Trump anuncia una "gran investigación" por la muerte de Pretti, que "supervisará" él mismo

La muerte de Alex Pretti, abatido por agentes federales de inmigración en Mineápolis el pasado sábado, se ha convertido en cuestión de días en la mayor crisis de imagen del segundo mandato de Donald Trump. Una que no solo está galvanizando a la oposición en pleno año electoral, sino también desatando fracturas cada vez más visibles entre los aliados tradicionales del trumpismo y sectores clave de la base conservadora.

Altos cargos de la administración estadounidense reaccionaron al incidente recurriendo al mismo manual que ya habían aplicado semanas antes tras la muerte de la también residente de Mineápolis Renée Good: cierre de filas inmediato, defensa a ultranza de los agentes implicados y, sobre todo, deslegitimación de la víctima. Antes de que se iniciara cualquier investigación, Pretti ya había sido presentado por el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, como alguien que pretendía "hacer el máximo daño posible" y "masacrar a las fuerzas de seguridad". El asesor de la Casa Blanca Stephen Miller también lo calificó de "terrorista" y "aspirante a asesino".

Pero las imágenes que circularon desde las primeras horas dejaban escaso margen para sostener esa caracterización. Los vídeos muestran a Pretti con el teléfono en la mano, grabando la actuación de los agentes y tratando de auxiliar a una manifestante que había sido empujada y rociada con spray químico, antes de ser reducido en el suelo por varios federales. En ningún momento aparece empuñando su arma ni adoptando una actitud que pueda interpretarse razonablemente como una amenaza inminente para las fuerzas de seguridad. A esa contradicción se sumó el perfil del propio Pretti: un enfermero de cuidados intensivos sin antecedentes y que portaba su arma de forma legal.

La disonancia entre el relato oficial y las imágenes es tan evidente que ha desbordado el marco habitual de polarización política en Estados Unidos y forzado a Trump a recular. La tarde del martes, el presidente aseguró que iba a supervisar él mismo una "gran investigación" sobre la muerte de Pretti, y poco antes había asegurado que "amaba a su familia [la de Pretti]". "Es una situación muy triste", aseguró.

En otra señal de desescalada, el presidente había anunciado este lunes el envío inmediato a Mineápolis de Tom Homan, su “zar” fronterizo y exdirector interino de ICE, para asumir el control directo del operativo federal en la ciudad. “Tom es duro, pero justo, y me reportará directamente a mí”, escribió Donald Trump en su red social, Truth Social. El movimiento supone un reproche implícito a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hasta ahora responsable del despliegue.

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Noem no fue la única en recibir una reprimenda indirecta. Según reporta The Atlantic, Bovino fue apartado de su cargo como comandante de la Patrulla Fronteriza y devuelto a su antiguo puesto en El Centro, California, donde se espera que se jubile. Trump también dio señales de que la situación en Mineápolis podría estar encaminándose hacia una desescalada. En otro mensaje publicado en Truth Social tras una conversación telefónica con el gobernador de Minesota y excandidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, el presidente escribió: “He tenido una llamada muy buena con el gobernador Tim Walz. Parecemos estar en una onda similar sobre la necesidad de trabajar juntos para gestionar adecuadamente el aumento de agentes federales de inmigración en Minesota”.

El control de daños se había vuelto inevitable incluso para una administración acostumbrada a no ceder ni un milímetro a los demócratas. El gobernador republicano de Oklahoma —uno de los estados más conservadores de EEUU—, Kevin Stitt, manifiestó en una entrevista televisiva que "la muerte de estadounidenses, lo que vemos en televisión, está generando profunda preocupación sobre las tácticas y la rendición de cuentas del gobierno federal". Stitt, que hasta la fecha se había mostrado como uno de los mayores aliados de Trump en materia migratoria, no criticó al presidente directamente, pero sí a su entorno. "Está recibiendo malos consejos en este momento", sentenció.

La inquietud se extendió también al Congreso, donde dirigentes republicanos con peso institucional empezaron a pedir explicaciones formales. El presidente del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, Andrew Garbarino, exigió que los responsables de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comparezcan ante el Legislativo para dar cuenta de lo ocurrido. En paralelo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, reconoció estar "preocupado" por lo que mostraban las imágenes difundidas desde Mineápolis. En el Senado, Bill Cassidy, senador de Louisiana, advirtió de que "la credibilidad de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego" y reclamó una investigación exhaustiva.

No es la primera vez que las consecuencias de una decisión de la administración Trump generan incomodidad entre algunos dirigentes republicanos, pero en esta ocasión las muestras de rechazo se han extendido por gran parte del ecosistema conservador de Estados Unidos. El New York Post, uno de los apoyos mediáticos más constantes de Trump, publicó un editorial el domingo alertando sobre las consecuencias de la violencia: "Es hora de rebajar la tensión en Mineápolis, señor presidente (...) Los votantes bisagra —hispanos e independientes que se inclinaron por usted en las últimas elecciones— ven a ciudadanos estadounidenses morir a manos de agentes federales y reaccionan con horror".

Al rotativo no le falta razón. Con las elecciones legislativas de medio término en el horizonte —que se celebrarán el próximo 3 de noviembre— las encuestas están mostrando un problema mayúsculo para Trump y su estrategia de mano dura en inmigración. Según el último sondeo conjunto de The New York Times y la Universidad de Siena, solo el 36% de los estadounidenses respalda la labor de ICE, mientras que el 63% la rechaza. Entre los votantes independientes, esa oposición alcanzaba al 70%. Además, el 61% de los encuestados afirmó que la agencia había ido "demasiado lejos", incluyendo a casi uno de cada cinco republicanos.

Los conservadores tienen motivos de sobra para inquietarse. La inmigración había sido hasta hace poco uno de los pocos asuntos en los que Trump mantenía una ventaja clara entre los votantes. El deterioro de la imagen de ICE y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses se suma ahora al descontento con la situación económica. Este mismo fin de semana, una filtración a Axios revelaba una conversación privada en la que el senador republicano Ted Cruz trasladaba al presidente que las próximas elecciones podrían convertirse en un "baño de sangre" para los republicanos.

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El Gobierno también afronta un sinfín de desafíos judiciales por la actuación de las fuerzas migratorias. Este martes, el juez federal Patrick Schiltz ordenó al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, comparecer ante el tribunal para explicar por qué no debería ser declarado en desacato por incumplir órdenes judiciales. En un escrito especialmente duro, el magistrado afirmó que “la paciencia del tribunal se ha agotado” con la administración Trump y señaló también a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por ignorar resoluciones que exigían conceder vistas de fianza o liberar a detenidos, subrayando que ese incumplimiento ha provocado “graves perjuicios” a personas que “no han hecho nada malo”.

Paralelamente, más de 60 directores ejecutivos de empresas con sede en Minesota, incluidas Target, Best Buy y UnitedHealth, firmaron una carta abierta publicada por la Cámara de Comercio del estado pidiendo una "desescalada inmediata" de las tensiones y que las autoridades estatales, locales y federales trabajen conjuntamente para "encontrar soluciones reales" y evitar más violencia y fractura social. En su misiva, los empresarios subrayaron que los recientes acontecimientos han provocado "una amplia disrupción y trágica pérdida de vidas" y que el estado necesita estabilidad.

Traición a la Segunda Enmienda

El rechazo de una parte del electorado conservador a la gestión de la muerte de Pretti se está produciendo, además, en un terreno que hasta ahora había sido uno de sus baluartes: la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas de fuego.

Gran parte de la defensa oficial de la actuación de los agentes se ha apoyado en el hecho de que Pretti portaba una pistola, pese a que lo hacía de forma legal y a que las grabaciones no lo muestran empuñándola ni amenazando a las fuerzas de seguridad. Ese argumento fue lanzado por el director del FBI, Kash Patel, quien afirmó que "nadie que quiera ser pacífico acude a una protesta armado", y por el fiscal federal Bill Essayli, quien aseguró que acercarse armado a las autoridades hace "altamente probable" que los agentes estén legalmente justificados para disparar.

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M. R.

Esta línea argumental provocó una reacción inmediata y poco habitual de organizaciones pro-armas tradicionalmente alineadas con el trumpismo. Incluso la Asociación Nacional del Rifle (NRA), uno de los lobbies más poderosos de Estados Unidos y uno de los mayores donantes a la campaña de Trump, mostró su rechazo. "Este tipo de afirmaciones son peligrosas y erróneas", señaló la organización en un comunicado. "Las voces públicas responsables deberían esperar a una investigación completa, no hacer generalizaciones ni demonizar a ciudadanos que cumplen la ley", agregó.