Cómo el caso de un irlandés "inmigrante modelo" explica el verdadero alcance de ICE

El irlandés Seamus Culleton lleva casi dos décadas viviendo en Estados Unidos. Casado con una ciudadana estadounidense, propietario de su propio negocio de yesería y sin siquiera una multa de tráfico, encajaba en el perfil de "inmigrante modelo". Sin embargo, el 9 de septiembre de 2025, mientras compraba suministros en una ferretería en Massachusetts, fue detenido en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces, permanece bajo custodia, con contacto limitado con su familia, y afronta la deportación pese a contar con un permiso de trabajo en vigor y no tener antecedentes penales en Estados Unidos.

La historia ha suscitado atención política y mediática al reflejar cómo la drástica política migratoria de Donald Trump, que está alcanzando también a europeos con arraigo consolidado. Según datos del Gobierno irlandés, las solicitudes de asistencia consular por riesgo de deportación desde Estados Unidos pasaron de 15 en 2024 a 65 el año pasado. En mayo, otro episodio —el de Cliona Ward, residente legal durante décadas, detenida durante 17 días por antecedentes antiguos ya anulados a nivel estatal— generó igualmente tensión diplomática antes de resolverse con su liberación.

Natural de Glenmore (condado de Kilkenny), Culleton entró en Estados Unidos en marzo de 2009 bajo el programa de exención de visado, que permite permanecer 90 días sin visado formal. Superó ese plazo y permaneció en el país. En abril de 2025 contrajo matrimonio con la ciudadana estadounidense Tiffany Smyth e inició el procedimiento formal para obtener la 'green card'. En ese marco recibió autorización para trabajar. Solo le restaba la entrevista final para lograr el estatus de residente permanente cuando fue arrestado.

Su abogada, Ogor Winnie Okoye, del despacho BOS Legal Group (Massachusetts), sostiene que fue detenido en una operación migratoria rutinaria. El Departamento de Seguridad Nacional, en cambio, afirma que recibió todas las garantías procesales y que un juez de inmigración dictó una orden final de expulsión el 10 de septiembre de 2025.

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El núcleo jurídico no gira en torno a delitos en Estados Unidos —no constan—, sino al marco bajo el que ingresó en el país. El Visa Waiver Program exige la renuncia a determinados derechos de impugnación si se excede el periodo autorizado. Culleton presentó un recurso de habeas corpus ante un tribunal federal en El Paso, Texas, adonde fue trasladado tras pasar por instalaciones en Massachusetts y en Buffalo (Nueva York). El recurso fue rechazado: la jueza consideró que, al haber accedido bajo ese programa, había renunciado a la posibilidad de impugnar la expulsión, incluso aunque posteriormente se hubiera casado con una ciudadana estadounidense.

En noviembre, un juez aprobó su liberación bajo fianza de 4.000 dólares, cantidad que su esposa abonó. Sin embargo, la excarcelación no se ejecutó. Posteriormente, el Gobierno sostuvo que seguía vigente una orden final de expulsión. Paralelamente, existe una controversia sobre documentación firmada en Buffalo: ICE afirma que aceptó la deportación; él lo niega y sostiene que las firmas no son suyas.

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La situación se ha complicado cuando ha trascendido que el Tribunal de Distrito de New Ross (condado irlandés de Wexford) emitió en 2009 órdenes de arresto en Irlanda por presunta posesión de drogas, posesión con intención de suministro y daños criminales relacionados con hechos ocurridos entre 2007 y 2008. Las órdenes continúan formalmente activas y no consta condena posterior en Irlanda. Su abogada subraya que una orden no equivale a sentencia firme y sostiene que su cliente no tenía conocimiento de esos mandatos tras instalarse en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la fecha de nacimiento coincide con la del individuo al que se refieren dichas órdenes.

Culleton ha relatado que, cuando fue interceptado en septiembre, llevaba un carné de conducir de Massachusetts y una autorización de trabajo válida emitida por el Gobierno estadounidense dentro del proceso para la green card (residencia permanente). Tras el arresto, pudo realizar una breve llamada a su mujer Tiffany Smyth, quien, en una rueda de prensa celebrada el miércoles, explicó que "se derrumbó y lloró": "Saber que simplemente se lo llevaron, sin que él ni yo supiéramos adónde lo llevaban, fue traumático".

