El edificio más polémico de todo Londres recibe luz verde: China levantará su megaembajada

Bajo el asfalto de Royal Mint Court —la antigua Real Casa de la Moneda, en pleno corazón de Londres— discurren algunos de los cables de fibra óptica más sensibles de Reino Unido. Por ellos circulan datos financieros de la City, comunicaciones de millones de usuarios y flujos de información que forman parte del sistema de inteligencia compartido con Estados Unidos. Es una infraestructura invisible, pero estratégica, situada a pocos metros de la Torre de Londres, en el punto donde la capital histórica, el poder financiero y la seguridad nacional se superponen. Y es precisamente en ese enclave hiperconectado donde el Gobierno británico ha autorizado ahora la construcción de la mayor embajada china en Europa.

La polémica decisión anunciada este martes por el Ejecutivo de Keir Starmer añade una nueva capa de tensión a la relación entre Downing Street y la Casa Blanca, ya sometida a fuertes presiones en un contexto geopolítico cada vez más inestable.

La megaembajada, de en torno a 20.000 metros cuadrados, será la mayor misión diplomática china del continente. Contará con un centro cultural y alojamiento para más de 200 empleados y sustituirá a la actual sede en Marylebone. La aprobación, retrasada durante meses por objeciones vecinales y advertencias de seguridad, coincide con la antesala del primer viaje oficial de Starmer al gigante asiático desde su llegada al poder en 2024. Un desplazamiento previsto para la próxima semana con el que el primer ministro busca relanzar una economía hoy estancada y de cuya recuperación depende buena parte de su supervivencia política, en un momento en el que los sondeos le son cada vez más adversos.

El emplazamiento elegido por Pekín no es neutro. Royal Mint Court fue durante más de 150 años el lugar donde se acuñaron las monedas británicas, entre 1810 y 1975. Antes se asentó sobre las ruinas de una abadía cisterciense del siglo XIV y sobre un cementerio de la Peste Negra, y entre los siglos XVI y XVIII funcionó como patio de suministros de la Marina Real. Hoy se encuentra en una frontera urbana especialmente sensible, junto a Tower Bridge, a pocos minutos de la City y rodeado de nodos de telecomunicaciones que conectan Londres con centros de datos, mercados financieros y cables transatlánticos hacia Washington.

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Es ese contexto físico el que ha convertido el proyecto en algo más que una operación inmobiliaria. El foco de la controversia está bajo tierra. Planos revelados por The Telegraph muestran la existencia de 208 estancias subterráneas bajo el complejo, muchas de ellas ocultas en la documentación pública original. Entre ellas destaca una cámara situada a escasa distancia de los cables de fibra óptica. Los documentos indican que ese espacio contará con sistemas de extracción de aire caliente y que el muro exterior del sótano será demolido y reconstruido justo junto a la infraestructura de telecomunicaciones, lo que aumenta las sospechas de espionaje.

Pese a la luz verde de Downing Street, la nueva "superembajada" podría quedar atrapada en una batalla legal de largo recorrido. Un grupo de residentes ha avanzado que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Supremo, un proceso que podría paralizar el proyecto durante años y prolongarlo más allá de las próximas elecciones generales, previstas para 2029. Tanto el Partido Conservador como Reform UK, la formación de derecha radical del populista Nigel Farage —quien lidera los sondeos—, han advertido que retirarían su apoyo a la embajada si ganan los comicios y el caso sigue entonces encallado en los tribunales.

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La 'tory' Alicia Kearns, portavoz de Seguridad Nacional en la oposición, afirmó que conceder la aprobación equivale a entregar a China "una plataforma de lanzamiento para la guerra económica en el corazón del sistema nervioso central de nuestra infraestructura nacional crítica".

En una carta remitida a los ministros de Interior y Exteriores, el director general de los Servicios de Inteligencia MI5, Ken McCallum, y la directora del centro de escuchas GCHQ, Anne Keast-Butler, advirtieron de que no es realista esperar "eliminar todos y cada uno de los riesgos potenciales" asociados a una embajada extranjera en suelo británico. En el caso de Royal Mint Court, escribieron, como ocurre con cualquier misión diplomática, que no es posible llevar el riesgo a cero y sería irracional intentarlo cuando existen otros vectores de amenaza igualmente centrales para la seguridad nacional.

Aun así, los jefes de los servicios secretos respaldaron la decisión del Ejecutivo y consideraron "experto, profesional y proporcionado" el paquete de medidas de mitigación diseñado por las agencias de inteligencia y los departamentos gubernamentales. La discusión deja así de centrarse en la existencia del riesgo para desplazarse a una cuestión más incómoda: cuánto riesgo está dispuesto a asumir el Estado británico.

