El virus y el silencio europeo dan a Orbán el control total sobre Hungría

Cada crisis ofrece una oportunidad. Y Viktor Orbán, primer ministro húngaro, ha aprovechado el shock que Europa está sufriendo por el coronavirus para redoblar su apuesta por el giro autoritario que ha dado a Hungría desde su regreso al poder en el año 2010. Este lunes, el Parlamento húngaro, con los votos en contra de la oposición, ha dado luz verde a una nueva norma que da todo el poder al primer ministro, que gobernará a golpe de decreto, suspende el Parlamento, elecciones y referéndums, y profundiza aún más la crisis democrática que atraviesa el país centroeuropeo.

La norma, que no tiene una fecha de finalización, también establece penas de hasta cinco años por extender lo que el Ejecutivo denomina “noticias falsas” y las informaciones “que puedan obstaculizar o imposibilitar”. Hasta ocho años podrán ser encarcelados quienes rompan la cuarentena. Todo ello bajo el paraguas de la lucha contra el coronavirus.

Por ahora la Comisión Europea solo ha explicado que monitoreará de cerca la norma húngara, y recordó, hace una semana, que los cambios legales para lidiar contra el coronavirus deben ser “temporales”. Didier Reynders, comisario de Justicia, se ha limitado a señalar en Twitter que el Ejecutivo comunitario evalúa la nueva norma húngara. La Eurocámara sí que mostró durante la semana pasada su preocupación con los efectos de la ley aprobada este lunes.

Durante la anterior Comisión Europea (2014-2019), el equipo dirigido por el luxemburgués Jean-Claude Juncker chocó en numerosas ocasiones con Hungría, pero nunca activó los mecanismos para sancionar a Budapest por su deriva autoritaria. Bajo el mando de la nueva presidenta, Ursula von der Leyen, el Ejecutivo comunitario ha evitado hasta ahora los roces con el Gobierno húngaro y mantiene un perfil muy bajo. Los votos del partido de Orbán en el Parlamento Europeo fueron claves para que la alemana fuera escogida presidenta de la Comisión Europea. El silencio de la institución durante la última semana y su débil respuesta hasta el momento han sido el objeto de muchas críticas en las últimas horas en la capital comunitaria.

Edit Inotai, analista del think tank húngaro Centro para la Integración y la Democracia Euro-Atlántica (CIDEA), señala que Orbán puede estar adelantándose a los acontecimientos con esta norma, para buscar un “mandato muy fuerte para cuando tenga que anunciar medidas impopulares” para hacer frente al 'shock' económico que acompañe al coronavirus. “Eso no es normal en Hungría, en los últimos diez años han vivido mejor y mejor, siempre ha habido crecimiento, y ahora no va a ocurrir eso, va a haber una caída en el nivel de vida, y eso va a ser muy problemático para el Gobierno, que probablemente va a perder mucha popularidad”, señala Inotai.

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La larga deriva

Quizás, en un estado de alarma como el actual, se pasaría por encima el drástico recorte de libertades y garantías en pos de ganar el pulso al virus. Pero las medidas húngaras van más allá de las del resto del continente y, lo más grave, solo se pueden entender en el contexto de la deriva autoritaria en la que está sumido el país centroeuropeo desde hace ya una década. Hungría cae en todos los rankings internacionales sobre calidad democrática, libertad de prensa y de expresión. El país centroeuropeo es el único Estado miembro que aparece en la lista de Freedom House de los diez países que han sufrido un mayor retroceso democrático. Solo le superan países como Turquía, Burundi o Venezuela.

Orbán ha aprovechado desde 2010 una serie de mayorías parlamentarias para ir acabando con los controles al poder ejecutivo, ha ido ahogando a la oposición, el sistema judicial y la libertad de prensa, así como contra la libertad educativa, habiendo expulsado a la prestigiosa Universidad Central Europea, que ha tenido que resituarse en Viena. El primer ministro ha tejido una red clientelar en la que la economía está servicio de Fidesz, su partido. La mayoría de medios de comunicación han pasado a manos de aliados del primer ministro, y las principales empresas tienen fuertes vínculos con el político nacionalista.

