Todo el poder para Trump: primer año de la presidencia imperial

El gran reto de contar la segunda presidencia de Donald Trump es que a nadie le gusta revisar sus certezas, ni que lo fuercen a tragar píldoras amargas. Por eso la realidad que emerge, cada vez más vívida, en Estados Unidos, sigue siendo contraintuitiva y difícil de aceptar. Sobre todo para los estadounidenses.

Si hubiera que resumir lo que llevamos de este segundo mandato en cinco palabras, podrían ser estas: "Trump quiere el poder absoluto". Y cabe la posibilidad de que lo consiga en 2026. Solo así tienen sentido la mayoría de sus medidas.

Hagamos la prueba. Desde un punto de vista tradicional, ¿qué ha conseguido Trump hasta ahora? La inflación sigue casi tan alta como cuando Joe Biden dejó el cargo; la Bolsa de Wall Street ha crecido, pero por debajo de la media global; la economía apenas genera empleo y crece, sobre todo, por la construcción de centros de datos de IA; los aranceles han restado medio punto a la expansión del PIB y han perturbado el comercio, todo para nada. En lugar de crear empleo industrial, como prometió el presidente, EEUU ha perdido más de 70.000 trabajos manufactureros.

El Congreso, controlado por los republicanos, ha aprobado muy pocas leyes. Se trata del parlamento más improductivo en 25 años. Y qué decir de las encuestas. La popularidad de Trump está en mínimos históricos. Su gran logro es haber detenido en seco la llegada de inmigrantes sin papeles, pero las tácticas violentas de ICE, transformada en una fuerza paramilitar de ocupación, enturbia esta promesa de campaña y genera desaprobación en buena parte del electorado.

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No es que Trump haya tenido dificultades a la hora de cumplir su promesa de campaña de rebajar los precios, o que las circunstancias globales lo hayan forzado a capturar a Nicolás Maduro y a codiciar Groenlandia. El presidente de EEUU actúa como si las encuestas y las promesas de campaña fueran completamente irrelevantes. No se comporta como un líder sujeto a la aprobación del pueblo.

Aun así, la mayoría de los analistas continúan cayendo en el mismo error. Siguen aplicando a Trump la misma vara de medir que usarían con Barack Obama, Ronald Reagan, George Bush o cualquier otro presidente democrático, es decir, volcado en mejorar las cosas, con mayor o menor acierto, para su país.

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La única manera en que tienen sentido las acciones de Trump es si entendemos qué es lo que las guía: conseguir el poder absoluto. Desde este punto de vista, 2025 ha sido un éxito. Trump ha logrado desobedecer docenas de órdenes judiciales sin que pasara nada; ha reducido el Congreso a un órgano consultivo; ha avasallado a universidades, despachos de abogados y medios de comunicación; se ha escudado en las deportaciones para crear una fuerza paramilitar numerosa, impune y a su servicio; y rehace el orden global a trancas y barrancas, pero siempre con un sesgo a favor de su poder y su riqueza, y del poder y la riqueza de sus socios.

Como dice el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, profesor del MIT y autor de Por qué fracasan los países, en una entrevista con la agencia Bloomberg: "Lo que Trump y su administración están intentando hacer ahora mismo es construir una presidencia imperial, con todos los poderes concentrados en sus manos". Para lo cual "está realmente intentando destruir las normas que sostienen las instituciones de EEUU, y debilitar todo tipo de poderes".

Según Acemoglu, este proceso puede ser letal para el país, cuyo ingrediente secreto han sido, precisamente, sus instituciones. Un marco legal fiable, unas agencias reguladoras eficientes, una divisa de referencia y una certidumbre razonable. Bazas que están cada vez más en entredicho. Acemoglu, que vive en Massachusetts, dice que, al socavar estos pilares, "Estados Unidos se está autodestruyendo".

En estos 20 días escasos de 2026 el proceso de transición al autoritarismo ha dado un acelerón. La captura de Maduro tuvo, por encima de todo, connotaciones simbólicas. Significó que Donald Trump puede hacer lo que quiera, donde quiera y como quiera, sin molestarse en buscar la aprobación del Congreso, ni forjar una mayoría de opinión, ni buscar aliados extranjeros que le aporten una pátina de legitimidad.

Lo mismo podemos decir de las amenazas a Groenlandia. Si Trump la acaba anexionando por la fuerza, las consecuencias geopolíticas pueden ser enormes, pero también las consecuencias domésticas. El Congreso, y todo el establishment de defensa y política exterior, construido sobre ocho décadas de relaciones transatlánticas, habrán recibido un mensaje inequívoco: sois historia. No me interesa vuestra opinión, como tampoco me interesa la opinión del 86% de estadounidenses que rechaza la anexión militar de Groenlandia.

La ocupación paramilitar de Minneapolis, donde el Gobierno federal ha desplegado 3.000 agentes de ICE, un número cinco veces superior al de policías locales, también transmiten un mensaje: si protestáis contra mis políticas, entraremos en vuestra casa sin orden judicial u os sacaremos a rastras de vuestros coches. O peor. Cuando el agente de ICE Jonathan Rossen disparó tres tiros en la cabeza a Renee Good, que trataba de hacer una clara maniobra de cambio de sentido, el Gobierno anunció una investigación no del presunto asesino, sino de Good y de su viuda. Good fue descrita, por miembros del Gobierno, como "terrorista doméstica".

