La Comisión Europea desestima la petición de Puigdemont de castigar España

No ha sido la semana soñada por Carles Puigdemont desde que toda la defensa del ‘procés’ se basa en una posible legitimación internacional. Primero el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, señaló que no podía tratarlo como eurodiputado, después el Tribunal General de la UE (TUE) desestimó su recurso para acceder al escaño, y ahora la Comisión Europea anuncia que archiva la iniciativa ciudadana iniciada por el expresidente de la Generalitat en la que pedía al Ejecutivo comunitario que iniciara un proceso contra España por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Tanto Puigdemont como Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, habían impulsado esta iniciativa, un procedimiento creado por la Comisión Europea para que los ciudadanos puedan plantear consultas o peticiones a Bruselas. En ella, los líderes independentistas pedían al Ejecutivo comunitario que activara el artículo 7 de los tratados contra España, por la vulneración de derechos de las minorías y otros valores consagrados en el artículo 2 de los tratados.

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Este movimiento era uno de los más mencionados por los independentistas: la UE no podría negarse a activar este proceso contra España tras las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017. Pero la realidad es que ni siquiera entonces eso estuvo cerca de ocurrir.

El artículo 7 es un 'botón nuclear' que incluyen los tratados para sancionar a los Estados miembros que están tratando de desmantelar el Estado de derecho. Es un proceso que Bruselas solo ha iniciado contra Polonia por una reforma judicial iniciada por el Gobierno ultraconservador del país con la que pretendía poner coto a la independencia judicial del Tribunal Supremo polaco.

El Parlamento Europeo también inició el mecanismo del artículo 7 contra Hungría, un país al que su primer ministro, el nacionalista Viktor Orbán, está llevando por el sendero del autoritarismo, coartando libertades civiles, atando en corto la libertad de prensa y creando una economía controlada por las relaciones personales con el Ejecutivo.

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Puigdemont y Paluzie señalaban en su escrito que había razones para dar ese paso con España porque había “un deficiente reconocimiento y escaso respeto de los derechos de las minorías”, así como una “politización de las altas instancias jurisdiccionales”. El líder independentista fugado y la presidenta de la ANC presentaron una campaña a favor de esta iniciativa ciudadana el pasado 2 de mayo en Bruselas.

La Comisión Europea no la ha admitido a trámite porque es “inadmisible sobre la base de su plan jurídico y manifiestamente fuera de las atribuciones de la Comisión en virtud de los tratados europeos”. Pero Bruselas no entra a valorar el fondo de la cuestión. De haber permitido el registro, los independentistas contarían con un año para recoger un millón de firmas de siete países distintos de la UE. Eso habría obligado a la Comisión Europea a discutirlo en el colegio de comisarios y pronunciarse sobre ello.