¿"Desescalada" en Mineápolis? Por qué la ofensiva de ICE está lejos de terminar

Tras casi dos meses de confrontación y tensión, Minneapolis vivió este viernes una jornada de relativa tranquilidad pese a las protestas convocadas contra el despliegue federal de agentes migratorios. Organizadas por colectivos estudiantiles, organizaciones comunitarias y sindicatos, las movilizaciones incluyeron cierres de comercios, paros en centros educativos y concentraciones frente a edificios gubernamentales en la ciudad, así como acciones similares en decenas de puntos de todo el país bajo el lema “ICE Out”, una convocatoria que instaba a no trabajar, no asistir a clase y no consumir en ningún comercio. Las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes graves ni enfrentamientos mayores entre participantes y fuerzas de seguridad.

Las protestas coincidieron con una serie de movimientos por parte de la administración estadounidense que han sido interpretados como señales de contención del conflicto, aunque el operativo migratorio sigue activo y sin fecha de retirada. La principal señal fue la comparecencia del pasado jueves de Tom Homan, el "zar fronterizo" de la Casa Blanca designado esta semana como responsable del operativo federal en Minesota. Homan dijo que su equipo está trabajando en un plan de "desescalada" y reconoció de la operación en Mineápolis: "No estoy aquí porque el gobierno federal haya llevado a cabo esta misión a la perfección".

Las declaraciones de Homan fueron lo más parecido a una admisión de culpabilidad por parte de un representante de la administración Trump desde que el pasado 24 de enero Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos en un hospital de Mineápolis, fuera abatido por disparos de agentes federales durante una protesta contra la presencia de ICE en la ciudad. Dos semanas antes, Renée Good, también ciudadana estadounidense, falleció a manos de otro agente cuando se encontraba en el interior de su vehículo.

En este contexto, el Departamento de Justicia anunció este viernes la apertura de una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Pretti. La investigación estará liderada por el FBI y contará con la participación de la división de derechos civiles del departamento. El anuncio supuso un cambio respecto al planteamiento inicial de la administración, que había señalado que el caso se limitaría a una investigación interna sobre el uso de la fuerza, dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional.

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Pero pese a estas señales de contención, no existen indicios de que la posición de la Casa Blanca vaya a moverse mucho en lo que a ICE respecta. Preguntado el jueves por la posibilidad de retirar o reducir el número de agentes federales desplegados en Minneapolis, el presidente Donald Trump negó que existan planes para hacerlo. “No, en absoluto”, respondió cuando se le preguntó si se estaba planteando una retirada. Ese mismo viernes, Trump volvió a referirse a Alex Pretti en un mensaje publicado en su red social, en el que lo calificó de "agitador" y sugirió que su comportamiento previo a la muerte justificaba la actuación de los agentes. El presidente aludió a un vídeo difundido esta semana en el que se ve a Pretti increpando a agentes federales y golpeando un vehículo oficial días antes de ser abatido.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha intensificado su actuación contra algunos participantes en las protestas. En las últimas 48 horas fueron detenidos el ex presentador de CNN y actual periodista independiente Don Lemon, la reportera Georgia Fort y varios activistas en relación con una protesta celebrada el 18 de enero en una iglesia de Saint Paul, Minesota. Según las autoridades federales, los arrestos se basan en presuntas violaciones de leyes que protegen el derecho al culto religioso. Diversos cargos electos demócratas han criticado las detenciones por considerarlas una vulneración de la libertad de prensa y de expresión.

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En paralelo a los acontecimientos de Minesota, han salido a la luz los planes del Departamento de Seguridad Nacional para ampliar de forma significativa la capacidad de detención de inmigrantes en todo el país. Una investigación del Washington Post ha documentado la adquisición o el estudio de compra de grandes naves industriales en al menos ocho estados, con el objetivo de reconvertirlas en centros de detención con capacidad para miles de personas. Según esos planes, ICE aspira a crear una red de centros de gran tamaño, ubicados cerca de aeropuertos y grandes infraestructuras de transporte, que permita procesar y retener a un número mucho mayor de detenidos antes de su deportación.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han confirmado que cuentan con nueva financiación para expandir el sistema de detención y que las compras realizadas en estados como Maryland y Arizona forman parte de ese esfuerzo. En algunas comunidades afectadas, alcaldes y consejos municipales han intentado bloquear los proyectos, alegando preocupaciones humanitarias, de infraestructuras y de falta de información previa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el Gobierno federal no necesita autorización local para llevar a cabo estas adquisiciones.

En paralelo al despliegue policial visible, las autoridades federales han intensificado el uso de herramientas tecnológicas para identificar y monitorizar a participantes en las protestas. Según informaron a The New York Times fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, los agentes están utilizando en Mineápolis sistemas de reconocimiento facial, programas de seguimiento de redes sociales y bases de datos que integran información gubernamental y comercial para localizar a personas de interés. Las tecnologías, de acuerdo con los funcionarios citados, se están utilizando no solo para identificar a inmigrantes indocumentados, sino también para rastrear a ciudadanos estadounidenses que han participado en protestas u observado la actuación de las fuerzas de seguridad.

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En este contexto, la llamada desescalada puede interpretarse, a lo sumo, como una breve pausa en medio de un operativo migratorio a gran escala que no muestra ninguna intención de cesar. Homan, por ejemplo, ha señalado que cualquier reducción de la presencia federal en Mineápolis dependerá de la cooperación de las autoridades locales y de los resultados operativos. Dicho en otras palabras, hay ICE para rato.