La amnistía venezolana de Delcy no llega a los presos militares: "Tienen miedo a que 'agiten el avispero'"

En los aledaños de la cárcel venezolana El Rodeo I hay cada vez más tiendas de campaña. La cacareada amnistía de Delcy Rodríguez en Venezuela ha excarcelado a un buen puñado de presos políticos, pero ninguno de los beneficiados se cuenta entre los militares encerrados en este centro penitenciario.

Aun así, sus familiares aguardan fuera, entre el frío de la noche y las largas esperas del día, los tratos de los carceleros, que les obligan a encapucharse cuando entran a visitar a sus presos. Ninguno expresa deseos de abandonar su puesto antes de la liberación. "A los militares los tienen olvidados, pero también son presos políticos", afirma Soraya*. Su hijo lleva cinco años y nueve meses encerrado. No se sabe cuánto más seguirá entre rejas: la excarcelación de los presos políticos militares es un capítulo especialmente peliagudo y de consecuencias difíciles de prever para el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez.

Desde la llegada a Venezuela de Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos, "ya no se escuchan los gritos de las torturas", dice una de las madres congregadas. Como otras cárceles venezolanas con presos políticos, El Rodeo I cuenta también con su historial de maltrato, a veces más duro que el que sufren los reclusos civiles: a algunos les aplican electricidad, a otros les amarran para arrastrarlos desde un coche, sufren palizas, aislamiento, encerrados en cubículos con muy poco espacio, atados y suspendidos en posiciones de estrés. En este escenario, el anuncio de una amnistía general y excarcelaciones de presos políticos, forzado por el escenario que deja en Venezuela la operación de captura de Nicolás Maduro por EEUU, se leyó como una liberación. De los 687 presos políticos reportados por la organización Foro Penal, 182 son militares, incluidos al menos seis generales y 16 coroneles.

Pero aunque ya no se escuchen las torturas más brutales, quedan otras. "Los presos cuentan que Diosdado [Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz], viene todas las noches a aplicarles psicoterror". "Ahora se desespera porque tenía la esperanza de salir pronto, me dice que las cosas han cambiado, pero no tanto; ahora les dan tres comidas, con proteínas y carbohidratos, pero continúan los maltratos, la represión, las amenazas, le dicen que se va a pudrir ahí adentro", continúa Soraya, cuyo hijo fue señalado en la Operación Gedeón. Fuentes cercanas al caso comentan que una treintena de los implicados se encuentran desaparecidos, sin que conste su ubicación ni si se encuentran vivos.

En El Rodeo Ios hay de la operación Gedeón (2020), un intento de un grupo de militares disidentes venezolanos que, desde el exilio, intentaron infiltrarse en Venezuela desde Colombia junto a tres integrantes de una fuerza de seguridad privada con sede en Estados Unidos y entrenar a venezolanos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Los hay también de la operación Brazalete Blanco (2024), un presunto intento de magnicidio cuyo objetivo era atentar contra la vida de Maduro y otros altos funcionarios, según denunció el chavismo. La mayoría de los juristas señalan como ficticia dicha operación, pero el gobierno encarceló a gran cantidad de soldados y civiles, entre ellos, Rocío San Miguel, una abogada y activista por los derechos humanos excarcelada y enviada a España el pasado 8 de enero.

Ningún preso militar ha sido liberado todavía.

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Según un abogado involucrado en casos de militares presos, la represión de las fuerzas armadas a manos del régimen chavista responde al temor de una rebelión o incluso de una disensión que rompa con el control que busca ejercer sobre el país. "Creo incluso que el gobierno no tiene confianza plena en los militares", dice, señalando que Maduro prefería "que su primer anillo de seguridad se encargara a cubanos".

Un general retirado del Ejército comenta que el gobierno chavista teme "que si liberan a algunos soldados, estos podrían ‘alborotar el avispero’ y conducir a acciones para sustraer armas de los cuarteles, secuestrar a personalidades del régimen o tomar venganza contra esbirros". Apunta que estas instrucciones "obedecen a lo que dictan los isleños [cubanos], que es la represión que les ha funcionado para mantenerse 60 años en el poder".

Se trata de una situación muy delicada. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses, el poder pasó a Delcy Rodríguez, pero con la amenaza de nuevas intervenciones del Ejército de EEUU si el gobierno venezolano se alejaba del camino marcado desde Washington. Fue el resultado de meses de negociaciones entre EEUU las bambalinas tras Maduro, con la evidente intención de forzar un cambio de gobierno sin arriesgarse a una fea y sangrienta campaña militar por el control del país. El gobierno de Delcy depende, así, de que controle la situación de seguridad interna.

