"Este país no puede absorber más": Suiza votará si impone un tope de 10 millones a su población

"Si superamos los 10 millones, el país dejará de ser habitable". Con esa frase resume Henrique Schneider, secretario general del Partido Popular Suizo (SVP), el argumento central de la iniciativa propuesta por su formación y que será sometida a referéndum el próximo 14 de junio: introducir en la Constitución un límite máximo de 10 millones de residentes permanentes.

Suiza cuenta actualmente con algo más de 9 millones de habitantes. La iniciativa establece un mecanismo escalonado que obligaría al Gobierno a actuar si la población supera los 9,5 millones antes de mediados de siglo —especialmente en materia de asilo y reagrupación familiar— y a renegociar acuerdos internacionales que puedan impulsar el crecimiento demográfico. Si se alcanzan los 10 millones y la cifra no desciende en un plazo determinado, el Ejecutivo tendría incluso que abandonar el acuerdo de libre circulación de personas que mantiene con la Unión Europea.

Incluso en un país acostumbrado a llevar a referéndum casi cualquier cosa —desde decidir si los animales debían contar con un abogado público que los defendiera en juicio hasta votar si las vacas con cuernos merecían subvenciones específicas— la iniciativa ha provocado un terremoto político desde que superó, recientemente, las 100.000 firmas necesarias para activar la consulta. Suiza es un país que ha construido buena parte de su prosperidad sobre el doble pilar de la apertura económica y la libre circulación de trabajadores con los países vecinos. Por ello, casi toda la clase política ajena al SVP y la práctica totalidad de las organizaciones empresariales del país se han posicionado en contra.

El problema es que el SVP —una formación conservadora, firmemente defensora de la soberanía suiza, crítica con la integración europea y partidaria de una línea dura en inmigración y asilo— no es un partido cualquiera, sino la fuerza más votada en todas las elecciones federales desde 1999. Y, según las últimas encuestas, su propuesta cuenta con el respaldo de alrededor del 48% de los votantes.

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Suiza no es un país con desempleo elevado ni con crisis fiscal. Al contrario, presenta una de las tasas de paro más bajas de Europa y una renta per cápita que se sitúa, año tras año, entre las más altas del mundo. ¿De dónde surge, entonces, esta urgencia por limitar el crecimiento del país?

Desde mediados de los años noventa, la población suiza ha pasado de algo más de 7 millones a superar los 9 millones actuales. En la última década, el crecimiento ha rondado el 10%, uno de los ritmos más elevados de Europa occidental. En el mismo periodo, la población de la Unión Europea en su conjunto se incrementó alrededor de un 2%, según datos del Banco Mundial.

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Este aumento ha coincidido con un encarecimiento notable de la vivienda, especialmente en áreas metropolitanas como Zúrich, Ginebra o Basilea. A ello se suman problemas de saturación en el transporte público y servicios sociales en los cantones con mayor crecimiento demográfico. "En algún momento este país no puede absorber más. Y cuando digo país, no hablo de cultura o sociedad. Hablo de infraestructuras. En Suiza, un tercio del territorio son montañas. Otro tercio son bosques y agua. Eso significa que todos tenemos que vivir en el tercio restante. Y ahí tenemos problemas de escasez de infraestructuras, de electricidad, problemas de emisiones de CO₂, tensiones en el mercado de la vivienda y falta de espacio", argumenta Schneider.

El secretario general del SVP, además, sostiene que el número real de personas es mayor si se tienen en cuenta determinadas categorías del sistema de asilo y los trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente desde Francia, Alemania o Italia. "Estadísticamente, no pertenecen a la población, pero usan la infraestructura como todos los demás", argumenta en entrevista con El Confidencial.

