Bruselas advierte a Malta por el escándalo político tras el asesinato de una periodista

La situación en Malta siempre ha estado en el retrovisor de la Comisión Europea desde que en 2017 la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia fuera asesinada con un coche bomba. Tras unas investigaciones que le han acorralado a él y a su entorno, el primer ministro Joseph Muscat ha tenido que anunciar su dimisión, que se hará efectiva en unos meses.

Las investigaciones han establecido vínculos directos entre el entorno del primer ministro y el asesinato de Caruana Galizia, que investigaba al Ejecutivo de Muscat y sus relaciones con un entramado empresarial que tenía en el centro a Yorgen Fenech. Este último es un magnate cuya imputación aceleró la caída en diferido del primer ministro, cuyo jefe de gabinete es Keith Schembri, a quien Fenech sitúa como el vínculo con el asesinato. Además, dos ministros han abandonado del Ejecutivo maltés.

Los últimos acontecimientos, con protestas masivas y acusaciones contra Muscat de intentar interferir en las investigaciones han hecho que Bruselas haya redoblado su nivel de alerta, y el asunto ha sido abordado en el primer colegio de comisarios, una especie de consejo de ministros, del nuevo Ejecutivo comunitario.

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EFE

En una rueda de prensa posterior a la reunión, la nueva presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ha explicado que está “preocupada por los últimos acontecimientos en Malta” que está “siguiendo muy de cerca”. El asesinato de Caruana Galizia “fue un ataque a la libertad de prensa, que es la fundación de nuestras sociedades democráticas”, y ha pedido una investigación a fondo porque, de lo contrario “la democracia tal y como la conocemos estará en riesgo”.

“Espero que haya una investigación independiente libre de ninguna interferencia política”, ha señalado Von der Leyen en rueda de prensa, sabiendo las muchas acusaciones que están existiendo sobre el procedimiento judicial, y que atañen desde la actitud del primer ministro durante el proceso hasta las acciones del fiscal del caso.

Hace solo unos días, Vera Jourová, nueva comisaria de Valores y Transparencia, y encargada de la supervisión de la situación del Estado de derecho en la Unión Europea, amenazó por primera vez de forma seria con la activación del artículo 7 contra Malta, una cláusula de los Tratados que permite iniciar un proceso sancionador contra los Estados miembros que minan el estado de derecho, y que Bruselas ha puesto en marcha contra Polonia y que recientemente se inició con Hungría.

Porque el foco situado sobre Malta ha dejado al descubierto la falta de implementación de reformas judiciales por parte de La Valeta, lo que puede ser el punto al que se aferrase Bruselas en caso de iniciar un procedimiento. “Seguimos los desarrollos porque ya hemos recomendado que se ponga en marcha reformas de la fiscalía para que puedan investigar de manera eficiente y juzgar los casos de corrupción. Todavía no se ha hecho”, aseguró Jourová el pasado lunes.

Sven Giegold, eurodiputado alemán de Los Verdes, lleva meses insistiendo en la necesidad de que el procedimiento del artículo 7 sea iniciado contra Malta. Sophia in ‘t Veld, eurodiputada liberal holandesa, que ya publicó un informe de la Eurocámara en la que criticaba la falta de transparencia de la investigación, ha pedido, tras reunirse un grupo de eurodiputados con el primer ministro, que Muscat no aplace su dimisión y abandone ya el Gobierno, sin esperar a que se complete el proceso de sucesión dentro del Partido Laborista.

Desde que en 2017 se produjera el asesinato de Caruana Galizia, el Gobierno maltés se ha convertido en la china dentro del zapato de la familia socialdemócrata, que ha criticado duramente la inacción del Partido Popular Europeo respecto a Viktor Orbán y sus tendencias autoritarias en Hungría, pero que ha mantenido bastante silencio respecto a la situación en la que se ha visto envuelto el primer ministro.

El de Caruana Galizia es el segundo asesinato de un periodista de investigación en Europa en los últimos años. En febrero de 2018 fue asesinado el periodista eslovaco de investigación Jan Kuciak junto a su pareja, justo cuando investigaba relaciones entre el crimen organizado y el Gobierno del país. El primer ministro, Robert Fico, se vio obligado a dimitir en marzo de ese año ante las masivas protestas que se registraron.