Yellowhammer: los escenarios apocalípticos del Gobierno de UK para el Brexit 'duro'

Riesgo de disturbios, incremento de los precios, colapso de puertos como Dover y problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas. Ya no sólo son conjeturas de aquellos que en su día fueron tachados de catastrofistas al describir qué ocurriría si el Reino Unido dejaba la Unión Europea sin pacto, sino que se trata de la propia confirmación del Gobierno, que se ha visto obligado a publicar el informe "Operación Yellowhammer", en el que se establecen los escenarios que barajaba el Ejecutivo británico para el país en caso de un Brexit por las bravas.

Partes del informe fueron publicados el pasado mes de agosto por 'The Sunday Times', causando gran controversia. Ahora el Ejecutivo ha tenido que publicarlo en su totalidad forzado por una moción aprobada el pasado lunes en el Parlamento, en una de las grandes derrotas sufridas por Johnson en la Cámara de los Comunes.

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El documento, de cinco páginas, está fechado el 2 de agosto, es decir, diez días después de que Boris Johnson se mudara a Downing Street. Por lo tanto, cuando durante todo este tiempo el primer ministro ha estado repitiendo que sacaría al Reino Unido de la UE, "con o sin pacto", para el 31 de octubre, era consciente ya de todo el caos que podría crear un Brexit 'duro'.

Durante la última sesión que se celebró antes de que entrara en vigor la derogación de Westminster, la misma en la que Johnson volvió a fracasar para convocar elecciones anticipadas, Dominic Grieve, uno de los 21 'tories' rebeldes expulsados del partido que ahora está como independiente, presentó una moción para forzar al Ejecutivo a publicar la "Operación Yellowhammer" (cerillo escribano, en español) en su totalidad. La propuesta fue aprobada por 311 votos a favor frente a 302 en contra.

Que el Gabinete de Johnson desclasificara el informe venía siendo una petición de la oposición desde que el Parlamento reanudó sus sesiones a principios de septiembre. En su primera semana, Michael Gove, responsable de la Oficina del Gabinete, acosado por las preguntas de laboristas y liberaldemócratas, intentó desestimar los temores de los parlamentarios señalando que el escenario filtrado a 'The Sunday Times', que auguraba por ejemplo que el puerto de Dover -una de las principales entradas de bienes de la UE al Reino Unido- "colapsaría desde el día uno, los supermercados en algunas zonas del país quedarían sin provisiones en apenas dos días y los hospitales, sin medicinas en dos semanas", era sólo "un razonable peor escenario posible".

De hecho, según señala la periodista Rosamund Urwin, que publicó la exclusiva el pasado agosto, el informe que finalmente se ha desclasificado ha sufrido importantes cambios: lo que ahora es un descafeinado "razonable peor escenario posible" era antes el "escenario base" del que partían las estimaciones del Gobierno.

Colapso de los puertos

En el documento que sí ha aceptado a publicar el Ejecutivo la noche del miércoles -poco antes de que terminara el plazo de 23 horas establecido por el Parlamento- se explica que, en caso de Brexit sin acuerdo, el intercambio de mercancías a través del Canal de la Mancha se reduciría hasta un 40% del flujo actual desde el primer día, y las fricciones comerciales sustanciales en los puertos se podrían mantener "hasta seis meses". Esa situación "tendrá un impacto en el suministro de medicinas y productos médicos", subraya.

La mayoría de las medicinas que llegan al Reino Unido lo hacen a través de los puertos del Canal de la Mancha, lo que las convierte en un producto "particularmente vulnerable" a los bloqueos que podría ocasionar una salida sin pacto. Sobre la alimentación, el Gobierno prevé que decrecería la disponibilidad de algunos productos frescos, así como el de algunos elementos "críticos" para la industria, como "ingredientes básicos, químicos y envases".

Estos factores no llevarían a una falta de alimentos para la población, pero "reducirán la disponibilidad y la variedad de productos". También se incrementarían los precios, lo que "puede impactar a grupos vulnerables", señala el texto.

Por otra parte, en el escenario que baraja Londres, un Brexit sin acuerdo podría llevar a "protestas y contraprotestas a lo largo de todo el Reino Unido" que absorberían "una importante cantidad de recursos policiales".

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Al abordar las dificultades que se podrían encontrar los ciudadanos en las fronteras tras una ruptura abrupta con la UE, el Gobierno británico advierte de que las personas que viajen hacia o desde el bloque comunitario "pueden estar sujetos a mayores controles migratorios en las aduanas de la Unión".

Gibraltar, especialmente vulnerable

El informe dedica también una sección a Gibraltar, donde espera interrupciones en el suministro de mercancías -incluidos alimentos- y medicinas, debido "a la imposición de controles aduaneros en la frontera con España". Advierte de que se podrían producir retrasos de más de cuatro horas en la frontera "durante al menos varios meses", lo que podría tener "un impacto negativo en la economía" del Peñón.

Durante todo el verano, Johnson defendió su órdago de salir del bloque para el 31 de octubre costara lo que costara. Pero tras el receso estival, en la corta semana que los diputados han tenido antes de que en la madrugada del martes entrase en vigor la derogación de Westminster, la oposición (con la ayuda de tories rebeldes) ha conseguido sacar adelante por la vía rápida una ley que obliga ahora al primer ministro a pedir una nueva prórroga hasta el 31 de enero de 2020, si no consigue cerrar un acuerdo de retirada para el 19 de octubre.

Los WhatsApps del 'cerebro'

Dominic Grieve, el que fuera Fiscal General del Estado, también pedía que salieran a la luz todas las comunicaciones -por todo tipo de vías- que el Gobierno había mantenido con sus asesores respecto a la suspensión de la actividad parlamentaria, una moción a la que la Cámara dio su visto bueno el pasado martes.

El objetivo era dejar en evidencia cómo Dominic Cummings -cerebro de la campaña euroescéptica y persona que realmente mueve ahora los hilos en el Número 10- no quería que los diputados interfirieran en su hoja de ruta. Sin embargo, Downing Street se ha negado por el momento a esto último, argumentando que no podía violar la ley de protección de datos de sus trabajadores.