Mineápolis se convierte en el laboratorio del Estado policial en EEUU

Lo que estamos viendo en Mineápolis, donde El Confidencial estuvo a principios de la Operación Metro Surge lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional en diciembre, no tiene nada que ver con la política migratoria, ni con los casos de fraude a los servicios sociales de los últimos años. Mineápolis, ahora mismo, es un laboratorio de la ocupación y un mensaje claro al pueblo estadounidense: si usted sale a la calle a protestar contra nuestras fuerzas paramilitares, puede ser detenido, maltratado o incluso asesinado. Conviene desmenuzar este planteamiento.

La expresión "régimen de ocupación" está justificada por el número de agentes de ICE y CBP (Patrulla Fronteriza) y por su forma de actuar. Ahora mismo hay allí 3.000 de estos agentes migratorios: un número cinco veces superior al de agentes de la policía local. Las autoridades de Mineápolis, como han reconocido el alcalde, Jacob Frey, y el jefe de policía, Brian O’Hara, están desbordadas. Muchos residentes les piden que se enfrenten a los ocupantes, pero no pueden: por cautela y porque están abrumados en número (cinco contra uno) y en potencia de fuego.

Pero, sobre todo, está la forma de actuar. La CBP está autorizada y entrenada para operar en un radio de 100 millas desde la frontera, no en los vecindarios de las ciudades demócratas. Respecto a ICE, siempre ha tenido límites: sus agentes no podían hacer redadas en colegios, iglesias y hospitales. Ahora sí. Sus agentes no podían entrar en los domicilios sin orden judicial. Ahora sí, como recoge este memorándum interno obtenido por la agencia Associated Press.

ICE se solía centrar en localizar a los inmigrantes sin papeles con historial criminal. Ahora ya no. Ahora se permite parar a la gente en las calles al azar para pedirle los papeles de ciudadanía (que son el pasaporte o la partida de nacimiento; menos de la mitad de los estadounidenses tienen pasaporte, y ¿quién anda por la calle con la partida de nacimiento en el bolsillo?). Como han dicho varios jefes de policía de Minnesota, como Mark Bruley, de Brooklyn Park: ICE para, siempre, a la gente de color. Y a veces la encañona. Y se la lleva. Y la retiene en calabozos.

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Como consecuencia, los negocios cierran, las clases de muchos colegios se dan en remoto y muchas personas, tengan o no papeles, no salen de sus casas, porque las pueden parar, maltratar o incluso matar. Las dos personas asesinadas, Renee Good y Alex Pretti, eran estadounidenses de nacimiento. Vecinos de Mineápolis. Cabría añadir: blancos. Good trataba de hacer una clara maniobra de cambio de sentido cuando le pegaron tres tiros. Pretti grababa con el móvil. Le pegaron 10 tiros en cinco segundos, pese a que ya le habían quitado la pistola que llevaba legalmente.

Cualquier persona que haya estado en una zona de guerra reconocerá lo que sucede en Mineápolis. A mí me recuerda al Donbás de 2014. Fuerzas paramilitares (es el término correcto para ICE y CBP: llevan armas y uniformes militares, pero no lo son; ergo, son paramilitares) pidiéndote los documentos en puestos de control, arbitrariedad, choques esporádicos, goteo de cadáveres e impunidad.

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¿Hacía falta este despliegue, en intensidad y en número, para hacer algo que otras administraciones han hecho siempre, como es deportar inmigrantes? ¿Y por qué en Mineápolis? Minnesota tiene, en relación a muchos otros Estados, pocos inmigrantes indocumentados. Es un Estado que mide, aproximadamente, la mitad que España, pero donde viven 5,7 millones de habitantes en total. Un 2,2% de los cuales, según la estimación de Pew Research Center, están indocumentados.

No tiene sentido. Luego está la cuestión del fraude a los servicios sociales, donde la gran mayoría de los imputados son de origen somalí. Esta excusa se lee, incluso, en España. Tal es el alcance de las redes de propaganda trumpista.

Hablamos de diferentes escándalos, efectivamente, graves, relacionados con la asistencia social. Pero conviene recordar que no tienen nada de nuevo: se destaparon y empezaron a investigar en 2021. De los 78 imputados, 60 ya han sido condenados. Y segundo, aunque fuera algo novedoso, ¿qué tendrían que ver ICE y CBP con ello? Estas agencias no se dedican a investigar fraudes al erario público. Alguien puede aducir que hablamos de somalíes, y que por tanto hay un elemento de inmigración. Lo que pasa es que el 91,5% de las personas de origen somalí en EEUU son ciudadanas de EEUU.

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Si la inmigración no tiene nada que ver, ¿por qué han ocupado Mineápolis? Un factor a tener en cuenta es que esta Administración valora mucho el espectáculo. Los agentes de ICE y CBP suelen llevar consigo equipos de influencers que graban y retransmiten la patriótica labor de limpiar Estados Unidos de "basura", "alimañas" o "invasores", por usar algunas de las formas en las que Donald Trump se ha referido a los inmigrantes, no necesariamente sin papeles.

En este sentido, Mineápolis es el escenario perfecto: una ciudad mediana, de 428.000 habitantes, por la que es fácil moverse y que resulta, digámoslo así, "ocupable". Metrópolis como Los Ángeles, Nueva York o Chicago (2,7 millones de habitantes) se les atragantarían. Allí hicieron, y hacen, sus operaciones, pero son más localizadas. Mineápolis, en cambio, la pueden asediar y la pueden doblegar.

Hay que añadir el hecho de que se trata de una ciudad de izquierdas. Cuando George Floyd fue asesinado en una de sus calles, en 2020, Mineápolis se convirtió en el epicentro de la mayor ola de protestas en EEUU de los últimos 50 años. Sucedió al final del primer mandato de Donald Trump, que se la tenía guardada.

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Así que en Mineápolis vemos a los hombres de Trump meter en vereda a las malvadas fuerzas que quieren destruir EEUU: los inmigrantes, los somalíes ("basura", según Trump) y los activistas progresistas. Todas estas categorías están siendo cazadas, rociadas con gas lacrimógeno, o peor.

Por eso era razonablemente predecible que, si el Gobierno mete a 3.000 paramilitares con pasamontañas y armas pesadas en esta ciudad demócrata, y los pone a entrar en casas tirando la puerta abajo y a parar a gente en la calle por el color de la piel, fuera a ocurrir, en algún momento, alguna desgracia aún mayor.

Lo cual nos lleva a otra razón posible. Donald Trump cultiva el caos para luego aportar el remedio: más represión estatal. La sospecha es que Trump quiere invocar la Ley de Insurrección, que le permitiría usar a las fuerzas armadas en tareas policiales. En su mensaje del sábado sobre el asesinato de Pretti, Trump acusó al alcalde Frey y al gobernador Walz, precisamente, de "incitar a la insurrección".

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Esta es la manera en la que se crea un Estado policial. Se busca una excusa (la inmigración) para ejercer la violencia estatal, y a partir de ahí se va subiendo la temperatura para justificar todavía más represión. Los estadounidenses, o cualquiera que haya crecido en una democracia, tienen dificultades en entender esta dinámica. Un ruso o un bielorruso se lo podría explicar en una tarde.

ICE, como dice el Brennan Center for Justice, se está dotando de las herramientas necesarias para vigilar también a quienes se manifiestan contra sus redadas. Y el Gobierno está elaborando una coartada ideológica, la existencia de presuntas redes de "terrorismo doméstico" financiadas por oscuros grupos de izquierda.

"Este nivel de caos planificado es exclusivo de Mineápolis", tuiteó el vicepresidente de EEUU, JD Vance. "Es la consecuencia directa de agitadores de extrema izquierda, que trabajan junto a las autoridades locales". Las reacciones de los otros miembros del gabinete, como Kristi Noem, Stephen Miller, Pam Bondi y el propio Donald Trump, han discurrido por la misma senda, la de hablar de terrorismo doméstico y culpar a las víctimas y a los demócratas de toda la tragedia.

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Hay otras razones, también. El sábado por la noche, la fiscal general Pam Bondi mandó una carta al Gobierno de Minnesota. En ella decía que, si aceptaba determinadas condiciones, la Casa Blanca retiraría a sus fuerzas paramilitares. La condición más llamativa fue la tercera: "Permitir que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acceda a los registros de votantes para confirmar que las prácticas de registro de votantes de Minnesota cumplen con la ley federal, según lo autorizado por la Ley de Derechos Civiles de 1960".

Es decir, el acceso a los registros de votantes. Una de las ventajas que tiene el sistema electoral de EEUU es que está altamente descentralizado, lo que dificulta que alguien pueda organizar un fraude a una escala significativa. Son los 50 Estados los que, cada uno por su lado, organizan el voto y el recuento. Por eso levanta sospechas que el Gobierno federal quiera meter sus manos en los registros de votantes con la excusa de buscar fraude. Sobre todo, un gobierno liderado por quien todavía no ha reconocido los resultados de las elecciones de 2020.

Además de una plataforma viviente de contenidos MAGA, Mineápolis es un laboratorio de lo que le espera a Estados Unidos. Cuando Joe Biden apuraba sus últimos meses de mandato, ICE tenía unos 7.000 agentes. Hoy tiene 22.000: más del triple. Y este año se ha triplicado su presupuesto, parejo con el de las fuerzas militares más poderosas del mundo, solo por detrás de EEUU, China y Rusia.

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