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Dejando de lado a los aterrorizados, autoengañados o esperanzados (en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo mes de noviembre) demócratas, y a ese 40% del electorado que no vota nunca y para el que la política es un rumor de fondo, nos queda un tercio de votantes que sigue apoyando a Trump. Y que está cómodo, en parte, con lo que sucede.

Donald Trump volvió al poder al frente de una coalición en la que destacan los evangélicos nacionalistas, los magnates de la tecnología, las bases populistas y una miscelánea de corrientes radicales de diferente ralea. Cada uno de estos grupos tiene sus propios intereses, pero los une el convencimiento muy poderoso de que EEUU ha sido secuestrado por la ideología izquierdista y tiene que ser purgado.

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Los evangélicos nacionalistas creen que la familia tradicional, la natalidad y los valores conservadores están en peligro de extinción, dada la preeminencia de la izquierda en las universidades, la cultura y el mensaje político. Los tecnoligarcas consideran que el Gobierno federal, con su burocracia y sus melindres, es un tapón al inmenso potencial de la inteligencia artificial y otros avances; sobre todo, con China en el espejo retrovisor. Los populistas detestan a las élites urbanas, que han intercambiado el tejido industrial por los frutos desiguales de la globalización, y los supremacistas quieren limpiar el país de inmigrantes para crear un paraíso WASP (siglas de White Anglo-Saxon Protestant, Protestante Blanco y Anglosajón).

Todos estos grupos buscan sacudir al sistema, o incluso destruirlo. Y es aquí donde entra la figura de Trump, que suele ser descrito como una "bola de demolición", el agente del caos que derrotará a las élites, el Deep State, para que EEUU pueda renovarse. La única manera de emprender esta misión es a las bravas (la izquierda ha infiltrado todas las instituciones), así que Trump tiene barra libre para romper platos y dar cornadas a diestro y siniestro. Trump demuele el edificio para acumular poder y acumula poder para demoler el edificio.

Dado que las violaciones de normas, leyes, tradiciones y lo que se ponga por delante ya están amortizadas, pues es lo que se espera de Trump, cualquier cosa que haga está justificada por el bien supremo de salvar a la nación. Como decía un anuncio de televisión hace años, este es un pan que lo aguanta todo. No hay nada que Trump pueda hacer o decir que no pueda ser, de alguna forma, disculpado.

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¿Y qué podemos esperar en el próximo año? Solo Dios lo sabe. Pero Daron Acemoglu tiene una teoría. La primera fase de este proceso de acumulación de poder en la figura del presidente ha consistido en dañar el aparato institucional del país, los famosos checks and balances que ponen coto al ejecutivo, hasta que el ejecutivo decide saltarse todas las normas y actuar de forma unilateral.

Pero el aparato institucional, recuerda Acemoglu, puede ser reparado si hay un cambio de gobierno. Imaginemos que llegamos a 2029 y que un nuevo presidente nombra a figuras respetadas, independientes, al frente de las maltratadas instituciones. Algo que suele ser habitual, o solía, en EEUU. Los presidentes de la Fed y del Estado Mayor Conjunto, por ejemplo, suelen servir mandatos completos, aunque se renueve el poder en la Casa Blanca. Lo cual nos lleva al posible siguiente paso del golpe autoritario: destruir el aparato electoral.

La Administración Trump lleva todo el año haciendo ajustes al paisaje de las elecciones de medio mandato. Ha presionado a los republicanos de Texas para que intenten redibujar los distritos parlamentarios y eliminar cinco escaños demócratas (lo que provocó que California hiciera lo propio); ha exigido listas de votantes a los Estados para buscar "fraude"; ha colocado a seguidores en las juntas electorales que certifican los resultados, y ha hecho que sus aliados pusieran obstáculos al voto en distritos clave. Según Acemoglu, Trump aún no es lo suficientemente fuerte como para evitar o inclinar decisivamente las elecciones, que, al fin y al cabo, se dan de forma descentralizada en los 50 Estados. "Pero se está acercando", advierte.

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Nada de esto tiene mucho sentido si seguimos aplicando los viejos estándares a algo que, al menos en Estados Unidos y a una escala federal, es novedoso. Un último ejemplo: DOGE, la iniciativa encabezada por Elon Musk para combatir el fraude y el despilfarro y reducir el gasto del Gobierno.

Hace una semana, The Guardian explicaba en un artículo por qué DOGE había fracasado. Más allá de intimidar a los funcionarios, destruir agencias creadas por el Congreso y hacer fetichismo de la motosierra, lo cierto es que DOGE costó a los contribuyentes más de 10.000 millones de dólares. De hecho, el gasto público, pese a recortes históricos en sanidad y en ayuda alimentaria, creció en 2025 un 4%.

Con el estándar viejo, llegaríamos a la conclusión de The Guardian: DOGE ha fallado. Pero se trata de un estándar obsoleto. El verdadero objetivo de DOGE, probablemente, no era ni ahorrar ni aumentar la transparencia ni nada por el estilo. Como ha argumentado el columnista conservador David Frum, antiguo miembro de la segunda Administración Bush, la misión de DOGE era "asestar un golpe de decapitación a las funciones ejecutivas del Gobierno". Purgar el funcionariado (300.000 despidos o dimisiones en un año), dañar las conexiones nerviosas del Estado y, en resumen, hacer espacio para una presidencia imperial.