Irán multiplica la represión interna: paranoia por espías y colaboracionistas con el enemigo

Amirhossein Hatami tenía a sus 18 años un rostro aún adolescente y una vena artística que exhibió en redes sociales. Quizás por eso, por ser el más joven de todos, su ejecución es la que más eco ha tenido. Detenido el 8 de enero, la gran fecha de las manifestaciones de antigubernamentales de principios de año, fue ahorcado el 2 de abril en la prisión de Ghezel Hesar, en las afueras de Teherán. Hasta el momento, su familia no había aún podido recuperar su cuerpo.

Hatami es una de tantas víctimas de la represión de las manifestaciones que, a finales de diciembre y principios de enero, llenaron las calles de las ciudades iraníes. Fue acusado de prender fuego, junto con otros tres jóvenes, a un centro de la milicia paramilitar Basij en el centro de Teherán, algo que su abogado negó. Todos han sido ya ejecutados tras juicios expeditivos y sin garantías en los que se suele dar validez a las confesiones arrancadas bajo tortura.

Saleh Mohammadi, de 19 años, campeón de lucha libre, fue ahorcado en Qom el 15 de marzo, tras ser condenado por "enemistad con Dios", como se tipifica en Irán la perturbación del orden público... es decir, manifestarse. Desde principios de año se ha aplicado en Irán la pena de muerte a al menos 145 personas, no todas, ni mucho menos, condenadas por motivos políticos. Hay constancia de que el año pasado hubo en el país al menos 1.639 ejecuciones.

Las grandes protestas del invierno fueron, en general, pacíficas hasta el punto de que al principio los padres se echaban a la calle con sus hijos, carritos de bebé incluidos. Fueron también masivas, las mayores desde la fundación del régimen de los ayatolás en 1979, según Mai Sato, relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Irán.

La violencia en la calle fue ante todo obra de las fuerzas del orden, empezando por los Basij y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), que para disolver las concentraciones utilizaron no solo material antidisturbios sino armas de fuego. Hubo también grupos de jóvenes manifestantes enardecidos que incendiaron mobiliario urbano y vehículos.

El balance oficial iraní de la represión fue de 3.117 muertos, una cifra muy inferior a los cálculos de Naciones Unidas y a los de ONG de derechos humanos que oscilan entre los 7.000 y los 30.000 en tan solo 18 días (28 de diciembre al 15 de enero). A ese dato se añaden unos 50.000 detenidos, algunos de los cuales permanecen aún detrás de los barrotes.

Cuando el 28 de febrero cayeron las primeras bombas sobre Teherán de las fuerzas aéreas de EEUU e Israel, se pudieron escuchar algunos gritos de alegría. Por fin, debieron de pensar algunos teheraníes, llegaba esa ayuda que Donald Trump prometió en enero a los iraníes. El estruendo de las explosiones no tardó en acallarlos. Ahora impera entre la ciudadanía un triple miedo a las bombas, a la falta de recursos para alimentarse y a la represión.

Cuando aún colean los flecos de la matanza de fin de año, las fuerzas de seguridad iraníes se centran desde marzo en la caza de supuestos espías y colaboradores con el enemigo. Kourosh Keyvani, que poseía también la nacionalidad sueca, fue el primero ejecutado, el 18 de marzo, por trabajar para el Mossad israelí, según la agencia oficial Mizan.

Para ser "traidor a la patria" no hay forzosamente que estar a sueldo de un servicio secreto extranjero. La policía de Lorestán, en el oeste del país, anunció el fin de semana la detención de "dos traidores" que "tomaron fotografías de áreas afectadas por los ataques aéreos y de algunas bases militares" también dañadas. "Enviaron las imágenes a medios de comunicación internacionales hostiles y terroristas", precisó.

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Justo después, el 6 de abril, la Jefatura policial del oeste de Teherán informó de que había arrestado nada menos que a 235 "traidores". Entre los numerosos reproches que les hizo figuraba de nuevo el de "enviar imágenes y vídeos a la red internacional sionista-estadounidense", es decir, a las redes sociales. Si hay pocos testimonios gráficos de lo que ocurre dentro de Irán y están con frecuencia tomados a distancia es porque Internet está cortado la mayor parte del tiempo y acercarse para grabar conlleva riesgos. En total, según el diario Wall Street Journal, los detenidos por espionaje ascienden a medio millar.

Si antes la justicia iraní era expeditiva, ahora, en tiempos de guerra, debe ser aún más resuelta. Gholamhossein Mohseni, la máxima autoridad judicial, impartió el lunes instrucciones para que "se agilicen los juicios en los casos en los que deban pronunciarse órdenes de confiscación de bienes y ejecuciones de agentes enemigos". Si ahora hay que actuar con tanta celeridad, argumenta, porque "se está librando contra nosotros una guerra a gran escala y con gran nivel de violencia y perversidad".

No todas las condenas a muerte son pronunciadas por tribunales. Mehrzad Zarei, un ciudadano que osó revelar su nombre, denunció públicamente que su hermano Mehrzad fue asesinado en Shiraz, el 30 de marzo, en un control callejero de la milicia Basij y del CGRI. Contó además en redes sociales que la familia fue presionada para que el certificado de defunción indicara que falleció a causa de una enfermedad y no de un disparo a bocajarro.

Opinión

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