¿Amnistía? Hombres armados secuestran a Juan Pablo Guanipa, aliado de Corina Machado

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa llevaba menos de doce horas excarcelado cuando una decena de hombres armados y vestidos de civiles lo emboscaron. Su hijo, Ramón Guanipa, denunció en redes sociales que este se encontraba "en una actividad a las 11:45 de la noche" cuando "funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación" lo "interceptaron y secuestraron". “Responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre”, declaró, apuntando en dirección a la cúpula chavista dirigida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y exigiendo fe de vida del periodista y activista político.

La líder María Corina Machado, aliada de Guanipa, se hizo eco de la denuncia de esta desaparición forzada y exigió su "liberación inmediata" en un mensaje de su perfil en la red social X. El partido Primero Justicia, que lideraba Guanipa, llamó a la comunidad internacional a pedir el "cese de la persecución a la disidencia y responsabilizó a Rodríguez, junto a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, de "cualquier daño contra la vida de Juan Pablo".

El secuestro ocurrió después de una movilización que celebraba la salida de la cárcel de Guanipa, detenido el 23 de mayo de 2025 y acusado de una supuesta conspiración terrorista contra las elecciones de gobernadores y diputados del parlamento. Se le habían imputado los cargos de incitación a la violencia y al odio, terrorismo y lavado de dinero. Guanipa acompañó una caravana motorizada que recorrió las calles de Caracas visitando las ubicaciones de varios centros penitenciarios donde siguen recluidos varios presos políticos, incluyendo el Helicoide, el centro de torturas más grande del país, y el comando de la policía conocido como Zona 7, donde exigieron la agilización de las liberaciones.

Horas después, en la madrugada, la fiscalía venezolana publicó un comunicado en el que informó sobre "la revocatoria de la medida cautelar acordada" a Guanipa debido al "incumplimiento de las condiciones impuestas". Por ello, ha pedido que el dirigente opositor pase a un régimen de detención domiciliaria. Sin embargo, la boleta de excarcelación de Guanipa, consultada por El Confidencial, no impone más requisitos de cumplimiento que presentarse ante el tribunal cada 30 días y la prohibición de salir del país.

A lo largo del domingo también habían salido de la cárcel más de 30 presos políticos, incluyendo al abogado Perkins Rocha, que asesoraba a Machado, el activista Jesús Armas, los exdiputados Dignora Hernández y Freddy Superlano, entre otros. Se trataba de una de las jornadas más significativas en medio del proceso a cuentagotas de excarcelaciones, acompañando el avance de un proyecto de ley de amnistía dirigido a los prisioneros procesados o condenados en medio de persecuciones políticas dirigidas por el chavismo.

En medio de las manifestaciones que Guanipa, cuya familia no había podido verlo en persona desde hace varios meses, se expresó a favor de la "reconciliación" enarbolada por el régimen como motivo de la ley de amnistía, pero añadió que "les toca ser minoría y aceptar que hay un pueblo que tomó una decisión que debe ser respetada", haciendo referencia a las elecciones presidenciales en el 2024.

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La victoria que concedió la presidencia a Nicolás Maduro, que enfrenta un juicio criminal por narcoterrorismo en Estados Unidos después de ser extraído forzosamente de Caracas, ha sido ampliamente considerada como un fraude por la comunidad internacional.

Incluso después de la excarcelación de cientos de personas (383 según la organización Foro Penal), la mayoría de los cuales sigue bajo medidas cautelares, quedan todavía más de 600 presos políticos, varios de los cuales enfrentan torturas y condiciones precarias en su encierro. Hasta ahora, el régimen chavista ha negado que se trate de presos políticos y afirma que han liberado a más de 900 prisioneros, cifras que no coinciden con las de organizaciones no gubernamentales, que señalan que podrían estar incluyendo excarcelaciones de años anteriores.

Además de los maltratos físicos y psicológicos y condiciones insalubres dentro de los entornos penitenciarios, varios grupos de activismo y derechos humanos han denunciado el incumplimiento de los derechos procesales de los presos, incluyendo el impedimento a la representación de abogados privados, la falta de respuesta ante peticiones de habeas corpus, las audiencias sumarias y la intimidación para extraer confesiones.

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La ley de amnistía, propuesta por el Ejecutivo dirigido por Rodríguez y aprobada en una votación inicial en la Asamblea Nacional, también ha atraído críticas por parte de la oposición, como han declarado juristas y expertos consultados por El Confidencial.

Entre las principales deficiencias, señalan la falta de independencia del poder judicial venezolano, sometido al chavismo, la escasa documentación que justifique el cierre de los casos y la negativa del régimen a reconocer los abusos contra la disidencia, al presentar la iniciativa como un gesto de gracia sin admitir el uso arbitrario del poder.