Son unos miedos a una desestabilización interna o guerra civil que no revelan otra crisis en las Fuerzas Armadas venezolanas: incluso en medio de la opacidad acostumbrada del gobierno y el ejército, se ha reportado la deserción de numerosísimos soldados, con cientos de informes de "permanencia no autorizada y sin justificación" fuera de sus cuarteles. No se alcanzan los mismos picos del año 2023, cuando se registraron más de 3.000 bajas, ni del 2018 y 2019, que en conjunto casi llegaron a las 10.000, pero la represión y también la precariedad que enfrenta el ejército ha obligado a tantos uniformados a abandonar sus puestos e incluso salir de Venezuela.

Sin embargo, el general retirado se muestra optimista. El proceso de liberaciones por la amnistía "es una maquinaria que ya arrancó y es indetenible porque el ritmo lo imponen desde el norte", dice, refiriéndose a las órdenes de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.

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El proyecto de ley de amnistía anunciado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ya cuenta con una comisión especial conformada por 18 diputados, si bien el texto no ha sido entregado a todos los miembros de la Asamblea Nacional, según el medio digital El Pitazo.

El abogado de varios militares presos, que declara bajo condición de anonimato, advierte de que "va a ser bien difícil que la amnistía llegue a los casos militares" debido a la falta de garantía y respaldo judicial. "Este es un gobierno que controla todo el Tribunal Supremo", dice, coincidiendo con las peores sospechas de los familiares entrevistados de los presos de que las excarcelaciones y planes de amnistía son estrategias para "ganar tiempo" y apaciguar a las autoridades estadounidenses.

La amnistía política no cubriría a los acusados de homicidio, narcotráfico, corrupción y crímenes de lesa humanidad. Es otra disposición desventajosa para varios de los soldados encarcelados, entre los cuales se encuentran condenados por homicidio o a quienes se les ha "sembrado" droga, como detallan varios testimonios, como víctimas de persecución política, sin haberse probado su responsabilidad en los hechos por los que se les procesa.

Es el caso por ejemplo del hijo de Susana*, otra de las mujeres que espera en El Rodeo I. Este sargento segundo del Ejército se vio envuelto no en un intento de golpe de Estado, sino de un presunto ajuste de cuentas entre los cuerpos de seguridad. "En una operación de hace nueve años, él capturó a un delincuente de 16 años al que había denunciado su madre y lo dejó en el calabozo para seguir con su ronda, pero al rato llamaron a emergencias desde el comando y al muchacho lo sacaron muerto. Hay testigos de que lo mató otro oficial del CICPC [Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas], pero a mi hijo y a otros dos los acusaron de asesinato y los condenaron apenas en el 2024. El papá, que era mi esposo, murió del corazón hace tres años y un mes porque no podía con la impotencia".

Los nietos de Ricardo* ni siquiera conocen a sus padres. A su hijo y nuera de Ricardo los acusaron de participar en el presunto magnicidio Brazalete Blanco, y desde entonces llevan 25 meses preso. El hijo de Ricardo denunció torturas: "Papi, yo no te lo he querido contar porque sé cómo te pones, pero aquí me han guindado, me han dado batazos", le dijo en una de las visitas, según relata el propio Ricardo, que hace una pausa y no se atreve a hacer la comparación con una piñata de la que suelen echar mano los activistas de derechos humanos. "Lo apresaron cuando asistió a un nombramiento porque le habían dicho que le entregarían un nuevo cargo, parecido a lo que le pasó a su esposa, primera teniente, que lleva dos años encarcelada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina y pasó 125 días desaparecida", dice. "Sus hijos no los conocen".

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Un detalle revelador es el que detalló Rodríguez en la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, afirmando que la mayoría de los casos penales se ha resuelto por admisión de los hechos por parte de los acusados, resolviéndose de forma expedita con una condena. Sin embargo, el jurista consultado por El Confidencial afirma que "es la negación misma de la justicia, porque la condena no es justa si es una forma de presionar al procesado como una fórmula de no continuar preso en un juicio interminable, bajo tortura psicológica".

Mientras tanto, Soraya y tantas otras madres seguirán afuera de las cárceles y centros de tortura, por mucho que tiemblen sus esperanzas en una oportunidad, cualquier oportunidad, de que dejen salir a sus seres queridos. "Hablan de perdonar, y esperemos que se dé, pero tienen que ser ellos quienes tienen que pedir perdón. Porque a los que están ahí adentro, ¿quién les devuelve los años que han vivido ahí? ¿Quién quita ese maltrato psicológico, físico, verbal? ¿Quién quita ese horror que vivieron allí? ¿Quién les borra eso de su mente?".

* Los nombres han sido modificados a petición de los entrevistados para proteger sus identidades.