"QUEREMOS APRENDER DE NUESTRA EXPERIENCIA"

Bruselas trata de mejorar sus herramientas contra países como Polonia o Hungría

Envuelta en la bandera del nacionalismo identitario, Budapest y Varsovia ponen todos sus sus esfuerzos en ir laminando el Estado de derecho, mientras la UE busca protegerlo

Foto: Frans Timmermans. (EFE)
Frans Timmermans. (EFE)

Para las personas que están en el corazón de la Unión Europea el Brexit es solo una broma comparado con el problema que plantean países como Hungría o Polonia, cuyos gobiernos han decidido esmerarse en lograr la mutación de sus democracias en lo que el gurú de este movimiento, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, ha calificado de “democracia iliberal”.

Envuelta en la bandera del nacionalismo identitario, Budapest y Varsovia ponen todos sus recursos y sus esfuerzos en ir laminando poco a poco el Estado de derecho. Atacando la independencia judicial, acabando con los medios de comunicación independientes y quitando a la oposición la capacidad real de plantar cara.

La situación en Hungría es mucho más grave que en Polonia. Orbán lleva desde el año 2010 desmantelando el Estado de derecho en el país, y lo ha hecho, en gran parte, gracias a la impunidad prestada por el hecho de ser miembro de la familia política más grande de Europa, el Partido Popular Europeo (PPE) que durante una década se ha mantenido de perfil ante lo que han decidido calificar sencillamente como “enfant terrible” de la familia.

El drama para Bruselas es que no puede hacer gran cosa para frenar estas derivas. En diciembre de 2017 la Comisión Europea activó contra Polonia el único proceso sancionador con el que cuenta, que es el artículo 7 de los Tratados, una cláusula que, en última instancia y en un caso muy remoto, permite retirar el derecho a voto en el Consejo a un país que esté minando el Estado de derecho.

Aprender de la experiencia

Hay otros mecanismos, que son menos contundentes, pero que también han sido utilizados por Bruselas durante los últimos años, como los procedimientos de infracción, el Marcador de Justicia de la UE o el Mecanismo de Cooperación y Verificación (CVM).

En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo arrancó el mismo procedimiento contra Hungría. Aunque no están dando frutos, Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea a cargo del control del Estado de derecho, insiste en que estos procesos no tienen como objetivo el sancionar a un Estado miembro, sino corregir su actitud a raíz de un diálogo constructivo.

“Queremos aprender de nuestra experiencia”, ha señalado Timmermans, que ha anunciado este miércoles que la Comisión Europea abre un debate sobre cómo mejorar las medidas para proteger el Estado de derecho, y en el que el Ejecutivo comunitario espera que participen todas las capitales y el Parlamento Europeo. Bruselas hará propuestas en junio en base a las respuestas que obtenga.

No son los únicos países con problemas. Rumanía es otro dolor de cabeza para la Unión Europea, y eso que hoy Bucarest tiene la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, y sin embargo Timmermans ha tenido que amenazar este miércoles con que “actuará” contra el gobierno rumano si se trata de reformar el sistema judicial para crear una “impunidad sistémica para altos funcionarios sentenciados por corrupción”.

Sin embargo a nadie escapa que los procedimientos que hoy existen no son del todo válidos. A mediados de marzo Bélgica y Alemania presentaron un Pacto de Calidad Democrática, un plan que tiene el objetivo de vigilar y corregir la deriva autoritaria en algunos países de la Unión.

Ese es el primer paso en la buena dirección. Porque, por encima de todo, puede que la Comisión Europea no tenga mecanismos efectivos para que se cumpla con los valores europeos más básicos, pero los Estados miembros sí que tienen herramientas a su alcance. “Los Estados miembros han pedido que se haga algo, y esto está en sus manos, en el Consejo”, ha señalado Timmermans. El objetivo ahora es aprovechar el impulso dado recientemente por Bélgica y Alemania para poder avanzar en esta materia.

La inacción de las capitales tiene mucho que ver con la falta de voluntad política de las capitales y la tendencia a tolerar las actitudes alejadas de las democracias liberales. El ejemplo perfecto está en Austria. Tras las elecciones de 1999 el conservador Wolfgang Schüssel se peparaba para llegar a un acuerdo con el partido de extrema derecha Jörg Haider. La UE se movilizó y todos los socios advirtieron a Viena de que suspenderían todos los contactos políticos bilaterales y que aislarían a Austria. Cuando se conformó el gobierno el resto de países cumplieron con sus amenazas.

Unos años después, cuando el también conservador Sebastian Kurz reeditó esa coalición con el partido de extrema derecha no hubo ninguna crítica de ningún tipo. Ni hubo ruido en Bruselas ni a ninguna capital se le ocurrió moverse contra Viena.

Último procedimiento de infracción

Timmermans ha anunciado el último procedimiento de infracción contra Polonia por sus continuados ataques contra la independencia judicial en el país. “La ley polaca permite someter a los jueces de los tribunales ordinarios a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones debido al contenido de sus decisiones judiciales”, y en última instancia, a un control político, según ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario ha dado ahora a Varsovia dos meses para contestar a la carta enviada por Bruselas. “El nuevo régimen disciplinario socava la independencia judicial de los jueces polacos al no ofrecer las garantías necesarias para protegerlos del control político, como lo exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, reza la comunicación de la Comisión Europea.

Europa
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
2 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios