Una muralla de barcos vista desde el cielo: la ofensiva pesquera china acorrala el Pacífico latinoamericano

Hay un mito muy habitual que reza: desde el espacio, la única construcción humana que se puede ver es la Gran Muralla china. Desde el espacio quizá no, pero cada noche, desde el cielo por la ventanilla de un avión cualquiera, sí que se puede ver una muralla iluminada frente a las costas de Perú, Ecuador o Chile. Cientos de buques poteros y arrastreros bajo pabellón chino despliegan una constelación artificial que marca perfectamente el límite de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de esos países. Operan en una zona gris, el límite legal donde la soberanía nacional y de recursos económicos se difumina. Se trata de una avanzada estratégica que maniobra en la frontera jurídica entre la legalidad internacional y el expolio sistémico de recursos.

Con 1.400 millones de bocas que alimentar, Pekín justifica su presencia alegando el agotamiento de sus propios caladeros territoriales. El botín principal es el calamar gigante (Dosidicus gigas), cuyas capturas se han multiplicado por diez en la última década. Desde la óptica oficialista, estas operaciones son legítimas, están bajo control estricto y se complementan con inversiones estratégicas como el megapuerto de Chancay de Perú, diseñado para engrasar el comercio bidireccional entre Asia y el Cono Sur.

La llegada de la flota pesquera china a América Latina ha sido solo un paso más a actividades que ya realizaba en el Sudeste Asiático, ampliando desafíos comunes: licencias petroleras en aguas disputadas, flotas pesqueras industriales bajo pabellones de conveniencia y proyectos de infraestructura que difuminan la línea entre el desarrollo y la vigilancia en un escenario de alianzas frágiles, poder narrativo y el auge de la ambigüedad estratégica. Cada uno de ellos refleja cómo opera el poder hoy.

Geopolítica de la depredación y zonas grises

"Existen evidencias sólidas de prácticas de pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada)" en el actuar de la flota china, sostiene Alicia García Herrero, economista jefa para Asia-Pacífico de Natixis. El INDNR es un eufemismo técnico para un sistema de expolio sistemático diseñado para operar bajo el radar.

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La analista destaca el apagado recurrente de los sistemas de identificación automática (AIS) —una táctica de "barcos fantasma" para camuflar incursiones en aguas soberanas— y los transbordos de capturas en alta mar. Estas operaciones rompen la trazabilidad y permiten que recursos biológicos estratégicos fluyan hacia los mercados asiáticos sin pasar por los controles fitosanitarios ni arancelarios de las naciones ribereñas.

Más allá del impacto ecológico, este asedio constituye la vanguardia operativa de la Ruta de la Seda Marítima. Pekín no sólo busca asegurar su suministro de proteínas; se le acusa de estar utilizando su flota civil como elemento de presión socavando la viabilidad de las flotas artesanales y tensionando los límites de la jurisdicción estatal.

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Una flota lejana, cada vez más cerca

Esta presencia en aguas distantes en Sudamérica no es nueva, pero sí cada vez más intensa y visible. Un extenso documento regional describe cómo unas 350 naves —en su mayoría de bandera china— siguen un circuito anual. De diciembre a mayo se sitúan frente a Argentina, luego cruzan el estrecho de Magallanes, faenan frente a Chile y Perú entre mayo y julio, y de septiembre a noviembre operan cerca de la zona económica exclusiva ecuatoriana y de las Galápagos.

En temporada alta, solo en el Atlántico suroccidental se concentran hasta 400 buques con redes de arrastre, en uno de los principales puntos de desove y alimentación de especies clave para la cadena trófica, desde peces comerciales hasta ballenas.

En Perú, el presidente de la organización regional Calamasur, Alfonso Miranda, estima que embarcaciones ilegales —principalmente chinas— extraen unas 50.000 toneladas anuales de calamar gigante dentro de aguas peruanas, lo que supondría pérdidas de alrededor de 85 millones de dólares al año. Además de la dimensión económica, los gobiernos afectados alertan de que la sobreexplotación frente a sus límites marítimos empuja a las especies a alejarse de la costa, con impacto directo en la pesca artesanal y en el turismo asociado a la fauna marina.

