Boris vs. la prensa: selección de medios y una red de espías para evitar filtraciones

Downing Street se ha convertido en un búnker. Una fortificación dominada por un primer ministro con mayoría absoluta que cada vez evita más el escrutinio y cuya batalla con la prensa comienza ya a chirriar con los valores que se le presuponen a una democracia: boicot a los encuentros informativos, una amenaza a la cuota televisiva pública que hace peligrar la independencia de la BBC y la prohibición a sus ministros de cualquier comida con redactores, controlados por una red de espías en los restaurantes aledaños a Westminster para notificar quien incumple la norma. ¿Está superando ya Boris Johnson a Donald Trump?

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Lunes 3 de febrero. Primer día lectivo en la era post-Brexit. Los periodistas acreditados en Westminster reciben la notificación de un 'briefing' (sesión informativa con la prensa) sobre la nueva fase de negociaciones que empieza con Bruselas para intentar cerrar un acuerdo comercial.

Hasta ahora, este tipo de reuniones informativas se celebraban en el mismo Parlamento, en una sala en la que todos escuchaban de pie las explicaciones pertinentes. Pero, en la nueva era Boris Johnson, las sesiones se han trasladado al Número 10. Tampoco supone un mayor drama. Hay un paseo de poco más de 5 minutos. Por lo que este lunes, tras pasar el control de seguridad, los periodistas acreditados entran por la famosa puerta negra y esperan en la entrada.

Criba de medios "críticos"

La sorpresa viene cuando se comienza a leer una lista con solo unos nombres de los allí presentes. Al resto se les invita a irse, entre ellos, a los periodistas del Daily Mirror, HuffPost, The Independent, el periódico i, las agencias de noticias Press Association y Reuters. Incluso The Times resultó afectado, ya que el reportero en cuestión no era al que se le había mandado la invitación.

Las protestas no se hacen esperar. Ante el barullo, llega Lee Cain, director de comunicación de Downing Street, con una sorprendente explicación: "Podemos informar a quién queramos, cuándo queramos". En definitiva, un hombre pagado con el dinero del contribuyente y, supuestamente dedicado al servicio público, decidiendo a qué medio se le cuenta y a cuál no las decisiones de un Gobierno elegido en las urnas.

Podemos informar a quién queramos, cuando queramos, dice director de comunicación de Downing Street, un funcionario público

Ante tal panorama, todos los periodistas -incluso los escogidos para el 'briefing', como la reputada Laura Kuenssberg, responsable de política de BBC, o Robert Peston, de la cadena ITV- deciden marcharse.

Lo que no se sabía entonces es que horas antes había pasado una escena similar durante el discurso ofrecido por Johnson ante embajadores y empresarios en Greenwich para explicar su hoja de ruta en las nuevas negociaciones con el bloque: a la Cámara de Comercio Británica y el Instituto de Directores no se les permitió la entrada.

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¿Qué está pasando? En el Reino Unido se imprimen alrededor de 6 millones de copias de periódicos nacionales todos los días. El alcance combinado con sitios web es de alrededor de 38 millones. Downing Street quiere ahora restarle ahora importancia a los periodistas y dedicarse a divulgar su propia propaganda. Pero la prensa no parece dispuesta a acatar las nuevas reglas de juego. La guerra ha comenzado.

Lo cierto es que durante la campaña electoral Johnson ya dio señales de las pocas intenciones que tenía de ser examinado por el ojo de los medios. A diferencia del resto de candidatos, no aceptó la invitación del reputado Andrew Neil, de la BBC, para ser entrevistado en uno de los programas más emblemáticos de la cadena. El periodista ya advirtió entonces de la importancia de las entrevistas libres a políticos en una democracia. Con todo, el episodio no le pasó factura al líder 'tory' y el pueblo le otorgó una aplastante mayoría absoluta.

