunes, donde deben tramitarse importantes leyes, entre ellas, la de Infraestructura de Telecomunicaciones. Asimismo, la presión también era máxima por parte de la administración de Donald Trump, que el pasado mes de mayo bloqueó el suministro mundial de chips al gigante de las telecomunicaciones. La Casa Blanca afirma que la compañía china plantea una amenaza a la seguridad nacional, algo que Huawei niega.

La medida, sin duda alguna, aumentará ahora aún más las tensiones con Pekín, cuyas relaciones diplomáticas ya están especialmente tirantes después de que Downing Street haya ofrecido a tres millones de ciudadanos de Hong Kong una vía para vivir en el Reino Unido y, más adelante, adquirir nacionalidad británica, tras la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China ha promulgado para la excolonia británica. El titular de Exteriores, Dominic Raab, se ha referido a la normativa en más de una ocasión como “ley antimanifestaciones”.

“Queremos ser vuestro amigo, vuestro socio, pero si queréis hacer de China un enemigo, tendréis que lidiar con las consecuencias”, advirtió recientemente el embajador de China en el Reino Unido, Liu Xiaoming.

Si hay un símbolo de la batalla entre ambos países es Huawei. El Consejo Nacional de Seguridad (NSC por sus siglas en inglés) del Reino Unido ha concluido que la empresa china tendrá que realizar una “importante reconfiguración” de su cadena de suministro, dado que ya no tendrá acceso a la tecnología en la que se basa actualmente, y no hay alternativas en las que el Downing Street tenga confianza suficiente.

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Por otro lado, el Ejecutivo añade que la presencia de Huawei en las redes fijas del país se ha gestionado desde 2005 y se debe evitar una situación en la que los operadores dependan de un único proveedor para sus equipos. Por ello, siguiendo los consejos de seguridad de sus expertos, aconseja a los operadores de fibra que abandonen la compra de nuevos equipos Huawei y apunta que una consulta técnica determinará el calendario de transición, aunque espera que este período “no dure más de dos años”.

Tras la decisión del Número 10, el gigante asiático recalcó que “son malas noticias para cualquier persona en el Reino Unido que tenga un teléfono móvil” y acusó al Gobierno de “profundizar la brecha digital y aumentar las facturas”.

Huawei contra el mundo occidental

Huawei asegura que emplea en la actualidad a cerca de 1.600 personas en el país y afirma ser una de las mayores fuentes de inversión por parte de China. La empresa, cuyas acciones no cotizan en bolsa, no proporciona un desglose regional de sus ganancias. Pero este lunes anunció que su ingresos aumentaron un 13,1% hasta los 454.000 millones de yuanes (64.900 millones de dólares) en el primer semestre del año. La tasa de crecimiento se redujo frente al 23,2% en el primer semestre de 2019. Los márgenes de beneficio neto fueron del 9,2%, frente al 8,7% del primer semestre de 2019.

Según Sky News, Lord Browne, presidente de Huawei en el Reino Unido y ex presidente ejecutivo de BP, el mismo que había tratado de evitar en los últimos meses las prohibiciones, abandonará su cargo antes de que su mandato expire. Presentará oficialmente su dimisión en septiembre.

Pese a las presiones, el pasado mes de junio el gigante chino consiguió luz verde para construir un “laboratorio de investigación”, con una inversión de mil millones de libras, cerca de Cambridge (donde se encuentra la prestigiosa universidad). El debate sobre la construcción del laboratorio en la aldea de Sawston involucró a algunos de los políticos más poderosos del mundo, incluido el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Pero finalmente, el comité de planificación del Consejo del Distrito del Sur de Cambridgeshire dejó de lado las cuestiones de geopolítica y ciberseguridad para centrarse en el impacto potencial de la solicitud en la vida silvestre local, de ciclovías y ríos.

En 2015, el entonces premier David Cameron llegó a invitar a Xi Jinping a tomar una cerveza en el pub local cerca de Chequers

Huawei planeaba convertir una superficie de 200 hectáreas, que compró por alrededor de 37.5 millones de libras, en una oficina que albergue a más de 400 empleados cerca del centro de tecnología Silicon Fen de Cambridge. Quería utilizar la instalación para desarrollar nueva tecnología de banda ancha, así como para trabajar en software de inteligencia artificial. Pero no se sabe hasta que punto los planes quedan ahora en el aire.

Las relaciones entre Londres y Pekín se habían ido acercando en los últimos años. Es más, en 2015, el entonces 'premier', David Cameron, llegó a invitar a Xi Jinping a tomar una cerveza en el pub local cerca de Chequers, la residencia campestre del inquilino del Número 10, que se convirtió en el escenario para revelar al mundo que comenzaba “una nueva era dorada”.

Pero los ánimos ahora no pueden ser más distintos en el Partido Conservador. Son los propios 'tories' los que demandan al Gobierno de Johnson que endurezca su postura ante China, ya que existe una gran preocupación por el poder global y la influencia del régimen comunista autoritario. Alrededor de 50 diputados han llegado a formar el 'lobby' China Research Group. Su cabecilla es Tom Tugendhat, actual presidente del comité parlamentario para Asuntos Exteriores.

De la misma manera que el European Research Group (Grupo de Investigación Europeo), formado por los 'tories' euroescépticos más radicales, hizo la vida imposible a Theresa May —forzando en última instancia su dimisión— y logró que su Gobierno apostara por un Brexit duro, el nuevo lobby de Westminster está presionado para redefinir las relaciones entre Londres y Pekín. Y, de momento, su estrategia no puede estar siendo más efectiva.

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Es más, de manera paralela, han creado un lobby específico llamado Huawei Interest Group of Conservative MPs (Grupo de Interés en Huawei de los Diputados Conservadores), cuyo único propósito era echar al gigante tecnológico del país.

Las presiones de sus filas han llevado ya al Ejecutivo a introducir una nueva legislación que quiere blindar a las empresas británicas —que van a quedar sumamente vulnerables en la recesión que se ve ya inevitable por la pandemia del coronavirus— ante adquisiciones extranjeras que representen una amenaza para la seguridad nacional.

Como parte de la Ley de Seguridad Nacional e Inversión, los ministros están trabajando para que sea obligatorio que las empresas británicas denuncien cualquier intento por parte de una compañía de otro país de comprar más del 25 por ciento de sus acciones, adquirir “influencia significativa” o hacerse con activos o propiedad intelectual. Las empresas que ignoren las estrictas condiciones impuestas podrían ver a sus directivos encarcelados, descalificados o multados con cientos de miles de libras.