No vendas la piel de Boris antes de cazarlo: todos los escenarios tras violar la ley
El Tribunal Supremo ha fallado que Johnson asesoró de "manera ilegal" a la reina para cerrar Westminster, abriendo un abanico de posibilidades que vuelven a sumir el país en el caos
El Reino Unido vive una crisis institucional sin precedentes desde hace tres años. Lo inconcebible se ha convertido ya en lo rutinario. Pero es necesario sentarse y tomar un respiro para asimilar lo que ha ocurrido este martes. En el país con una de las democracias más antiguas del mundo, los 11 magistrados de la máxima autoridad judicial fallaron, de manera unánime, que la decisión del primer ministro de aconsejar a la jefa del Estado que suspendiera Westminster fue “ilegal”, ya que su único objetivo era "impedir" que los parlamentarios "pudieran llevar a cabo sus funciones".
El fallo del Tribunal Supremo, legal tanto constitucional como políticamente, es dinamita pura y viene a confirmar lo que era obvio: Boris Johnson no quería que sus señorías tuvieran capacidad de maniobra para interferir en sus planes de ejecutar el Brexit, con o sin pacto, para finales de octubre. Hasta 2005, cuando se creó esta corte, la última instancia judicial había sido la Cámara de los Lores. En el Reino Unido, que carece de Constitución escrita, la soberanía ha residido históricamente en Westminster.
Y esta era la clave de este proceso sin precedentes, donde se valoraron los dictámenes contradictorios emitidos previamente por dos tribunales diferentes. Por un lado, el Superior de Londres había fallado que la decisión de suspender el Parlamento era política y que los jueces no tenían que involucrarse. Por otro, el de Apelaciones de Escocia había considerado no solo que la derogación era ilegal sino que Johnson había engañado a la reina para conseguir su beneplácito poniendo en riesgo la neutralidad de la Corona.
El Supremo no llega ahora tan lejos de acusar a Johnson de mentir a Isabel II. Sin embargo, la sentencia alega que “es imposible concluir sobre la evidencia (...) de que haya alguna razón, y mucho menos una buena razón, para aconsejar a Su Majestad que prorrogue el Parlamento durante cinco semanas”.
En todo momento, el primer ministro había defendido que estaba en su derecho de suspender Westminster para poder preparar el llamado 'Discurso de la reina', donde el Ejecutivo presenta las propuestas legislativas para la siguiente sesión parlamentaria. Pero el Supremo recalca que eso normalmente requiere tan solo un plazo de entre cuatro o seis días.
¿Y si le viene bien a Boris?
Tecnicismos aparte, ¿qué consecuencias políticas para Johnson y el proceso del Brexit en general tiene este fallo histórico? La sentencia pilló al líder 'tory' en Nueva York, en plena Asamblea de la ONU. Ha adelantado su regreso para estar este miércoles por la mañana en la reapertura de Westminster. En cualquier caso, el cambio de agenda no le impidió el martes dar un discurso ante empresarios canadienses y estadounidenses explicándoles el atractivo nuevo sistema fiscal que quiere llevar a cabo tras el Brexit.
A pesar de que se compromete ahora a respetar el fallo de la máxima autoridad judicial del país —recalcando, eso sí, que no cree que la decisión de los magistrados haya sido la “correcta”—, en todo momento repite que “lo más importante es cumplir con el Brexit el 31 de octubre”.
'A priori', podría parecer que el liderazgo de Johnson ha quedado mermado. Se podría pensar que ha perdido el órdago. Pero, al mismo tiempo, el fallo del Supremo tan solo da más munición a la maniobra que desde el primer momento viene planeando Dominic Cummings, cerebro de la campaña euroescéptica del referéndum de 2016 convertido ahora en el asesor que mueve los hilos en Downing Street.
