El "abandono" de las residencias de mayores se le atraganta a UK en su gestión del covid

Durante la pandemia del coronavirus, el mantra que siempre ha repetido Downing Street ha sido el de "proteger al NHS" (Sistema Nacional de Salud) para "salvar vidas". Pero la gran crítica que se plantea ahora al Gobierno es si la estrategia ha sido a costa de marginar a las residencias de mayores, obligando a sus gerentes a admitir a ancianos (a los que ni siquiera se les había hecho la prueba para saber si daban negativo) a fin de tener camas disponibles en los hospitales y dejando a su suerte a los cuidadores, sin realizarles test ni suministrarles el equipo de protección personal necesario. ¿El Ejecutivo ha abandonado a los más de 433.000 mayores que viven en estos centros?

La gran crisis que atraviesan las residencias de tercera edad ha explotado en las manos de Boris Johnson, cuya respuesta al coronavirus cada vez está más cuestionada en el Reino Unido, el país más afectado de Europa. El número de muertos oficiales se acerca ya a los 34.000. A nivel global, tan solo es superado por Estados Unidos. En concreto, la semana previa al 1 de mayo, de las 6.035 muertes relacionadas con el covid-19 en Inglaterra y Gales, el 40% se produjeron en estas residencias, frente al 53% ocurridas en hospitales, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística. No fue hasta el 29 de abril cuando el Número 10 comenzó a contabilizar, en sus cifras oficiales, también los fallecimientos registrados en los centros de mayores.

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Los científicos que asesoran al Ejecutivo aseguran que, precisamente por el incremento de casos en residencias de ancianos, la tasa de contagio en el país ha vuelto a subir de nuevo, colándose entre el 0,7 y 1. La clave para avanzar es que esté por debajo de 1, por lo que el nuevo escenario amenaza la estrategia desescalada que comenzó el miércoles en Inglaterra.

"Sí, es absolutamente cierto que el número de muertos ha sido demasiado elevado", admitía Johnson el miércoles en la Cámara de los Comunes, al anunciar una nueva partida de 600 millones de libras (algo más de 672 millones de euros) para "controlar la infección" en residencias de tercera edad. Lejos de calmar los ánimos, la cifra no ha hecho otra cosa que poner el foco de atención en una gestión más que polémica.

Los asesores científicos del Gobierno advirtieron el 10 de febrero a los ministros que era una "probabilidad realista" de que ya hubiera para entonces o "para las próximas semanas" una transmisión sostenida del virus en el país. Sin embargo, el 25 de febrero, el Public Health England (PHE, la entidad administrativa que gestiona en Inglaterra el Servicio Nacional de Salud) publicó una guía donde se sostenía que era "muy poco probable que ningún beneficiario de los servicios de una residencia de mayores acabara resultando infectado". La guía no se retiró hasta el 12 de marzo, once días antes de que se impusiera finalmente el confinamiento.

El Public Health England publicó una guía donde se afirmaba que era "muy poco probable" que quienes vivían en residencias acabaran infectados

Para el 26 de marzo, cuando se superaron los más de 100 muertos por día y estaba ya clara la gran amenaza que suponía la pandemia, el National Care Forum (la organización que representa a las residencias de mayores) escribió al ministro de Sanidad, Matt Hancock, y al primer ministro advirtiendo sobre una preocupante falta de equipo de protección personal (EPP) en estos centros.

La misiva recalcaba que los proveedores habían comenzado a cancelar pedidos para mandar todo el material al NHS. Asimismo, también denunciaban que estaban siendo presionados para recibir a pacientes que habían recibido el alta del hospital sin haberse sometido a pruebas, a pesar de que presentaban síntomas del covid-19.

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Rachel Beckett, gerente de Wellburn Care Homes, cerca de la ciudad de York (Inglaterra), asegura que se vio obligada a "jugar a la ruleta rusa" con las personas que tenía en su centro. "La instrucción que recibimos del PHE decía que 'debido a la falta de pruebas disponibles, los reingresos pueden o no tener coronavirus'. En definitiva, nos obligaban a jugar a la ruleta rusa con la vida de los más vulnerables", denunciaba a la prensa local.

