EEUU ya vende el petróleo de Venezuela y estos son los ganadores (por ahora)

Donald Trump era todo sonrisas al llegar a una de las salas de reuniones de la Casa Blanca el pasado 9 de enero. Apenas una semana después de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, el presidente había convocado allí a una veintena de altos ejecutivos del sector energético para lanzarles un mensaje triunfal: Estados Unidos iba a tomar el control del petróleo venezolano y esperaba que las grandes petroleras invirtieran hasta 100.000 millones de dólares para “reconstruir rápidamente” la industria del país.

La reunión, sin embargo, no salió como estaba previsto. Cuando tomó la palabra Darren Woods, consejero delegado de ExxonMobil, aseguró que Venezuela era hoy “ininvertible”. No por falta de crudo —de eso hay a raudales—, sino por la ausencia de garantías legales, marcos regulatorios y protecciones duraderas para el capital extranjero. Otros ejecutivos presentes compartieron, con mayor o menor diplomacia, ese escepticismo ante la posibilidad de hacer negocios en un país golpeado por décadas de inestabilidad. Tras varias horas de diálogo, el encuentro concluyó sin ningún compromiso.

Pero Trump —que días después amenazó con excluir a Exxon por completo del petróleo venezolano— no tenía ninguna intención de esperar a que las grandes petroleras movieran ficha. Cinco días después de la reunión, Estados Unidos completaba las primeras ventas de crudo venezolano, valoradas en torno a 500 millones de dólares. Y para ello no recurrió a ninguna de las grandes petroleras estadounidenses, sino a grandes casas internacionales de trading, intermediarios globales especializados en comprar, transportar y revender materias primas.

Y es que las promesas de Trump de un rápido renacimiento petrolero capaz de estabilizar Venezuela y reforzar el dominio energético estadounidense se han encontrado con una realidad inmediata mucho más prosaica. Una que está beneficiando a los actores capaces de operar de inmediato, mientras que aquellos que requieren inversión para garantizar ingresos a futuro permanecen al margen.

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Por ahora, los grandes ganadores de este esquema son las ya mencionadas casas de trading y un tipo muy concreto de refinerías estadounidenses. "En la situación actual, la Marina estadounidense mantiene un bloqueo que solo permite vender el crudo venezolano a Estados Unidos", explica Shon Hiatt, director de la Zage Business of Energy Initiative de la USC Marshall School of Business, en entrevista con El Confidencial. "Allí, el petróleo está siendo comprado en gran medida por refinerías de la costa del Golfo de México" que pueden absorber esos flujos de inmediato, añade.

Estas refinerías, especialmente en Texas y Luisiana, recuperan acceso a un crudo pesado para el que fueron diseñadas y que había escaseado durante décadas de sanciones contra el sector petrolero venezolano. Instalaciones operadas por compañías más pequeñas como Valero Energy, Marathon Petroleum o Phillips 66 pueden procesarlo de forma inmediata, mejorar márgenes y beneficiarse del nuevo flujo sin necesidad de comprometer capital ni asumir los riesgos jurídicos y políticos que siguen disuadiendo a los grandes inversores.

Muchos directivos de estas compañías realizaron cuantiosas donaciones a la campaña de Donald Trump, lo que ha llevado a un aluvión de reportes en la prensa estadounidense que cuestionan si el reparto de contratos y licencias responde a afinidades políticas. Sin embargo, Hiatt recuerda que “prácticamente todas las empresas de petróleo y gas donan al Partido Republicano”, especialmente desde que los demócratas adoptaron posiciones más restrictivas hacia los hidrocarburos durante la administración de Barack Obama. Lo que refleja el patrón de ganadores, asegura, es qué modelos de negocio encajan mejor en una operación marcada por la prisa, el control estatal y la ausencia de garantías a largo plazo.

Ese choque entre las grandes ambiciones de Trump para Venezuela y la realidad inmediata revela los límites estructurales de su plan. A diferencia de países como Arabia Saudí o Rusia, Estados Unidos no dispone de una empresa petrolera estatal capaz de ejecutar decisiones estratégicas al margen de la rentabilidad inmediata. Las grandes compañías estadounidenses son privadas y responden a sus accionistas, no a las ambiciones del presidente.

Ni siquiera Chevron

Existe una notable excepción entre los ganadores de la operación estadounidense en Venezuela: Chevron. Se trata de la única gran petrolera estadounidense que nunca abandonó del todo el país y que ha seguido operando bajo licencias especiales incluso durante el régimen de sanciones. Esa presencia le da una ventaja comparativa clara en materia de infraestructura, personal y conocimiento local.

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La compañía opera actualmente cuatro empresas mixtas en el país caribeño, emplea a unos 3.000 trabajadores y bombea alrededor de 240.000 barriles diarios, cerca de un tercio de la producción total del país. Gracias a esa presencia continuada, es capaz de aumentar la producción más rápido que cualquier rival. Su vicepresidente, Mark Nelson, trasladó a la Casa Blanca que la compañía podría elevar su producción en torno a un 50% en un plazo de entre 18 y 24 meses, aprovechando lo que ya hay sobre el terreno.

Pero ese aumento no implica, al menos por ahora, una apuesta por reconstruir infraestructuras deterioradas ni por invertir miles de millones en nuevos proyectos. ¿El motivo? Las mismas preocupaciones que Darren Woods expresó en la Casa Blanca. Varios directivos de la compañía citados por el Wall Street Journal subrayan que antes de comprometer capital significativo, Chevron necesitaría garantías de estabilidad política, seguridad jurídica y un marco legal claro. Además, la falta de rentabilidad del petróleo pesado venezolano desincentiva las apuestas por proyectos a largo plazo.

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Ese es, en realidad, el límite que sobrevuela todo el plan. Para que compañías como Chevron —y mucho menos sus grandes competidoras— se lancen a invertir a gran escala en Venezuela no basta con licencias temporales ni con el control estadounidense de las exportaciones. “Las empresas solo van a entrar e invertir si creen que existe una garantía de seguridad para sus activos”, advierte Hiatt. Tras dos décadas de expropiaciones y sanciones, añade, “los contratos significan poco y el Estado de derecho no ha operado en Venezuela durante años”.

En ese contexto, el respaldo último de cualquier inversión no sería jurídico, sino político y militar. “Las compañías necesitarían creer que Estados Unidos intervendría si sus activos fueran expropiados o sus contratos incumplidos”, sentencia el experto