Soberanía y derecho del mar

En la frontera líquida donde termina la soberanía y comienza el vacío legal, se libra esta batalla asimétrica. Mientras la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar otorga derechos exclusivos de explotación en el perímetro nacional, observadores apuntan a que la armada china aprovecha la permeabilidad de las fronteras biológicas. La "armada" industrial de Pekín ha perfeccionado un modelo de arbitraje geográfico en el límite de las ZEE de 200 millas. La táctica es el "vaciado por proximidad". Operando en una zona gris del derecho internacional, los buques poteros ejercen una presión extractiva que, aunque formalmente legal en alta mar, funciona de facto como aspiradora de recursos, capturando especies antes de que ingresen en aguas territoriales que pertenecen a los ecosistemas soberanos de los Estados ribereños.

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El conflicto no es solo ambiental, sino geoeconómico. La dimensión del problema alcanza tintes de conflicto de zona gris, replicando las tensiones del mar de la China Meridional en el Atlántico Sur y el Pacífico, pero sin proyectiles o islotes artificiales. Aquí la fricción es más sutil, más insidiosa.

El desequilibrio de medios es total. Los Estados latinoamericanos se enfrentan a un gigante con logística de vanguardia y subsidios estatales masivos, mientras sus propios recursos de vigilancia marítima son testimoniales frente a la inmensidad del océano.

¿Análisis técnico o thriller geopolítico?

Este 2026, Estados Unidos endureció su postura frente a la flota pesquera de altura china y la elevó a la categoría de riesgo para la seguridad nacional. En un informe oficial de 80 páginas difundido por el Congreso, Washington la describe como instrumento central de la estrategia de poder marítimo de Pekín, alimentado por subsidios masivos, prácticas sistemáticas de pesca ilegal y presuntas conexiones con objetivos militares y de coerción política en terceros países.

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El documento, elaborado por el Comité Selecto sobre China y la Subcomisión de Seguridad Nacional y Marítima de la Cámara de Representantes, alerta de que la escuadra—cuya dimensión oscila, según los criterios, entre 2.000 y 16.000 buques— no responde a un modelo comercial convencional, sino a una doctrina estatal que busca controlar cadenas de suministro alimentario, debilitar economías rivales y proyectar presencia en regiones estratégicas, con foco especial en América Latina.

El análisis no ha encontrado consenso. El analista geopolítico Sebastián Contín Trillo-Figueroa, especializado en dinámicas euroasiáticas, lo calificó a este medio de "thriller geopolítico disfrazado de estudio pesquero" y "megáfono político más que ejercicio técnico". "No busca describir la realidad, sino movilizarla", sostiene, y acusa al informe de retratar dicha escuadra como "una flota fantasma al servicio de una conspiración galáctica".

Contín carga especialmente contra la horquilla numérica de buques que tacha de "inaudita e indicativa de ansiedad estratégica". "Cuando un documento oficial extrae conclusiones dramáticas de una estimación que varía en un factor de ocho, no demuestra rigor, sino la necesidad de ajustar los datos al nivel de alarma que se desea", afirma. A su vez, critica el léxico empleado —"ofensiva", "coercitivo", "predatorio"—, que, a su juicio, convierte "un problema complejo en un relato monocromático de amenaza".

"No demuestra rigor, sino la necesidad de ajustar los datos al nivel de alarma que se desea"

Para el experto, la verdadera proyección marítima china se ha construido durante años en torno a infraestructuras portuarias, control de cuellos de botella y acceso logístico —el llamado "Collar de Perlas"—, una dinámica que, recuerda, fue tolerada durante largo tiempo tanto por Washington como por Nueva Delhi y que tiene implicaciones mucho más profundas que la propia flota pesquera.