El oscuro estratega quiere crear el mayor caos posible para que, llegado el momento de unas elecciones anticipadas, se convierta todo en una batalla política entre el “pueblo contra el 'establishment”. De esta forma, representaría a Johnson como el mejor defensor del ciudadano, el auténtico 'mártir' del sistema, el único que quiere ejecutar el resultado expresado democráticamente en el plebiscito.
En enero de 2017, cuando el Tribunal Supremo dio la razón a la empresaria pro UE Gina Miller, obligando a Theresa May a pedir permiso a Westminster antes de solicitar a Bruselas la activación del artículo 50 —que dio comienzo al proceso de divorcio—, los magistrados de la Corte salieron en las portadas de los rotativos euroescépticos bajo el titular de: “Enemigos del pueblo”. Por lo que, visto desde este prisma, Johnson podría haber incrementado ahora sus posibilidades de conseguir mayoría absoluta en unos comicios. Al fin y al cabo, sigue liderando todas las encuestas.
Por otra parte, la sentencia del Supremo no impide ahora a Johnson volver a cerrar Westminster —por un plazo razonable— para poder presentar su 'Discurso de la reina' el próximo 14 de octubre, tal y como quería. Entre sus planes, defiende ahora, está intentar cerrar un acuerdo de retirada con Bruselas para ejecutar el divorcio cumpliendo los plazos.
Corbyn no mueve ficha
No hay que obviar, sin embargo, el papel fundamental que vuelve a tomar ahora el Parlamento. La Cámara de los Comunes retomará su actividad este miércoles a las 11:30 (12:30 en España). En la corta semana que sus señorías tuvieron tras el receso estival antes de que entrara en vigor la derogación, fueron capaces de aprobar por la vía rápida una ley que obliga a Johnson a pedir una nueva prórroga a Bruselas hasta el 31 de enero de 2020 si no consigue cerrar un pacto para el 19 de octubre.
Por lo tanto, ahora pueden hacer a Johnson —aún más— la vida imposible. O incluso forzar su dimisión. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, adelantó al martes por la tarde el discurso con el que debía clausurar el miércoles el congreso anual del Partido Laborista, con el objetivo de no perderse la reapertura de Westminster.
Pero no está entre sus planes presentar de manera inminente una moción de no confianza contra el líder 'tory'. En cierto modo, lo único que une a los partidos de la oposición y los 'tories' rebeldes es su rechazo a un Brexit sin acuerdo. Pero aparte de eso, no logran encontrar consenso en su estrategia.
Con todo, si Johnson llegara a perder una eventual moción de confianza, los parlamentarios tienen 14 días para determinar quién quieren que sea el nuevo primer ministro. Pero, según los mentideros, esta estrategia también habría sido contemplada por la mente perversa de Cummings. Serían otros los que se mancharan las manos pidiendo una nueva extensión y Johnson podría volver a presentarse como candidato 'tory' sin haber roto su promesa.
En medio de esta confusión, el congreso anual del Partido Conservador, cuyo inicio está previsto para este domingo en Mánchester, pende de un hilo. Es muy improbable que se suspenda por completo, ya que es una de las citas más importantes para recaudar fondos para la formación. Pero muchos de los discursos podrían cancelarse si se requiere la presencia del Gabinete en Londres.
En definitiva, perder el control podría formar parte del plan. Aunque la ciudadanía cada vez parece estar más cansada de órdagos. Al fin y al cabo, el país lleva desde 2016 paralizado.
El Reino Unido vive una crisis institucional sin precedentes desde hace tres años. Lo inconcebible se ha convertido ya en lo rutinario. Pero es necesario sentarse y tomar un respiro para asimilar lo que ha ocurrido este martes. En el país con una de las democracias más antiguas del mundo, los 11 magistrados de la máxima autoridad judicial fallaron, de manera unánime, que la decisión del primer ministro de aconsejar a la jefa del Estado que suspendiera Westminster fue “ilegal”, ya que su único objetivo era "impedir" que los parlamentarios "pudieran llevar a cabo sus funciones".