Por su parte, Nadra Ahmed, presidenta de la Asociación National Care —que representa a los cuidadores— asegura que durante la pandemia se han sentido "completamente abandonados". "Las directrices para priorizar al NHS sin proteger adecuadamente a las personas mayores que tienen que ser cuidadas no han sido las correctas".

La instrucción que recibimos del PHE decía que "debido a la falta de pruebas disponibles, los reingresos pueden o no tener coronavirus"

Hasta el 15 de abril, a los hospitales se les decía que no era necesario asegurarse de que los pacientes dieran negativo en covid-19 antes de trasladarlos a residencias de mayores. "Dejábamos ir casos conocidos, no conocidos y sospechosos para que regresaran a las residencias. Estos centros no estaban preparados, no se les avisaba de que los pacientes estaban infectados y no tenían ni kits de test ni material de protección", explicaba recientemente de manera anónima un cardiólogo a 'The Daily Telegraph'. A pesar de su línea editorial conservadora, el rotativo está siendo estas semanas uno de los más críticos con la gestión del Gobierno.

Un "exceso de mortalidad" de 18.000

La cita la leyó esta semana en los Comunes el nuevo líder de los laboristas, Keir Starmer, al pedir explicaciones al primer ministro. Por primera vez en mucho tiempo, el Ejecutivo tiene ante sí una oposición real, capaz de poner contra las cuerdas al 'premier' y que coincide con las horas más bajas de popularidad de Johnson.

En este sentido, Starmer también acusó a Downing Street de no seguir las recomendaciones de los expertos al inicio del brote para, en su lugar, emitir un comunicado a través del PHE donde se minimizaban los riesgos en las residencias de ancianos, cuando precisamente este grupo de la población es uno de los más vulnerables y donde, según se ha podido ver más tarde, la pandemia ha arrasado más drásticamente, acumulando un altísimo porcentaje de las víctimas del covid en Inglaterra y Gales (de donde se tienen datos).

El Número 10 respondió acusando al laborista de descontextualizar los datos. Sin embargo, nadie siguió el juego. Ni siquiera los periódicos más afines. Por lo que al primer ministro no le ha quedado otra opción que llamar a la responsabilidad y la unidad. "La ciudadanía espera de nosotros que trabajemos juntos", reclama ahora.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en abril se han contabilizado en residencias de mayores 26.000 fallecidos (por todo tipo de causas), frente al promedio de 8.000 de los últimos cinco años. Es decir, un "exceso de mortalidad" de 18.000 fallecimientos.

La pandemia ha puesto ahora sobre la palestra los grandes problemas que atraviesan estos centros en un país cada vez más envejecido. Pero lo cierto es que las residencias de la tercera edad —donde apenas viven el 1% de la población— llevan años en una profunda crisis. Básicamente, nada ha cambiado desde la década de los 70. No tienen personal suficiente, ni medios, ni financiación.

La asistencia social, que está enterrada en las autoridades locales en vez de ser gestionada por el santuario del NHS, ha sido una de las más perjudicadas de la última década de austeridad impuesta en el país. El Reino Unido se encamina ahora a una gran recesión, por lo que tampoco hay pronósticos de mejora.

Cuando ganó las elecciones de 2010, el Gobierno de David Cameron prometió tomar cartas en el asunto. Pero luego llegó el Brexit y monopolizó todo. Por su parte, Theresa May, en aquellas generales de 2017 que adelantó convencida de arrasar en las urnas (acabó perdiendo la mayoría absoluta), llegó a plantear lo que la oposición bautizó como "impuesto de demencia".

Actualmente, los jubilados que viven en residencias de mayores tienen que pagar por los cuidados si la suma de sus ahorros y el valor de su casa supera las 23.250 libras (alrededor de 27.000 euros). May quería que para aquellos que reciben asistencia en su propio domicilio, también se les tuviera en cuenta el valor de la propiedad y no solo los ahorros. Los 'tories' querían entonces subir el umbral de las 23.250 libras a las 100.000 (160.000 euros) y atrasar el pago hasta la defunción del afectado y su viudo/a. Pero ante las críticas y la pésima campaña electoral, a la entonces líder conservadora no le quedó más remedio que abandonar la medida.