Todo esto se ha producido, entre otros factores, gracias a un tremendo silencio por parte de la Unión Europea, de cuyos fondos es totalmente dependiente la popularidad del primer ministro húngaro. Joseph Daul, ahora expresidente del Partido Popular Europeo (PPE), ha dado cobertura durante la última década Orbán y sus políticas, desdeñando su deriva autoritaria y calificándolo de “enfant terrible”. Los órganos internos del PPE pensaron que podrían controlarlo. Y lo lograban cuando le daban un toque de atención. Pero rápidamente el líder húngaro volvía a la carga con salidas de tono, ataques a sus socios y un mensaje abiertamente euroescéptico.

En una situación ya insostenible y ante una revuelta de los sectores más liberales dentro del PPE, la familia democristiana aprobó suspender a Fidesz a la espera de ver progresos en el cambio de su discurso. Nada ha cambiado. Daul ya no está en su posición, y en su lugar está ahora Donald Tusk, hasta hace poco presidente del Consejo Europeo, y que se comprometió a limpiar el PPE. En su primer pulso, cuando se debatía la expulsión de Fidesz de la familia europea, hace solo algunas semanas, el polaco perdió la batalla. Hoy la formación húngara continua en el PPE, aunque sigue suspendida.

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Formar parte de la familia democristiana ha sido clave para que Orbán haya logrado avanzar en su giro autoritario sin apenas toques de atención por parte de la UE. Fidesz está, desde hace un año, en una posición crítica dentro del PPE que le lleva de forma periódica a amagar con abandonar la formación europea. Pero sigue contando con aliados. Y uno de los más importantes es, de hecho, el Partido Popular de Pablo Casado, que sigue estando en contra de su expulsión y que, de hecho, ha votado en contra de las resoluciones del Parlamento Europeo contra la deriva de Orbán, con la excepción de algunos eurodiputados españoles. Casado ha justificado su alianza con Budapest señalando que el primer ministro apoyó a Gobierno central durante la deriva independentista catalana.

En la anterior Comisión Europea, Orbán encontró cierta resistencia. Juncker, presidente del Ejecutivo comunitario entre 2014 y finales de 2019, no escondió su rechazo por la deriva del líder húngaro y, en numerosas ocasiones, pidió su expulsión del Partido Popular Europeo. El primer ministro magiar contestó con campañas de publicidad contra Juncker, que fueron las que acabaron provocando sus suspensión dentro de la familia europea. Antes de que llegaran los ataques al luxemburgués, Orbán diseñó otras campañas eurófobas que irritaron a Bruselas.

Pero Juncker, con toda su oposición al primer ministro húngaro, tampoco activó nunca el artículo 7 de los Tratados contra Hungría, una cláusula de los Tratados que permite sancionar a un Estado miembro que mina los valores básicos de la Unión representados en el artículo 2. Bruselas sí que lo activó en diciembre de 2017 contra Polonia.

El discurso identitario, con el que Orbán defiende que hay que oponerse a la inmigración musulmana para mantener el carácter cristiano de Europa y que no puede entenderse un proyecto europeo en el que el cristianismo no sea el elemento central, ha hecho que el primer ministro gane popularidad en muchos círculos conservadores. Esto le ha protegido de una buena parte de la crítica y le ha permitido desmantelar el Estado de derecho en Hungría con cierta comodidad.

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Solo en 2018 el Parlamento Europeo, cansado de pedir a la Comisión Europea que activara el artículo 7, tomó la iniciativa y votó a favor de poner en marcha el procedimiento contra Budapest. Muchos eurodiputados del PPE votaron a favor de activarlo. La mayoría de populares españoles se abstuvieron, con algunos votado en contra. Unos días después, los españoles que se opusieron a votar a favor del proceso recibieron una carta de agradecimiento de Orbán. Uno de ellos fue Carlos Iturgaiz, actual presidente del Partido Popular del País Vasco.

