El Supremo derriba (a medias) la política comercial de Trump y abre un caótico proceso

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora y tendente a respaldar la asertividad ejecutiva de Donald Trump, ha dictaminado que los aranceles globales decretados por el presidente son ilegales. Lo cual abre un proceso potencialmente caótico de reembolsos multimillonarios y renegociación de acuerdos comerciales con otros países. En su primera reacción tras conocerse el fallo, Trump ha adelantado que "habrá otras alternativas" para sustituir a los aranceles considerados "erróneamente ilegales" por los jueces "que son una desgracia" para EEUU.

"Ganaremos más dinero", ha defendido, como un mantra, poco antes de anunciar un 10% más de aranceles globales bajo la Sección 122 del Acuerdo de Comercio de EEUU y permite al presidente del país imponer aranceles de hasta el 15% durante 150 días como máximo. Necesitará al Congreso si quisiera prorrogarlos por esta vía.

"La IEEPA [Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, por sus siglas en inglés] no autoriza al presidente a imponer aranceles", dice textualmente la orden judicial del alto tribunal. "Se anula la sentencia n.º 24-1287 y se devuelve el caso con instrucciones de desestimación por falta de jurisdicción".

El presidente del Supremo, el juez John Roberts, fue más explícito: "El presidente ejerce la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados" escribió. "En vista de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla". Una autorización, en el caso de Trump, ausente.

El dictamen fue adoptado con seis votos a favor y tres en contra. Entre los seis magistrados que decidieron la ilegalidad de los aranceles están Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por Trump en su primer mandato. Los conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh se opusieron.

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La decisión, que los jueces empezaron a sopesar en noviembre y que llega semanas después de lo esperado, ha clavado una lanza en el corazón de la política comercial de Donald Trump, que el pasado abril impuso aranceles a más de un centenar de países. Muchos de ellos por motivos aparentemente arbitrarios.

Acogiéndose a dicha ley de poderes de emergencia de 1977, que no menciona en ningún momento la palabra "aranceles", Trump ha usado la aplicación de tarifas, que en realidad pagan los importadores estadounidenses, en muchas otras facetas. Recientemente, amenazó con tasar las importaciones de los bienes de los países europeos que no respaldaran la posible anexión de Groenlandia. Una amenaza que Trump acabó retirando, por presiones internas y externas, en el Foro de Davos.

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Según el Tax Policy Center, Estados Unidos aplica unos aranceles del 17% de media a todas sus importaciones. La tasa más alta en casi un siglo. Si entrasen en vigor las medidas prometidas por Trump, al menos hasta la decisión del Supremo, el porcentaje medio subiría al 25%. Dado que este peso fiscal arancelario recae sobre las empresas importadoras, el hogar norteamericano medio pagaría 2.100 dólares extra de impuestos en 2026. El quintil de abajo sufriría una presión fiscal nueva del 1,9%. El quintil de arriba, de un 1,4%.

Pese a que Trump prometió restaurar poco a poco el tejido industrial en Estados Unidos, usando los aranceles como incentivo para que las empresas extranjeras invirtieran en suelo americano para librarse de las tasas, la economía destruyó 70.000 empleos manufactureros en 2025. Mientras, China ha batido récords de producción industrial y marcado el superávit comercial más grande de su historia.

Pero todo esto puede cambiar en el medio plazo, aunque no sabemos exactamente cómo. El propio Donald Trump advirtió de que un dictamen judicial contra sus aranceles sería una "catástrofe económica" y un "desastre para la seguridad nacional".

Tras conocerse el dictamen, Trump aseguró sentirse "profundamente decepcionado" y "avergonzado" por los jueces de la Corte Suprema (de mayoría conservadora) que "no han hecho lo que es bueno para este país" y son "una desgracia".

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Los jueces del Supremo también reconocieron que esto puede ser, por usar la misma palabra que ellos, un "desastre" (a mess). "Los efectos provisionales de la decisión del Tribunal podrían ser sustanciales. Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron los aranceles de la IEEPA, aunque algunos importadores ya hayan trasladado los costos a los consumidores u otros. Como se reconoció en los argumentos orales, es probable que el proceso de reembolso sea un ‘desastre’".

Plan de contingencia

Fuentes de la CNN indican que Trump ha calificado la decisión de "desgracia", pero que tiene un plan de contingencia. En su primera respuesta ya adelantó que "habrá otros aranceles" "más poderosos". Jessica Riedl, economista e investigadora de Brookings Institute, recomienda un poco de prudencia. "Lamento informarles de que la mayoría de estos aranceles no van a ninguna parte", escribe en X. "Cualquiera que conozca a Trump sabe que simplemente reimpondrá ilegalmente la mayoría de esos aranceles bajo alguna de las otras secciones arancelarias y luego esperará un año a que el tribunal litigue. Repetir una y otra vez".

Ya lo había adelantado, de hecho, Jamieson Greer, representante comercial y principal arquitecto de la política arancelaria de Trump. En una reciente entrevista con The New York Times, advirtió que un fallo adverso de la Corte implicaría que, "desde el día siguiente", se lanzarán a reconstruir el andamiaje de los aranceles por otras vías legales "para responder a los problemas que ha identificado el presidente".

Greer recordó que la administración Trump no depende únicamente de la IEEPA y que todavía dispone de un abanico amplio de autoridades delegadas por el Congreso. La más conocida es la Sección 301, utilizada ya en el primer mandato de Trump para castigar a China y que ha sobrevivido a múltiples impugnaciones judiciales. No es tan inmediata como la vía de emergencia, dado que requiere que la Oficina del Representante Comercial de EEUU abra una investigación formal sobre prácticas “injustas o discriminatorias” de un socio comercial. Sin embargo, una vez aplicada, está a prueba de balas.

Otra opción es recurrir a la Sección 232, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional, o a la Sección 122 (la ya adelantada este viernes) vinculada a problemas de balanza de pagos. Incluso existe la Sección 338, una herramienta poco usada que autoriza represalias cuando otro país discrimina de forma singular a Estados Unidos. Todas estas rutas tienen algo en común con la 301: exigen investigaciones, informes o justificaciones formales, lo que reduce la capacidad de Trump de actuar de forma impulsiva e inmediata, pero no impide alcanzar resultados similares a medio plazo.

The power of the purse

Una docena de Estados de EEUU y varias pequeñas empresas habían demandado al Gobierno por el uso de aranceles. Su argumento original es parecido al que finalmente han presentado los jueces del Supremo: los aranceles son impuestos, y solo el Congreso tiene la autoridad para fijarlos. The power of the purse.

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Aunque Trump ha gobernado su primer año casi como un monarca, aprobando 5,5 decretos anuales de media que Joe Biden y 6,5 más que Barack Obama y George W. Bush, con el Congreso que ha aprobado menos leyes de la historia en un primer año de mandato, la decisión del Supremo ha causado una cascada de endorfinas en muchos analistas: "¿Lo veis? ¡La separación de poderes funciona!". Ahora tenemos que esperar a la respuesta del presidente.