"Pionera y modélica": España, ejemplo en Francia para combatir la violencia machista

En Francia, cada dos días una mujer es asesinada por su pareja o expareja. En lo que va de año, de hecho, ya suman 138 las víctimas por violencia de género. Ante tales cifras, el Consejo de Europa plasmó, el pasado 19 de noviembre, su preocupación en un informe dedicado a subrayar las deficiencias del país galo en materia de protección de las mujeres contra la violencia machista: “A pesar de los progresos, las cifras relacionadas con la violencia contra las mujeres y la impunidad de los agresores siguen siendo preocupantes”.

Hasta ahora en un segundo plano, la sociedad francesa comienza a tomar conciencia de la violencia machista y a denunciar los feminicidios, exigiendo al Gobierno medidas más contundentes para proteger a las víctimas. Materia en la que, al otro lado de los Pirineos, España aparece como un ejemplo a seguir.

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“En la lucha contra las violencias conyugales, España como modelo”, “Contra las violencias conyugales, España a la vanguardia”, “España, pionero en la lucha contra las violencias contra las mujeres”. Bajo estos titulares, la prensa francesa analiza las medidas implantadas en España para proteger a las mujeres de la violencia de género y reducir el número de feminicidios, especialmente las inscritas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.

Modelo para el país vecino

Varias medidas españolas atraen especialmente la atención en París: la puesta en marcha de un teléfono específico de urgencia, la creación de un sistema de asistencia social y apoyo jurídico especial, el registro público del número de víctimas y los medios establecidos por el Pacto Nacional de 2017 -unos 1.000 millones de euros durante cinco años para financiar 200 medidas contra el maltrato doméstico-. Sin olvidar el trabajo de sensibilización realizado por los medios españoles y la atención mediática acordada a las víctimas de la violencia de género, un factor esencial en la lucha contra las violencias machistas que, hasta ahora, Francia ignoraba.

Mientras la legislación española es presentada como un verdadero modelo a seguir, los medios galos también resaltan sus limitaciones: en el centro de todas la miradas, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra La Manada que condenó por abuso sexual, y no por agresión, a los cinco hombres que violaron en grupo a una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín en 2016. Aunque posteriormente el Tribunal Supremo dictaminó que fue una violación múltiple y no un abuso -elevando la condena a 15 años- para la opinión pública francesa, el primer fallo judicial evidencia ciertas disfunciones del código penal español.

“Durante mucho tiempo considerados como banales sucesos, la violencia conyugal es finalmente objeto de la voluntad política al más alto nivel del Estado”, aplaudía el pasado 26 de noviembre el diario 'Le Monde' en una tribuna titulada “Violencia conyugal: finalmente una toma de conciencia”. Antes de recordar que “las estadísticas de las violencias contra las mujeres son intolerables en un país que pretende, tras décadas de lucha, apropiarse de la igualdad entre los sexos. Cada año, 220.000 mujeres sufren violencias en el seno de su pareja. En 2018, 121 murieron. Si bien dos tercios de los homicidios o tentativas de homicidios conyugales habían sido denunciados [lo que] no fue suficiente para proteger a las víctimas de sus agresores. En este tipo de casos, los sobreseimientos de las denuncias se han convertido en una regla”.

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Justamente, las disfunciones del sistema judicial a la hora de abordar la violencia de género aparece en el centro de todas las críticas. Según el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Violencia contras las Mujeres del Consejo de Europa, existen “insuficiencias en la respuesta penal a las violencias” y una “práctica judicial de discriminación que permite recalificar el delito de crimen de violación en delito de agresiones sexuales”, lo que a su vez “minimiza la gravedad de la violación, dejando recaer las consecuencias de esta disfunción del sistema judicial sobre las víctimas”.

Decepción servida

Convertido en ejemplo y también en un modelo a mejorar, España ha inspirado buena parte de las medidas anunciadas el pasado 25 de noviembre por el primer ministro francés, Édouard Philippe, destinadas a hacer frente a la violencia machista. El Gobierno de Emmanuel Macron ha prometido 80 nuevos puestos de trabajo destinados a asistentes sociales que estarán presentes en las comisarias para mejorar la atención de las mujeres, la inauguración de una plataforma telefónica de asistencia, la creación de 250 plazas de acogida y 750 alojamientos de urgencia, la suspensión de la autoridad parental en caso de homicidio conyugal y la generalización del uso judicial y policial de los brazaletes electrónicos para evitar el acercamiento de los maltratadores a sus víctimas.

Lejos de satisfacer a las asociaciones de víctimas y a las organizaciones de protección de las mujeres contra la violencia de género, esta tardía respuesta política parece insuficiente frente a la trágica dimensión de un problema que Francia ha ignorado durante demasiado tiempo.

Según un informe realizado por el Alto Consejo por la Igualdad, publicado a finales de 2018, el país galo debería invertir entre 500 y 1.000 millones de euros para luchar de manera eficaz contra la violencia machista. En este sentido, el primer ministro anunció “más de un millón de euros [consagrado] a la totalidad de las acciones para la igualdad entre los hombres y las mujeres, de ellos 360 serán destinados a la lucha contra las violencias contra las mujeres”, en 2020. Cifras que no convencen a la opinión pública: “medidas, pero sin más medios”, titulaba el diario 'Le Monde', revelando que dicha “suma se asignará principalmente a programas de asistencia para el desarrollo y no a una política pública nacional. En este sentido, la decepción estará servida”.

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El pasado 25 de noviembre, cerca de 49.000 personas, según un recuento independiente realizado por medios franceses -y 150.000 de acuerdo con las organizadoras- se dieron cita en París para protagonizar una manifestación histórica contra la violencia machista y exigir al Gobierno verdaderas medidas de protección. Tal movilización pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres ya no es un tabú en Francia, sino un motivo de lucha y movilización ciudadana. La toma de conciencia se ha fraguado lentamente. El movimiento internacional #MeToo contra el acoso y las agresiones sexuales ha tardado en encontrar eco en el país galo, donde la seducción y el sexismo se confunden demasiado a menudo.

Solo el testimonio de la actriz francesa Adèle Haenel denunciando al director Christophe Ruggia por los tocamientos y acoso sexual que sufrió cuando era adolescente ha conseguido sensibilizar de manera generalizada a la esfera política, mediática y social. A lo largo de su relato, publicado por el diario digital Mediapart, la actriz, que con tan sólo 30 años cuenta con dos premios César, renunciaba a acudir a los tribunales denunciando una justicia que “ignora” a las víctimas y “condena muy poco a los agresores”: tan solo “una violación de cada cien”, lamentaba Adèle Haenel.

Tras el impacto de su testimonio, que ha sacudido los pilares del cine francés rompiendo un verdadero tabú, la Fiscalía de París abrió una investigación por “agresión sexual y acoso contra una menor de 15 años”. Tras esta iniciativa judicial, Haenel decidió presentar una denuncia formal: “La justicia ha dado un paso, yo también debo darlo”, explicó la joven actriz.

El caso de Adèle Haenel podría suponer un cambio de paradigma en la sociedad francesa, decidida ahora a protagonizar una verdadera lucha contra la violencia de género, capaz de movilizar a los medios de comunicación en esta batalla y presionar al Ejecutivo para poner en marcha un dispositivo con los medios suficientes para frenar los feminicidios y proteger a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia de género.