Los próximos pasos

Muchos en Bruselas están preocupados. La inacción ante la deriva es peligrosa. La UE tiene, como principal orgullo, ser una casa de democracias. Y al menos dos están siguiendo caminos peligrosos: Polonia y Hungría. Dentro del PPE los sectores moderados consideran que la situación es insostenible, pero la operación de expulsar a Fidesz, más que representar la salida de un partido de la familia, puede acabar provocando la fractura del exitoso PPE, donde hay importantes núcleos no solo contrarios a la expulsión, sino favorables al mensaje de Orbán frente al discurso más centrado y proeuropeo que domina la cúpula de la familia democristiana.

La realidad es que Orbán tiene la mirada puesta en 2022, cuando se celebrarán las próximas elecciones y el primer ministro espera ahogar todavía más a la oposición. Para el líder húngaro era clave que los partidos opositores votaran en contra del decreto, para poder acusarlos de no apoyar su lucha contra el coronavirus. Y la condición que estos ponían era que la norma, como en el resto de Europa, fuera temporal. Así que Orbán hizo justo lo contrario.

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La estrategia puede salir mal si Hungría acaba sufriendo una crisis sanitaria grave por el coronavirus. Que Orbán tenga el poder total del país significa también que tiene la total responsabilidad sobre lo que ocurre, si bien es cierto que su control sobre los medios de comunicación y la maquinaria propagandística de su Gobierno garantizan una vacuna, al menos parcial, a una posible mala gestión.

En cualquier caso, el primer ministro húngaro tiene experiencia en convertir las situaciones temporales en esquemas permanentes. Hungría todavía vive bajo una serie de normas de emergencia aprobadas en 2015 para gestionar una crisis migratoria que todavía no había alcanzado al país centroeuropeo. Esas normas siguen siendo prorrogadas por un parlamento donde la oposición ocupa solo un pequeño puñado de asientos.

Ahora todos los ojos están puestos sobre la Comisión Europea, que es la guardiana de los Tratados. Algunas voces creen en Bruselas que Hungría ha estado demasiado tiempo avanzando en su giro autoritario sin que nadie le frenara y que ahora empieza a ser tarde para revertir el proceso. Otros directamente creen que eso no está en manos de la UE, que tiene instrumentos muy precarios para hacer frente a esta situación: el mencionado artículo 7 es un proceso deficiente en el que es necesaria una unanimidad hoy imposible para aplicar sanciones al país afectado, que consisten en que pierde su derecho a voto en el Consejo.

“La UE no tiene ninguna medida para controlar a Orbán, la única sería cortar los fondos europeos”, señala Inotai, haciendo referencia al mecanismo de Estado de derecho impulsado por Alemania y Bélgica que establecía la posibilidad de cortar fondos estructurales si no se cumplía con las reglas básicas de la UE, una propuesta directamente dirigida contra Polonia y Hungría, muy dependientes de estos fondos.

Inotai cree que Budapest ha podido llevar esta deriva gracias a que desde 2008, cuando todos los ojos de la UE estaban centrados en la economía y el colapso del euro, “Hungría no era un país problemático en el terreno económico”. Eso fue su salvoconducto. Con todos mirando hacia el sur, con Bruselas centrada en España, Grecia o Italia, nadie reparó en el camino que estaba empezando a transitar Orbán.

A Von der Leyen se le acumula el trabajo. Con una UE sumida en una crisis de escala desconocida ante el impacto del coronavirus, a la alemana se le abre de par en par un nuevo frente justo cuando su liderazgo parece más débil. Efectivamente, la Comisión Europea tiene pocos instrumentos para frenar a Orbán. La única herramienta es el choque político. Esa era la mayor virtud de Juncker, un viejo zorro europeo, con décadas de experiencia y un liderazgo asentado. Justo lo contrario de lo que caracteriza a Von der Leyen. Esta crisis pondrá a prueba a la alemana: o de ella sale una líder europea hasta ahora desconocida, o los próximos cuatro años la UE estará dominada por los líderes nacionales.