Gran parte del discurso y los argumentos del SVP, de hecho, orbitan en torno a la política de asilo. Para Schneider, ese es el primer grifo que debe cerrarse tan pronto como sea posible. "Tenemos más de 200.000 personas en el sector del asilo, y eso es mucho para un país de 9,5 millones", afirma. La cifra engloba a todas las personas bajo distintos regímenes de protección, como refugiados reconocidos, admitidos provisionalmente o beneficiarios del estatuto especial para ucranianos.

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Pero, a diferencia de otros países europeos donde el debate migratorio se centra en la llegada de refugiados o inmigración extracomunitaria de baja cualificación, el crecimiento suizo ha estado impulsado, sobre todo, por trabajadores procedentes de la Unión Europea. Entre 2010 y 2024, la proporción de residentes no europeos aumentó apenas unos puntos porcentuales, muy por debajo de lo ocurrido en países como Alemania, Francia o Suecia. Hoy en día, más de uno de cada cuatro residentes del país es extranjero y casi un tercio de la fuerza laboral está compuesto por trabajadores de nacionalidad no suiza. El grueso de este incremento demográfico ha llegado desde economías vecinas.

Ese flujo ha coincidido con uno de los periodos más sólidos de crecimiento económico posterior a la crisis financiera. Entre 2010 y 2023, el PIB real suizo acumuló un crecimiento cercano al 25%, frente al 15% en Alemania o el 13% en Francia. Al mismo tiempo, el país ha mantenido niveles de desempleo bajos incluso en los momentos más difíciles y consolidando su posición como centro financiero, farmacéutico y tecnológico a nivel global.

Ante estos planteamientos, el SVP sostiene que el debate no puede reducirse a alabar el crecimiento por el mero hecho de crecer. Schneider distingue entre prosperidad total y bienestar individual: "Con más personas, el PIB crece. Es lógico. Pero si miramos el PIB real por persona en los últimos doce o trece años, estamos planos". Los datos del Banco Mundial indican que el PIB real per cápita pasó de unos 82.500 dólares en 2013 a alrededor de 89.800 en 2024, un aumento cercano al 9%. Un crecimiento moderado y menor que el del PIB total, aunque lejos de un estancamiento.

La historia se repite

El referéndum del próximo 14 de junio no es el primero que sitúa la libre circulación con la Unión Europea en el centro del debate político suizo. En febrero de 2014, los votantes aprobaron por un estrecho margen la iniciativa "Contra la inmigración masiva", también impulsada por el SVP. El texto exigía introducir cuotas anuales y limitar los flujos con el club comunitario.

El Gobierno federal optó entonces por una aplicación flexible del mandato popular. En lugar de imponer cuotas explícitas —que habrían vulnerado los acuerdos bilaterales con la UE—, el Parlamento aprobó en 2016 un sistema de "preferencia nacional light", que obligaba a las empresas a notificar primero las vacantes a los servicios públicos de empleo en sectores con alta tasa de paro, pero sin limitar formalmente la libre circulación. La solución evitó una ruptura con Bruselas, aunque fue criticada por el SVP, que consideró que la voluntad manifestada en el referéndum no había sido respetada.

Sin embargo, en 2020, el propio SVP volvió a someter la libre circulación a votación mediante la llamada "iniciativa de limitación". La propuesta, que planteaba poner fin al acuerdo con la Unión Europea si no podía renegociarse, fue rechazada por un 61,7% de los votantes. El resultado se interpretó como una señal de que, pese al malestar migratorio, la mayoría del electorado no estaba dispuesta a asumir el coste económico y diplomático de una ruptura con Bruselas.

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Pero lejos de suavizar el planteamiento, la nueva iniciativa mantiene abierta —y de forma explícita— la vía de ruptura con la Unión Europea. Aunque no propone de entrada denunciar la libre circulación, el texto establece que, si dos años después de superar el umbral de 10 millones no se han negociado excepciones o salvaguardias eficaces, el acuerdo de libre circulación deberá darse por terminado "lo antes posible". Si la iniciativa sale adelante, el Gobierno tendrá difícil esquivar la bala como lo hizo en 2014.