El TJUE sentencia que Visegrado violó la ley europea por negarse al reparto de refugiados

La crisis migratoria convirtió su negativa a acoger refugiados en su bandera, su causa contra Bruselas y, en algunos casos, el elemento central de su retórica autoritaria. Hungría, Polonia y República Checa, tres de los cuatro miembros de Visegrado (un grupo de países conservadores del este de Europa), se negaron a participar en el sistema de reparto de refugiados que ellos mismos habían aceptado junto al resto de países. Este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia: incumplieron sus obligaciones.

Los Estados miembros acordaron reubicar a 120.000 solicitantes de asilo que se encontraban en Grecia e Italia entre el resto de Estados miembros, y estos tres países incumplieron la decisión del Consejo. Por otro lado, el TJUE ha señalado que Polonia y República Checa también incumplieron sus obligaciones respecto a una decisión anterior del Consejo, en la que se había acordado resituar a 40.000 solicitantes desde los dos países mediterráneos.

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Agencias

Polonia prometió que se podía reubicar a 100 personas en su territorio, pero nunca llegó a efectuar esa operación, y nunca volvió a ofrecerse. Hungría ni siquiera comunicó qué cifra de refugiados podía acoger y su autoritario primer ministro, Viktor Orbán, señaló que el país solo aceptaría a refugiados cristianos. República Checa ofreció 50 plazas, pero solo reubicaron a 12 personas y no volvieron a hacer ninguna oferta posterior.

Ante la inacción de estos tres países, la Comisión Europea interpuso un recurso de incumplimiento ante el alto tribunal de Luxemburgo. Los tres países alegaron que dicho recurso era inadmisible porque ya había finalizado la horquilla temporal que abarcaba la decisión del Consejo respecto al esquema de reubicación de refugiados, que había expirado el 17 y 26 de septiembre de 2017, por lo que no podían corregir dichos incumplimientos.

"Orden público"

Pero el TJUE ha señalado que es admisible porque la Comisión solo solicita que se declare la existencia de un cumplimiento y éste sigue teniendo interés material, para establecer las bases de la responsabilidad en que un Estado miembro puede incurrir respecto a otros, respecto a la Unión o respecto a particulares.

Polonia y Hungría también han defendido a lo largo del proceso que tenían el derecho a dejar inaplicada la decisión del Consejo invocado el artículo 72 de los Tratados y haciendo referencia al mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad interior. Pero el TJUE recuerda que no vale con la mera invocación de ese artículo, sino que deben demostrar la necesidad de hacer uso de la excepción para el mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad interior.

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Sí es cierto que el alto tribunal europeo señala que, dentro del artículo 72, hay que tomar en consideración la seguridad nacional y el orden público durante todo el proceso de reubicación, y que los Estados miembros deben tener un “amplio margen de apreciación” para determinar “si existen motivos razonables para considerar que un nacional de un país tercero susceptible de reubicación constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público en su territorio”. Pero el problema es que las autoridades nacionales “debían basarse, tras un examen caso por caso, en elementos coherentes, objetivos y precisos que permitieran sospechar que el solicitante en cuestión constituía un peligro actual o potencial”. Y eso no ocurrió. Se usó la brocha gorda y se ha justificado, a posteriori, el incumplimiento de una decisión generalizando una disposición que se debe aplicar caso a caso y tras un examen exhaustivo.

Un reparto problemático

El esquema de reubicación fue muy problemático a nivel europeo. Una medida ideada entre Bruselas y Berlín y de la que Jean-Claude Juncker, antiguo presidente de la Comisión Europea, y Angela Merkel, canciller alemana, eran padres y promotores, acabó por ser del todo inefectiva y puso al este de Europa en pie de guerra.

Al final el asunto acabó siendo políticamente tóxico. Donald Tusk, entonces presidente del Consejo Europeo, llegó a chocar públicamente con la Comisión Europea al calificar de inefectivos los esquemas de reasentamiento y pedir a Bruselas que se buscara otra solución, alineándose así con los países del este y minando la postura de Berlín y el Ejecutivo comunitario.