Durante los cinco primeros días permaneció, según su versión, en una celda abarrotada y posteriormente fue trasladado en avión a un centro de ICE en Buffalo. Allí un agente le preguntó si firmaría un documento aceptando la deportación. Culleton asegura que se negó y que marcó la casilla para impugnar la detención, alegando su matrimonio y la validez de su permiso de trabajo. Después fue enviado al centro de El Paso, a casi 4.000 kilómetros de su domicilio en el área de Boston.

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En entrevistas telefónicas a The Irish Times —que reveló inicialmente la noticia— y a otros medios irlandeses, ha descrito condiciones de hacinamiento, escasas salidas al exterior y raciones limitadas. Afirma que ha pasado cuatro meses y medio en una sala fría y húmeda junto a más de 70 hombres, que la comida se sirve en cantidades "del tamaño de un niño", que las peleas son frecuentes y que los baños están "sucios". Sostiene que en casi cinco meses solo ha salido al aire libre en contadas ocasiones y que el ambiente está marcado por la "ansiedad y la depresión". ICE ha negado públicamente que existan condiciones inadecuadas y asegura que sus estándares superan los de muchas prisiones estatales.

La prolongación de la detención ha alimentado el debate en Estados Unidos. Según un artículo reciente de The New York Times, los tribunales están "desbordados" por audiencias de fianza después de que jueces federales advirtieran que la administración estaría ignorando interpretaciones legales consolidadas que obligan a liberar a determinadas personas si pagan fianza. En ese contexto, la defensa insiste en que su liberación es una opción discrecional del Ejecutivo.

Okoye recurrió ante un tribunal federal, donde dos agentes declararon que en Buffalo habría firmado documentos aceptando la deportación. Él lo niega: "Toda mi vida está aquí. He trabajado muy duro para construir mi negocio. Mi esposa está aquí". Aunque la jueza señaló irregularidades en la documentación presentada por la agencia, finalmente falló a favor de ICE. Según la legislación estadounidense, no puede apelar.

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No obstante, ha pedido que expertos caligráficos examinen las firmas y sostiene que una grabación de la entrevista demostraría que se negó a firmar. "No sé qué va a ocurrir ahora", ha dicho, calificando la espera de "tortura psicológica". Asegura que la semana pasada volvieron a pedirle que firmara una orden de expulsión y se negó. "Hay una parte del Gobierno intentando deportarme y otra intentando concederme una green card", resumió.

La defensa sostiene que, antes de la actual administración, una persona en su situación —con solicitud de residencia por matrimonio y autorización laboral en vigor— difícilmente habría sido detenida y habría completado el procedimiento. Okoye ha calificado la actuación del Gobierno de "inepta" y "caprichosa" y recuerda que existe margen para permitirle acudir a la entrevista pendiente. "Nunca ha sido arrestado. Está casado con una ciudadana estadounidense. Tiene su propio negocio. Ha construido una vida aquí. Ha hecho todo correctamente", afirma.

Tiffany Smyth, esposa del detenido, asegura que vive "cinco meses de angustia, estrés, ansiedad e ira". "No le desearía esto a nadie ni a ninguna familia. Sigo rezando cada día por un milagro". Su hermana, Caroline Culleton, ha expresado su preocupación por el estado físico y emocional y por las condiciones del centro: "Estamos totalmente devastados… es un tormento diario. Solo podemos esperar que esta pesadilla termine muy pronto".

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El Taoiseach Micheál Martin aseguró que el Ejecutivo irlandés hará todo lo posible por ayudar, mientras la ministra de Exteriores, Helen McEntee, indicó que el consulado general en Austin y la unidad consular en Dublín prestan asistencia y que la embajada en Washington mantiene contactos con el Departamento de Seguridad Nacional.

Desde Estados Unidos, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha defendido la actuación de la agencia. En declaraciones a BBC News NI, afirmó que Culleton es "un extranjero ilegal", que entró en 2009 bajo el programa de exención de visado, que no abandonó el país y que un juez emitió una orden final de expulsión el 10 de septiembre de 2025. Según su versión, se le ofreció regresar a Irlanda, pero "eligió permanecer bajo custodia", y añadió que una solicitud pendiente de green card y una autorización de trabajo "no otorgan estatus legal". También rechazó las críticas sobre las condiciones de detención, asegurando que ICE mantiene estándares superiores a los de muchas prisiones estatales.