Denuncia además la tendencia estadounidense a securitizar cualquier asunto: "Hace años que en Estados Unidos todo es un problema de seguridad nacional. Y si todo es seguridad nacional, nada termina pareciendo un problema real de seguridad nacional". Llega a calificar el informe de "inservible" por atribuir a Pekín incluso la responsabilidad de que Estados Unidos importe más del 80% de su pescado, una dependencia que atribuye a decisiones comerciales y regulatorias internas estadounidenses y no a una maniobra militar china. "Convertir una elección estructural propia en prueba de amenaza externa es una de las más asombrosas asunciones de error que llevamos vistas en lo que va de siglo", sentencia.

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Pese a la contundencia de su crítica, reconoce que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye "un problema global" que exige "un escrutinio serio y menos ideologizado".

Pekín contraataca con relato de responsabilidad impecable

Pekín no se inmuta. Responde a las acusaciones con un discurso de cumplimiento selectivo que roza lo impecable: según su propia versión, son "una nación pesquera responsable" que ha blindado su flota con controles de vanguardia. La embajada china en Chile lo ha dejado escrito hace apenas unas semanas: monitoreo 24 horas, reportes de posición cada hora y estándares que, aseguran, superan con holgura los de cualquier convención internacional.

La segunda economía del planeta insiste en que combate la pesca INDNR con mano de hierro, que investiga hasta el último caso denunciado y que sus buques faenan en alta mar o bajo acuerdos bilaterales con los Estados ribereños. En su narrativa oficial, toda esta tormenta diplomática y mediática no es más que el capítulo más reciente de una campaña estadounidense para contener su expansión económica y tecnológica, ahora también en el tablero de la seguridad alimentaria global.

Opinión

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En privado, los diplomáticos chinos admiten que la explosión de su flota de altura ha generado "problemas de percepción" en Sudamérica. Rechazan de plano cualquier acusación de depredación sistemática y devuelven la pelota: el verdadero problema es global, alimentado por una demanda insaciable de proteína y por décadas de sobrepesca en las que han participado, con entusiasmo variable, casi todos los actores del océano.

Sudamérica, atrapada entre Pekín y sus pescadores

Mientras Washington y Pekín se lanzan dardos, los gobiernos del Cono Sur encajan el golpe en casa. En Chile, la Federación de Pescadores de Iquique lleva meses denunciando que el calamar Humboldt ha desaparecido de las aguas cercanas a la costa. Culpan directamente a las flotas industriales de haber alterado las rutas migratorias y "vaciado" los caladeros tradicionales que durante décadas alimentaron a miles de familias.

En Argentina el diagnóstico es aún más áspero. Las autoridades hablan abiertamente de "grave depredación" del calamar y la merluza negra en el límite exterior de la ZEE, una franja vital para aves y mamíferos marinos donde no existe normativa efectiva que proteja el ecosistema.

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Por su parte, Perú y Ecuador intentan responder con lo que tienen: diplomacia dura, patrullajes marítimos y tecnología satelital, muchas veces de la mano de oenegés que detectan en tiempo real los apagones de transpondedores, los cambios sospechosos de bandera y los patrones de pesca intensiva junto a las fronteras. Pero la realidad los desborda. Patrullar millones de kilómetros cuesta una fortuna; los buques nodriza chinos recogen la captura y repostan combustible en alta mar sin que nadie pueda tocarlos; y el régimen internacional de pesca en aguas transzonales es un colador lleno de lagunas.

El margen de maniobra

Ahí reside lo singular de esta disputa: los mismos países que se sienten vulnerables son, al mismo tiempo, socios imprescindibles de Pekín en la agenda climática y energética. Gobiernos con escaso peso global descubren de pronto que pueden negociar paquetes más ambiciosos con apoyo financiero para la transición energética a cambio de compromisos reales en vigilancia pesquera, trazabilidad y respeto a las ZEE.

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Esa dualidad explica el tono mesurado de muchas cancillerías. Necesitan denunciar la depredación y responder al malestar de sus pescadores, pero no pueden permitirse dinamitar la relación con uno de sus principales acreedores, inversores e importadores de materias primas.

Es un asunto de percepción pública. Cómo se gestione —con más cooperación o más confrontación— dirá mucho sobre el sitio que América Latina ocupará realmente en la era de la rivalidad entre gigantes.