'Buy European', sí o no, esa es la cuestión: la UE se enreda en un debate muy francés

Cuando este jueves los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnan en el castillo de Alden Biesen para un debate abierto respecto al problema de competitividad de la economía europea, habrá varios asuntos sobrevolando el encuentro: las tensiones geoeconómicas, la petición alemana de profundizar en la agenda de simplificación regulatoria, o el reciente nuevo impulso a la idea de la Europa a varias velocidades por parte del grupo de las seis grandes economías comunitarias, que quieren avanzar más rápido en la integración de sus mercados financieros y otros ámbitos relacionados con la competitividad. Pero un asunto no menor que estará encima de la mesa son las llamadas "cláusulas de requisito europeo", o de manera más sencilla, ‘Buy European’.

La idea es una absoluta prioridad francesa. Tan importante para París que ha estado dispuesta a hacer lo que nunca haría un francés en la Unión Europea, obsesionados como están por intentar mantener la relevancia de su lengua: ponerle un nombre inglés a la fórmula para que sea más atractiva. Muy resumida, la idea consiste en que el dinero europeo, ya sea público o incluso privado, debería ir fundamentalmente a productos europeos. En el ámbito en el que sea: el debate respecto al aumento de la inversión en defensa, las licitaciones públicas o la resucitada política industrial.

No hay acuerdo ni entre Estados miembros ni tampoco dentro de la Comisión Europea respecto a esta cuestión. Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la institución y francés, es el gran defensor de esta cláusula dentro del colegio de comisarios. Buscaba incluirla dentro de la Ley de Aceleración Industrial, pero esa norma lleva retrasándose desde principios de diciembre. Ahora está previsto que se presente a finales de mes. El francés ha sido especialmente activo en las últimas semanas, con la publicación de un artículo en distintos periódicos de toda la Unión Europea, con cerca de 1.000 compañías respaldando el documento.

Se trata del choque de dos grandes tradiciones económicas europeas. Una más proteccionista, más centrada en lograr la independencia en materias críticas, incluso si hay un alto precio a pagar, especialmente encarnada por Francia, y la tradición del libre comercio y la apertura, representada por el grupo de países del arco norte de Europa, desde Países Bajos al Báltico, territorios que siempre han mirado hacia el exterior para lograr prosperidad.

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Tradicionalmente, el alma económica de la Unión Europea ha recibido su herencia de estos países comerciantes del norte de Europa, que de la estrategia más proteccionista gala, que, sin embargo, ha sido enormemente influyente en otros ámbitos de la Unión, como es la política agrícola.

De hecho, en un documento de reflexión circulado la semana pasada por Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Suecia, el club de socios nórdicos criticaba que la idea de introducir el concepto de "preferencia europea" podría "añadir otra capa de regulación compleja".

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"La aplicación generalizada de la preferencia europea corre el riesgo de anular nuestros esfuerzos de simplificación, dificultar el acceso de las empresas a la tecnología puntera a nivel mundial, obstaculizar el intercambio con otros mercados y alejar las inversiones de la UE", señalan los seis Estados miembros, que admiten que se tienen que tomar medidas "directas y contundentes" para "reforzar la independencia europea", pero que estas deben ser "limitadas" y "proporcionadas".

Para Francia y sus aliados, ese pensamiento es naif. La industria europea sufre por las prácticas comerciales de China, y también por las de su aliado tradicional, EEUU, no solamente por los aranceles, sino también por cómo discriminan a la industria europea de proyectos como la Ley de Reducción de la inflación (IRA). La gran incógnita es dónde se sitúa Alemania, que tradicionalmente se ha opuesto a propuestas similares, pero que esta vez se está mostrando más indecisa sobre su posición, con división dentro del gabinete de Friedrich Merz, con los socialdemócratas (SPD) respaldando la idea, mientras que la ministra de Economía, Katerina Reiche, de los democristianos (CDU), se ha opuesto.

La clave para muchos no es si hay preferencia europea, sino en qué. Mario Draghi, en su informe sobre la competitividad europea publicado en 2024, hablaba de una limitada preferencia europea en ámbitos como defensa. Séjourné, por ejemplo, tiene un enfoque muy claro en el sector automovilístico, donde muchas empresas se resisten a las propuestas del vicepresidente ejecutivo, que busca que se tenga que generar valor añadido sobre el terreno y que haya transferencias de tecnología.

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De cara a la reunión informal de líderes, una alta fuente europea se muestra optimista. "Piensa en el pasado, si hubieras tenido esta cuestión hace un año o dos, no creo que hubiera tenido este nivel de consenso", explica, haciendo referencia a que hay consenso no en que deba haber una preferencia europea, pero sí al menos de que merece la pena tener un debate. "No creo que vaya a secuestrar el debate. (…) Hay diferentes perspectivas sobre el asunto", señala. "Lo que hemos visto es que quizás todos los Estados miembros están dispuestos a tener una discusión respecto a ello. Lo que muchos dicen es que hay que hablar de ello, pero que no puede aplicarse a todo, que habrá que ver sector a sector, industria a industria", añade.

Limitaciones del ‘Buy European’

Bruegel, el think tank económico de referencia de Bruselas, ha señalado en un documento de reflexión publicado este mismo martes y liderado por el exfuncionario europeo español Ignacio García Bercero, que "los requisitos de ‘fabricado en Europa’ podrían aumentar los costes para las industrias orientadas a la exportación, ralentizando la transformación industrial nacional y, en última instancia, la transición hacia las energías limpias".

"Las cadenas de valor limpias de Europa ya se benefician de la experiencia extranjera. Por ejemplo, cuatro quintas partes de la capacidad de fabricación de celdas de batería de la UE ha sido construida por empresas coreanas, lo que ayuda a los fabricantes de automóviles europeos que están invirtiendo en la fabricación de vehículos eléctricos", subraya el think tank.

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García Bercero y el resto de analistas consideran que hay otros mecanismos para proteger a la industria europea, como es el escaneo de inversiones extranjeras (FDI), que de hecho está en plena revisión. "La autorización de una inversión podría estar vinculada a la determinación de que dicha inversión tendrá un impacto suficientemente positivo en la economía de la UE y de que existen remedios eficaces para contrarrestar cualquier riesgo para la seguridad económica. De este modo, se pueden evitar requisitos rígidos en materia de empresas conjuntas, transferencia de tecnología o contenido local, al tiempo que se deja margen para la negociación con el inversor en cuestión", señalan en su documento.

La Comisión Europea ha incluido elementos de requisitos europeos en sus últimas iniciativas en el ámbito militar. Así, eran un elemento importante dentro del fondo SAFE de 150.000 millones de euros en créditos ventajosos para los Estados miembros, y también ha tratado de priorizar el gasto en industria militar europea dentro del crédito de 60.000 millones de euros con deuda conjunta europea a Ucrania para mantener el esfuerzo bélico de Kiev, estableciendo solamente algunas excepciones que permiten al Ejército ucraniano buscar armamento fuera del mercado europeo.