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El informe del inspector urbanístico publicado junto con la decisión refuerza ese enfoque. Subraya que las autorizaciones de embajadas deben ser neutrales respecto al país solicitante y que no es legal discriminar un uso en función del usuario previsto. Hacerlo, advierte, podría derivar en una situación insostenible en la que se permitiera la embajada de un país y se rechazara la de otro. Ese principio jurídico ha sido clave para desbloquear el proyecto, aunque para los críticos funcione como coartada técnica de una decisión política ya tomada.

La reacción internacional no se ha hecho esperar. La Casa Blanca ha expresado su "profunda preocupación" por la megaembajada y los altos cargos de la Administración Trump, que han advertido del riesgo de que China pueda explotar infraestructuras críticas de Reino Unido, con posibles implicaciones para los datos compartidos entre aliados. John Moolenaar, presidente del comité selecto sobre China de la Cámara de Representantes, llegó a alertar de que la información de ciudadanos estadounidenses podría estar "en riesgo".

Para Starmer, por tanto, la decisión supone caminar por una línea estrecha. El primer ministro intenta reconstruir una relación pragmática con Pekín tras años de enfriamiento. Bajo gobiernos conservadores, Reino Unido pasó de proclamar una "edad de oro" con China a vetar a Huawei de su red 5G por motivos de seguridad y a ofrecer residencia a más de 150.000 hongkoneses tras la represión en la excolonia. Ahora, el Ejecutivo laboralista busca volver a atraer inversión china en un momento de debilidad económica.

La embajada actúa también como moneda de cambio diplomática. China compró Royal Mint Court en 2018 por 255 millones de libras. Tras el rechazo del ayuntamiento de Tower Hamlets en 2022 por motivos de seguridad y orden público, Pekín no modificó el proyecto ni recurrió la decisión. Lo volvió a presentar sin cambios en agosto de 2024, apenas un mes después de la llegada de los laboristas al poder. Ese mismo mes, Starmer habló por primera vez con Xi Jinping y confirmó que el líder chino había planteado directamente la cuestión. Poco después, el Gobierno retiró el expediente del ámbito municipal y lo asumió a nivel nacional.

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El contexto económico explica parte de la urgencia. China ha bloqueado los planes británicos para reconstruir su embajada en Pekín a la espera de la decisión londinense. Al mismo tiempo, la responsable del Tesoro, Rachel Reeves, viajó recientemente a China para recabar compromisos de inversión por valor de 600 millones de libras. Downing Street insiste en que la aprobación facilitará nuevos acuerdos comerciales en sectores como la alimentación y los productos farmacéuticos.

La oposición, sin embargo, sostiene que el precio es demasiado alto. Y, por su parte, los vecinos del entorno de Royal Mint Court también se preparan para la batalla legal. Los residentes sostienen que la decisión estaba predeterminada desde que el Gobierno intervino en el proceso y exigirán la divulgación de comunicaciones entre Starmer y Xi Jinping, así como mensajes y actas relacionados con el proyecto.

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En ese argumento resulta clave una carta de 2018 firmada por Boris Johnson —en ese momento ministro de Exteriores en el Gobierno conservador— en la que trasladó a su homólogo chino que el Reino Unido concedería el consentimiento para que Royal Mint Court fuera "designado como recinto diplomático" y afirmaba que el proyecto contaba con un "compromiso político al más alto nivel". Para los demandantes, ese documento refuerza la tesis de que la aprobación actual no es el resultado de una evaluación imparcial, sino la culminación de una decisión política heredada.

Luke de Pulford, director de la Alianza Interparlamentaria sobre China —una red internacional de diputados y senadores de democracias occidentales creada para coordinar la respuesta política frente a la influencia y las prácticas del Partido Comunista Chino— advirtió de que el caso puede volverse políticamente explosivo y no descartó que altos cargos del Gobierno tengan que declarar bajo juramento si los tribunales ordenan la divulgación de comunicaciones.

Downing Street defiende que concentrar las siete sedes diplomáticas chinas actuales en Londres en un solo recinto aporta ventajas de seguridad. Con todo, dentro de la comunidad de inteligencia occidental la inquietud es evidente. En el marco de Five Eyes, la confianza rara vez se cuestiona en público y cuando ocurre suele ser porque algo se ha desplazado de su sitio. Que Washington haya expresado abiertamente su preocupación indica hasta qué punto la decisión británica se percibe como un movimiento potencialmente desestabilizador en un momento ya delicado de la relación transatlántica.

Starmer ha optado por gestionar el riesgo en lugar de evitarlo. Ha apostado por el pragmatismo económico en un mundo de bloques, asumiendo que el crecimiento pasa hoy por una relación más funcional con China. El problema es que, en la nueva geopolítica, la distancia entre comercio, tecnología y seguridad se ha reducido hasta casi desaparecer.