Los cientos de presos políticos que quedan en las cárceles en Venezuela: "Las expectativas no se han cumplido"
Caracas afirma que ha liberado a más de 100 presos políticos, pero muchos salen de la prisión con medidas cautelares y la prohibición de comentar detalles de sus casos penales
Personas participan en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I, este pasado martes. (EFE/Ronald Peña R)
El mismo día en el que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y figura prominente del régimen chavista, prometió que se liberaría a "un número importante" de presos políticos, los familiares, activistas y periodistas inundaron la calle que lleva al Helicoide, el centro de tortura más famoso del país. Tras horas de espera, se quedaron sin ver a ninguno de los más de 800 presos que esperaban. El régimen había deportado a cinco españoles en un vuelo y enviado a unos pocos, incluyendo al exdiputado Biaggio Pilieri y al excandidato presidencial Enrique Márquez.
El Gobierno de Venezuela anunció este pasado lunes la liberación de otros 166 presos políticos desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, a manos de las fuerzas estadounidenses. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado temporalmente las riendas del país mientras se lleva a cabo una transición. Según la mandataria en funciones, la liberación de los presos políticos es una parte clave de ese proceso, que "se mantiene abierto".
Las cifras del Gobierno venezolano afirman que el número de excarcelados se eleva a 133, pero las organizaciones humanitarias discrepan. "En el marco de los anuncios oficiales realizados por las autoridades y tras un proceso de verificación independiente y responsable, a esta hora hemos confirmado la excarcelación de 67 personas detenidas por razones políticas", afirmó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en su cuenta de X. Según Foro Penal, el número de excarcelaciones verificadas es de 84.
Sin embargo, muchos de los presos liberados salen de la cárcel con medidas cautelares y la prohibición de comentar detalles de sus casos penales, que incluyen sus experiencias en las cárceles y en los centros de tortura, según la ONG Foro Penal. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, indicó que las restricciones son variadas, desde la prohibición de salir del país hasta la presentación regular ante los tribunales que llevan sus casos.
Este también fue el caso de los españoles que fueron liberados la semana pasada: el canario Miguel Moreno, los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. Según informaciones a las que ha tenido acceso El Confidencial, los españoles que estuvieron recluidos en la prisión El Rodeo I, así como de los presos de otras nacionalidades en el mismo centro, fueron acusados de terrorismo, asociación de terrorismo, financiamiento de terrorismo y atentado contra la soberanía de Venezuela.
En el documento en el que hacían oficiales los cargos, se instaba a los liberados a presentarse ante el juzgado correspondiente al siguiente día hábil después de su desaparición y a no hablar con los medios de comunicación sobre el caso.
Los españoles regresaron a España después de su liberación pero, para los venezolanos excarcelados, la angustia continúa fuera del recinto penitenciario. "El anuncio generó una expectativa que no se ha cumplido. Profundiza la angustia y el sufrimiento de quienes no saben quiénes no saben si sus seres queridos van a salir libres y cómo van a enfrentar su nueva circunstancia", explica Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
Murillo aclaró que los familiares esperaban más liberaciones para poder hablar del presunto "número importante" y que la suya "es una exigencia de justicia, no es una concesión", porque se trata de detenciones arbitrarias.
Una mujer sostiene una vela durante una vigilia por los presos políticos frente al centro penitenciario Rodeo I. (EFE/Miguel Gutiérrez)
Esta situación es especialmente sensible en la cárcel de El Rodeo I, donde al menos 90 personas acamparon durante días o durmieron en sus propios coches fuera de las instalaciones del centro penitenciario. Son los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales llegaron a Caracas desde el interior del país. A menudo los acompaña Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano. La semana pasada fue la primera vez que pudieron verse desde su desaparición forzosa hace 18 meses. Sin embargo, fue a través de un vidrio y solo durante 25 minutos.
"Es como si hubiera aparecido mágicamente este domingo en el Rodeo, que llevo cinco meses visitando desde que recibí información de que se encontraba ahí, donde las condiciones son horrorosas", denuncia Silva, expresando que la tardanza, si no es intencional, puede deberse a la tardanza de las boletas de excarcelación.
En cambio, un activista que declara de forma anónima teme lo peor. "A mí me parece que hay muchos que ya murieron, torturados y asesinados por el Estado mientras estaban bajo su custodia, por lo que no pueden dar parte por ellos", lamenta, apuntando a las condiciones "infrahumanas" de los centros penitenciarios y las carencias de salud de los encarcelados.
Los que quedan
En la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela se reúne un grupo de personas con el mensaje "Libertad para los presos políticos" impreso en camisas blancas. Los que llegan se unen a quienes llenan el suelo de la plaza con carteles con las caras y los nombres de cientos de encarcelados, algunos de los cuales aparecen también en las camisas de los asistentes.
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) y otras organizaciones exigen que los excarcelados gocen de libertad plena, y hacen hincapié en la presentación de las liberaciones como un acto de buena fe, una medida humanitaria y de reconciliación, en palabras de Silva. "Realmente, si quisieran, podrían abrir esas celdas para dar apertura a una transición con legitimidad real", asegura.
La madre de un militar encarcelado se acerca al grupo para preguntar y pedir ayuda. Su hijo fue acusado de incitación al odio y a la rebelión militar, condenado a menos de cinco años y liberado cuando cumplió su condena. "Él esperaba su salida, aunque todavía no tenía boleta de excarcelación, se montó en un bus en noviembre y no llegó a su destino", dice, detallando que no ha logrado comunicarse con él. "No me han dado prueba de vida ni sabemos dónde está", lamenta.
"Estas son horas de muchas tensiones, de mucha inestabilidad, y no hay que jugar con la paciencia del pueblo venezolano", dice Murillo. Desde Provea, también han sentido el peso de la represión. Eduardo Torres, abogado de la organización, fue secuestrado en mayo del 2025 y no se supo nada de él en cuatro días. Posteriormente, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó su detención y lo acusó de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
"Queremos que Eduardo esté con nosotros, pero pedimos que liberen a todos, no vamos a poner a algunos en primer lugar", dice Murillo. "El régimen se equivocó pensando que nos iba a alejar de nuestras actividades y el acompañamiento a las familias".
A pesar de la frustración, algunos mantienen la esperanza en el futuro. "Estoy lleno de esperanza porque las liberaciones son la muestra más clara de que viene un cambio en Venezuela", explica uno de los asistentes. Aunque abundan las alusiones directas en contra del régimen, ninguno de los entrevistados menciona el rol de las acciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
El "estado de conmoción" declarado por el chavismo ordena la captura de cualquier persona que exprese una opinión favorable del ataque por el cual EEUU bombardeó Caracas y capturó a Nicolás Maduro. Mientras tanto, las familias y amigos de quienes permanecen encerrados siguen esperándolos.
El mismo día en el que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y figura prominente del régimen chavista, prometió que se liberaría a "un número importante" de presos políticos, los familiares, activistas y periodistas inundaron la calle que lleva al Helicoide, el centro de tortura más famoso del país. Tras horas de espera, se quedaron sin ver a ninguno de los más de 800 presos que esperaban. El régimen había deportado a cinco españoles en un vuelo y enviado a unos pocos, incluyendo al exdiputado Biaggio Pilieri y al excandidato presidencial Enrique Márquez.