Las cadenas responden con silencio

Tras mudarse al Número 10, el primer ministro ha boicoteado al programa 'Radio4’s Today' de la BBC y 'Good Morning Britain' de la privada ITV. Sencillamente, no se acepta ninguna entrevista. Como prueba de la tensión que existe, ninguna de las dos cadenas emitió el discurso que Johnson dirigió a la nación el pasado viernes cuando apenas faltaban 60 minutos para abandonar la UE.

En lugar de trabajar con la cadena pública como todo el mundo esperaba, el primer ministro utilizó su propio equipo para realizar un video con un mensaje de unidad a la nación que emitió luego por redes sociales.

Con respecto a la BBC, la batalla se endurecerá aún más esta semana. Todo apunta a que el Gobierno -como parte de sus primeras políticas domésticas- despenalizará las sanciones para aquellos que se nieguen a pagar el canon televisivo por hogar que, a partir de abril, se incrementará en 3 libras hasta llegar a los 157,50 libras anuales (185,50 euros). Por primera vez, se aplicará también a los mayores de 75 años, hasta ahora exentos del pago.

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Desde los años 20, la mayor parte de financiación de la cadena pública proviene de la cuota que pagan todos los hogares del Reino Unido que tienen un televisor. El sistema había garantizado hasta ahora la independencia de la corporación, cuyos periodistas siempre han realizado incisivas entrevistas a los políticos de cualquier formación.

Los ejecutivos de la BBC temen ahora que si la ley elimina las sanciones penales, la capacidad de la corporación para cobrar la tarifa de la licencia se debilitará gravemente, lo que aumentaría la evasión y abriría un agujero en el presupuesto de programación de la emisora ​​de más de 200 millones de libras. En definitiva, cuanto menos poder, menos escrutinio al Gobierno.

El hombre en la sombra

Pero la cosa no queda ahí. Dominic Cummings, el oscuro asesor del primer ministro que maneja los hilos en Downing Street, ha prohibido a los ministros comer con los periodistas. Quiere evitar a cualquier costa cualquier tipo de filtración de los planes de los Gobierno. Y su obsesión se acerca ya casi a la paranoia. Según The Times, ha creado incluso una red de espías en los restaurantes próximos a Westminster para controlar si alguien incumple las normas.

Nadine Gourgey, la propietaria de Quirinale, uno de los restaurantes más populares cercanos al Parlamento, aseguró al rotativo que se trata de un "pequeño negocio familiar, no de los servicios secretos del MI5". "Mantenemos la privacidad de nuestros clientes con el mayor respeto y nunca hemos transmitido información sobre nuestros huéspedes al Gobierno ni a ninguna otra persona. Además, uno tendría que cuestionar la inteligencia de cualquier miembro del Ejecutivo que intente tener reuniones 'secretas' en Quirinale, dada nuestra base de clientes y la proximidad al Parlamento", matizó.

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Sin embargo, tanto Cummings como su red de espías e informantes podrían estar violando la ley, ya que revelar los detalles de las reservas de un restaurante puede constituir un delito penal, según la Sección 170 de la Ley de Protección de Datos de 2018.

Claro que no sería la primera vez que el opaco estratega traspasa los límites. Cuando fue asesor de Michael Gove, trató ilegalmente de ocultar unas comunicaciones del Gobierno, alegando además que el periodista que le descubrió sufría problemas de salud mental. Durante la campaña euroescéptica, violó los límites de financiación y la ley de protección de datos, aunque cuando todo salió a la luz, las autoridades no contemplaron anular el voto sobre el Brexit.

Ya como asesor en Downing Street, en un fallo histórico, el Tribunal Supremo declaró el pasado mes de septiembre "ilegal" la suspensión de Westminster durante cinco semanas orquestada por él mismo y Boris Johnson para que la Cámara de los Comunes -donde por aquel entonces los 'tories' no tenían mayoría absoluta- no se interpusiera en sus planes sobre el divorcio con la UE.

Peligroso. Muy peligroso todo lo que está aconteciendo para la democracia del nuevo Reino Unido en la era post-Brexit.