"Pedro contra Elon": cómo no abordar el gran problema de las redes sociales

Las recientes declaraciones del presidente del gobierno español sobre la prohibición del acceso de menores de 16 años a las redes sociales —y la responsabilidad directa de sus propietarios por los contenidos que se publican en ellas— han suscitado un acalorado debate nacional e internacional. Respuestas furibundas como las de Elon Musk o Pavel Durov, quienes usaron a título particular sus plataformas para lanzarse contra Pedro Sánchez, son solo un ejemplo más de un creciente e inquietante cambio de actitud de estos oligarcas internacionales. Uno que nos obliga a revisar el papel de las redes en el debate público democrático.

Pero esto no es algo nuevo que deba abordarse desde cada problema particular. A diferencia de lo que ocurre en España, donde la reflexión se articula como un mosaico de discusiones fragmentadas en un contexto de polarización política que no deja espacio para los grandes acuerdos, en las instituciones de la Unión Europea se ha desarrollado un amplio debate centrado en la identidad y funcionamiento de nuestras democracias. Acelerada por la COVID y la guerra de Ucrania, la reflexión sobre el impacto de las grandes plataformas en el debate público se ha reflejado en múltiples normas y medidas introducidas en la última década.

Como suele suceder siempre, las propuestas europeas son muy complejas, tanto en su procedimiento de adopción como en su alcance. En relación con ello, la Comisión le ha recordado al presidente del gobierno que la regulación comunitaria no solo hace difícil responsabilizar directamente a los dueños de los contenidos ilegales publicados por terceros (como parece que va a ser la propuesta que presente el Gobierno español), sino que establece el principio de no responsabilidad si eliminan el contenido ilegal y adoptan medidas de contención de contenidos legales, pero dañinos. En Europa sabemos, por experiencia histórica, que regular la expresión ideológica es un terreno resbaladizo, y por eso la norma en vigor no lo hace.

El reglamento aprobado por las instituciones europeas —como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA en inglés), el reglamento sobre la Libertad de los Medios o las normas sobre publicidad política— se ha centrado en introducir transparencia sobre autores y responsables, limitar riesgos sistémicos y proteger procesos electorales de interferencias que no respeten las reglas de juego. Es un giro relevante: por primera vez se exige a las grandes plataformas que asuman responsabilidades por el impacto social y político de lo que alojan, pero no se les responsabiliza directamente por los contenidos publicados.

TE PUEDE INTERESAR

Cuidado con lo que DSA: lo que hay tras de la guerra de cartas entre la UE y EEUU

María Zornoza. Bruselas

Y, sin embargo, una de las cuestiones más problemáticas —y todavía insuficientemente abordadas— de la regulación de las plataformas digitales es el papel que desempeñan sus algoritmos de recomendación. La estrategia de Musk con X, que crea sus propios contenidos ideológicos usando su tecnología para diseminarlos, ha hecho ver lo que de otra manera podría pasar desapercibido. En algunas plataformas, los algoritmos actúan de facto como auténticas líneas editoriales que no se limitan a alojar contenidos producidos por terceros, sino que los jerarquizan, amplifican y hacen visibles a gran escala, influyendo decisivamente en qué temas, actores y marcos interpretativos dominan el debate público.

Desde esta perspectiva, resulta cada vez menos sostenible mantener una separación tajante entre la supuesta neutralidad de la plataforma y los efectos políticos de sus sistemas de recomendación. Que una empresa no sea responsable del contenido que publican los usuarios no implica que deba quedar exenta de responsabilidad sobre el contenido que decide promover activamente. La promoción algorítmica de contenidos no es neutral: responde a criterios diseñados por la propia empresa y orientados a maximizar objetivos comerciales —y, cada vez más, políticos— con consecuencias directas sobre la calidad del debate democrático. Que Musk utilice X de esta manera suscita la necesidad de ir más allá de lo hasta ahora regulado, pero no a golpe de reacciones altisonantes, sino enmarcando las decisiones en los equilibrios complejos que caracterizan a los sistemas democráticos.

Por ello, cualquier revisión del enfoque regulatorio actual debería centrarse en someter los algoritmos de recomendación a principios similares a los que rigen a otros actores que estructuran el espacio público, como los medios escritos o audiovisuales. Aunque la nueva regulación ya incluye la obligación de dejarse supervisar por académicos y sociedad civil especializada, también se podrían incluir, por ejemplo, obligaciones reforzadas de transparencia, responsabilidad de la plataforma cuando sus propietarios son los creadores del contenido ilegal —como, por ejemplo, Grok para los desnudos no consensuados o de menores— o incluso controles específicos durante los periodos electorales para garantizar un equilibrio mínimo entre las distintas fuerzas políticas.

Reconocer que los algoritmos funcionan como líneas editoriales no implica censurar contenidos ni convertir a las plataformas en medios tradicionales, sino asumir una premisa básica: quien organiza la visibilidad en la esfera pública ejerce poder político y, como tal, debe rendir cuentas.

Pero cada medida debe abordarse desde una visión holística que se refiera al funcionamiento de las instituciones básicas de las democracias. Por ello hay que pensar también en políticas complementarias que además pueden adoptarse a nivel nacional en algunos casos: un mayor control público sobre infraestructuras digitales críticas y, por qué no, espacios digitales gestionados como bienes comunes con gobernanza democrática y transparencia. También el fomento de la interoperabilidad y la portabilidad real de datos entre plataformas para reducir los efectos de concentración y dependencia.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas abre una investigación a Grok, la IA de Elon Musk, por sus fotos sexualizadas

Nacho Alarcón. Bruselas

Recuperar la esfera pública no significa prohibir redes sociales ni soñar con un regreso imposible a un pasado analógico. En este sentido, más que modificar el elemento central de una regulación europea recién aprobada, el gobierno español podría concentrar sus esfuerzos en pensar en alternativas para aplicar la normativa europea ya aprobada (todavía muy poco desarrollada en España). Si desea ampliarla, que sea en el marco del recién propuesto Escudo Europeo de la Democracia para adaptar la normativa a la nueva situación geopolítica. Asimismo, podría participar activamente en la nueva Ley de Equidad Digital, que intenta limitar el carácter adictivo de las plataformas, o vigilar los posibles retrocesos que pueda introducir el Reglamento Ómnibus Digital.

Estas cuestiones no son solo técnicas o jurídicas, sino principalmente políticas en el marco de un debate más amplio sobre lo que es una sociedad democrática. Se trata de decidir si aceptamos que unas pocas empresas configuren las condiciones del debate público democrático o si asumimos que la comunicación política es demasiado importante para dejarla en manos de los intereses de un puñado de hombres ricos y poderosos. Pero también de qué manera actuamos cómo ciudadanos. Y en el actual contexto geopolítico que nos impulsa a apelar a la fuerza de la Unión Europea, aplicar lo ya consensuado y responder de manera coordinada refuerza la posibilidad de conseguir los objetivos finales. Frente a Elon, más Europa.

**Elena García-Guitián y Luis Bouza García son profesores de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Forman parte de la Jean Monnet Partnership Spain, que colabora con El Confidencial para la publicación de análisis de temática europea.