Bruselas urge a España a cumplir las nuevas normas contra el blanqueo de capitales

España, junto con Chipre, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, ha recibido una carta de aviso por parte de la Comisión Europea por no haber implementado la quinta directiva contra el lavado de dinero. Bruselas recuerda que "las reglas contra el lavado de dinero son fundamentales en la lucha contra el mismo y la financiación del terrorismo".

Para Europa, la lucha contra el blanqueo se ha convertido en una cruzada complicada, especialmente después de los últimos escándalos, que la propia Comisión Europa admite que "han revelado la necesidad de reglas más estrictas a nivel de la Unión Europea". Las capitales debían haber completado la trasposición de la directiva el pasado 10 de enero.

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Europa Press

Bruselas mete prisa porque de poco sirven las reglas anti-lavado si no se aplican de manera homogénea en todos los países. "Las lagunas legislativas que se producen en un Estado miembro tienen un impacto en la Unión Europea en su conjunto. Es por eso que las reglas deben implementarse y supervisarse de manera eficiente para combatir el crimen y proteger nuestro sistema financiero", recuerda la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario "lamenta que los países en cuestión no hayan transpuesto la directiva de manera oportuna" y pide que lo hagan con "urgencia, teniendo en cuenta la importancia para el interés colectivo de la UE". Y explica que si las capitales no dan una respuesta satisfactoria en los próximos dos meses, puede dar el siguiente paso en el proceso: enviar dictámenes motivados, el escalón previo a dirigir el tema ante la justicia europea.

Aguas residuales

El paquete de infracciones y avisos de febrero también ha llegado con una amenaza de llevar a España ante los tribunales europeos si en los próximos dos meses no cumple con los requisitos de la directiva de aguas residuales urbanas. Bruselas ha alertado a Madrid de la necesidad de que proporcione tratamiento secundario de todas las aguas residuales en poblaciones de más de 2.000 habitantes, y un tratamiento más avanzado en los núcleos de más de 10.000 habitantes.

Durante los últimos años, la Comisión Europea ha estado investigando a España por este caso. Las pesquisas "revelaron un incumplimiento generalizado de la obligación en la mayoría de las grandes aglomeraciones en España", lo que provocó que el Ejecutivo comunitario enviara una carta en diciembre de 2016.

Bruselas realizó una "evaluación técnica" de la respuesta que el Gobierno dio a aquella misiva, y la conclusión fue que seguía existiendo un "incumplimiento de las obligaciones" aún "a gran escala". "A pesar de algunos avances, no se espera el pleno cumplimiento en el futuro cercano", lamenta la Comisión Europea en un comunicado hecho público en la mañana de este miércoles.